La denuncia por acoso sexual que sacude al estudio de abogados Philippi

Ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago a inicios del mes de julio, una demanda presentó el abogado Patricio José Silva-Riesco (50 años) en contra del estudio Philippi PrietoCarriozosa Ferrero DU & Uría (PPU), exigiendo una indemnización por daño moral ascendente a $75 millones.

En la acción detalló una serie de presuntas irregularidades en relación a su salida del bufet, en el cual prestó servicios desde marzo de 2011 a junio del presente año. Para el demandante -que es representado por los abogados Claudio Palavecino y Franco Devillaine- PPU incurrió en hechos vulnerarios al exponer de manera anticipada las conclusiones sobre una investigación por acoso laboral-sexual en su contra.

Según el escrito, el caso se originó al interior del equipo del Área de Práctica Tributaria del estudio que integraba el demandante, en conjunto con Arturo Selman, y la abogada que presentó una denuncia al interior del estudio señalando haber sido víctima de acoso sexual por parte de Silva-Riesco, quien hasta la semana pasada era su jefe.

"El día 13 o 14 de junio, no se me ha precisado, la referida abogada presentó, según entiendo, ante Soledad Worthington, Gerente de Gestión Humana, una denuncia escrita en mi contra relatando un conjunto de hechos, sin efectuar una calificación jurídica de los mismos, pero que la empresa precalificó como acoso sexual-laboral, ya que dio tramitación a la denuncia conforme al procedimiento previsto al efecto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del estudio", señaló la demanda de tutela laboral presentada por Silva-Riesco.

"En el curso de esta investigación -todavía pendiente- la empresa viene infringiendo el procedimiento establecido en el reglamento interno, con grave daño de mi honra y vida privada; de mi integridad psíquica y de mi libertad de trabajo", acusa el demandante en el texto.

Para el abogado,  estudio habría violado la garantía de la reserva de la investigación prevista en su propio reglamento, puesto que el estudio designó un comité de tres personas para investigar la denuncia hecha por su entonces subaleterna, cuando -según advierte- la regla indicaba que debía tratarse solo de un investigador. "Esas tres personas han tenido acceso a los hechos denunciados, los mensajes de WhatsApp, mis descargos, las declaraciones de los testigos, mi entrevista de 18 de junio de 2018, siendo que el numeral 5 citado sólo autorizaba la designación de un funcionario investigador, vale decir, la exposición estrictamente necesaria para desarrollar una investigación que por su naturaleza compromete derechos constitucionales".

Luego, el abogado señala en la demanda que el pasado miércoles 4 de julio fue citado a una reunión con los socios del área tributaria: Guillermo Infante y Mario Silva.  En la cita, señala, "para mi sorpresa, me expusieron que el viernes 29 de junio, habían sostenido, a su vez, una reunión con el comité investigador, con la asistencia de otros socios, reunión en la que fueron informados de la gravedad de mi situación, a juicio de dicho comité".

"Pues bien, en la reunión referida, los señores Guillermo Infante y Mario Silva, me propusieron, según sus propias palabras, "en nombre del Estudio" y "a fin de evitar daños mayores por un despido escandaloso" , que renunciara a cambio del archivo de los antecedentes, por cuanto, si yo salía de la empresa, era seguro que la denunciante se desistiría de su denuncia, la empresa respetaría el pago íntegro del bono de productividad que me correspondía, incluyendo incluso los premios por gestiones que ya estaban en curso. Les dije que me parecía increíble todo lo que oía, ya que, en mi concepto, los hechos probados no ameritaban mi desvinculación, que jamás hubo ni se llegó a probar un requerimiento de carácter sexual de mi parte hacia la denunciante". El texto añade que el día viernes 6 de julio, Soledad Whorthington me citó a una reunión a las 16.15 horas con "el comité"", en la cual "me presionaron insistentemente para que renunciara y evitara "el

escándalo", pero ahora sin ningún beneficio puesto que, según me refirieron,  "Infante y Silva se arrancaron con los tarros". Me advirtieron que la fecha tope para informar el asunto era el miércoles entrante". El texto sostiene que le dieron como fecha el 9 de julio para que respondiera si renunciaba".

A la fecha, el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dio curso a la demanda labora, y aún el estudio Philippi PrietoCarriozosa Ferrero DU & Uría SpA no presenta sus descargos.

Sin embargo, el tribunal citó a las partes a una audiencia preparatoria para el día 24 de agosto.

"En esta audiencia las partes deberán señalar los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, y requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad", sostuvo en su última resolución.

La Tercera PM consultó al estudio PPU sobre la demanda laboral que presentó Silva-Riesco, y confirmó la acción judicial.

"Efectivamente el Estudio ha tomado conocimiento de una demanda, como reacción ante la investigación que realizamos por una denuncia de acoso presentada por una asociada, el día 13 de junio pasado", sostuvo Marcelo Armas, Co- Chair de PPU.

¿Qué medidas ha tomado el estudio para evitar prácticas como acoso sexual?

"PPU cuenta con un protocolo para abordar este tipo de denuncias y tal y como establece, se llevó a cabo una investigación interna, donde se aseguraron las condiciones de confidencialidad, protección, imparcialidad y respeto que requerían ambas partes. Las conclusiones de la investigación interna fueron presentadas a la Inspección del Trabajo dentro de los plazos exigidos y la empresa ha adoptado las medidas correspondientes. Tenemos la convicción de haber actuado correctamente y reiteramos nuestro compromiso de resguardar la integridad física y moral de cada uno de los miembros de nuestro estudio, para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores", añadió Armas.