La rebelión de las “hormigas”: independientes y partidos “chicos” golpean la mesa en la Cámara por pacto 5-S

Los diputados independientes Jaime Araya, Pamela Jiles y René Alinco, además del DC Miguel Ángel Calisto, votaron a favor de mantener un quórum más alto para la Ley de Votaciones y Escrutinios, junto a otras normas.

Entre parlamentarios independientes hay molestia por el intento de colectividades grandes, en especial por dichos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, de excluir a grupos sin militancia de una nueva convención constituyente. "Lo que ha hecho la presidenta del PS no corresponde", dice el diputado Jaime Araya. Este miércoles propinaron una derrota al gobierno y al oficialismo al aprobar una indicación de la UDI.


Un revés inesperado sufrieron los partidos oficialistas y el gobierno, el pasado miércoles, durante la discusión de la reforma que reducía el quórum a leyes orgánicas constitucionales y normas interpretativas de la Carta Fundamental.

Si bien esta nueva reforma en su parte medular fue aprobada, una indicación del diputado UDI Juan Antonio Coloma contó con una mayoría sorpresiva de 89 votos para poner un blindaje mayor a las leyes de la Contraloría, del Banco Central, del Congreso y, especialmente, la norma sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Ley 18.700, la piedra angular del sistema electoral chileno).

Todas estas leyes orgánicas constitucionales -que tienen un rango inferior a la Carta Fundamental, pero están sobre otras normativas simples-, solo podrían ser modificadas con el voto a favor de 27 senadores y 83 diputados, un piso levemente superior a la mayoría absoluta (26 senadores y 78 diputados).

Además de los votos de la derecha (UDI, RN, Evópoli y republicanos), esta disposición fue aprobada por legisladores del Partido de la Gente (PDG), la mayoría de la DC e independientes como Pamela Jiles. Sin embargo, lo más llamativo fue el apoyo de sectores oficialistas a esa enmienda de Coloma. De hecho, toda la bancada PPD-independiente, entre ellos el propio presidente de la Cámara, Raúl Soto, y casi todo el grupo Liberal-Radical votaron a favor.

Si bien se trataba de un aspecto secundario del proyecto, el hecho significaba un revés para el Ejecutivo y el oficialismo en general, y también para el grupo de senadores que ha estado negociando el acuerdo posplebiscito que se comenzará a amarrar a partir del 5 de septiembre (5-S).

El apoyo a esa propuesta de la derecha era una advertencia de los “partidos chicos” y de los independientes a sectores con mayor representación en el Congreso que ya están conversando fórmulas para una nueva convención constituyente.

De hecho, hay molestia por las palabras de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien reveló el interés de los partidos grandes de acotar la representación de candidatos sin militancia. “El principal problema de la Convención Constitucional fue llevar listas de independientes... con personas como Rojas Vade, que ni siquiera tenían la integridad moral”, dijo Vodanovic a El Mercurio.

Frente a esta amenaza, ciertos grupos de independientes o que son minoría en el Parlamento no estaban dispuestos a rebajar el quórum de la ley electoral que precisamente regula cómo los ciudadanos, ya sea con o sin militancia, pueden postular al Congreso y a otros cargos de elección popular. Esta norma había sido reformada en la última administración de Michelle Bachelet, donde precisamente se hicieron algunas concesiones a independientes y a partidos regionales.

“Los independientes estamos preocupados por el lenguaje agresivo que ha habido de determinados dirigentes políticos. Lo que ha hecho la presidenta del PS no corresponde. No puede pretender, además, responsabilizar de lo que pasó en la Convención Constitucional solo a los independientes. Hay gente de partidos políticos que debería dar una buena explicación”, dijo el diputado independiente PPD, Jaime Araya, quien fue uno de los articuladores del golpe de mesa, junto a la diputada Jiles y representantes de otros comités.

Los diputados independientes Carlos Bianchi y Jaime Araya integran la bancada del PPD que votó a favor de la enmienda de la derecha.

Araya, además, fue quien convenció a su comité -incluyendo a militantes PPD, como Soto y las diputadas Helia Molina y Carolina Marzán-, de votar a favor de la indicación de Coloma también con el ánimo de proteger a instituciones como el Banco Central y la Contraloría.

“Hay un tratamiento injusto a los independientes. Los partidos políticos no pueden erigirse como un ejemplo a seguir para todo el mundo. Uno pediría un poco más de respeto. Es contracíclico que los partidos pretendan elegir por todos los chilenos y chilenas”, añadió en referencia a las tratativas que se están dando para conformar una nueva instancia constituyente si gana el Rechazo.

La diputada Jiles señaló que “los independientes no son minoritarios. Se ha intentado por todos los medios imponer una partidocracia sin entender que los militantes de partidos son menos del 5% de la población”.

“Los partidos no han querido entender que de fondo hay una crítica a los partidos. Sin embargo, hay señales de todos los sectores políticos, explícitas e implícitas, de querer excluir a los independientes”, aseguró Jiles quien agregó que el riesgo de marginación no solo podría darse en una posible nueva convención, sino también en otros espacios como el Congreso y “todo el sistema político, en general”.

Los diputados Alinco y Jiles.

Actualmente hay 35 diputados independientes repartidos en todas las bancadas, lo que representa un 22,5% de la Cámara. Si bien no todos están articulados y sumados no son suficientes para vetar una eventual reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constituyente, sí tienen el peso para desequilibrar votaciones estratégicas, como ocurrió el miércoles pasado.

En todo caso, si a esa disidencia se le suman legisladores de partidos “chicos” como los radicales y los liberales, además de sectores desencatados del gobierno como la DC, el PDG o el mismo PPD, cuya bancada tiene un fuerte componente independiente, podrían sumar más fuerzas para poner en aprietos la negociación.

Sin embargo, el revés molestó al Ejecutivo. De hecho, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció que intentará que el Senado rechace esa innovación propuesta por la UDI para que el proyecto se corrija en una comisión mixta.

Esta reforma sobre leyes orgánicas estaba pendiente luego de que el Congreso zanjara otra rebaja de quórum para modificar la actual Constitución vigente a cuatro séptimos (4/7) de los legisladores en ejercicio, es decir, con 89 diputados y 29 senadores.

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