Las razones de Ossandón para evitar que la justicia levante su secreto bancario

Manuel José Ossandón

Ya en la fase final para su formalización, la Fiscalía Oriente arremetió con una solicitud ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto para poder acceder al detalle de todas las transacciones financieras del senador RN entre los años 2017 y 2019, periodo en que es investigado por tráfico de influencias. Su defensor Ricardo Freire pidió al tribunal rechazar la diligencia diciendo que el parlamentario está dispuesto a entregar sólo aquellos movimientos que involucran a personas y empresas ligadas al caso, pero que no está dispuesto a transparentar todo su comportamiento financiero.




A dos semanas de ser formalizado por el Ministerio Público, el senador RN Manuel José Ossandón juega sus últimas cartas para evitar que éste acceda a todas sus transacciones bancarias realizadas entre el 2017 y 2019, años en que se indaga el presunto delito de tráfico de influencia por el que se le investiga. La acusación que pesa sobre el ex candidato presidencial es el haber realizado gestiones ante el concejo municipal de Pirque y su alcalde, Cristián Balmaceda, para favorecer a la empresa extractora de áridos, Cavilú Spa., sin transparentar que su hijo Nicolás Osandón Lira era su administrador.

A sólo unas horas que el fiscal de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, ingresara un escrito ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto pidiendo alzar el secreto bancario de las cuentas del congresista, el defensor del parlamentario, Ricardo Freire, pidió al tribunal que no acceda a la solicitud del Ministerio Público. A cambio, aseguró que ellos están dispuestos a transparentar sólo aquellos movimientos financieros que tengan que ver con personas naturales y empresas que aparecen en la indagatoria.

“Al declarar el día 3 de agosto pasado ante el mismo fiscal que hace esta petición, mi representado, el senador Manuel José Ossandón, en su afán por colaborar con la investigación y permitir que las infundadas imputaciones que se le hacen se aclaren lo antes posible, autorizó al fiscal el levantamiento del secreto bancario de todas sus operaciones bancarias relacionadas con toda persona natural o jurídica que diga relación con esta indagación, y por el período que el fiscal propuso (...) Lo que mi representado no autorizó es, por una cuestión de privacidad que se explica de suyo -y máxime con el nivel de filtraciones en la prensa que ha tenido esta investigación- es a que se acceda a todos sus movimientos bancarios”, sostiene en un escrito.

La Fiscalía Oriente ha planteado como argumento para acceder a los movimientos de las cuentas corrientes de Ossandón que sospecha que él es el verdadero dueño de Cavilú y que su hijo sólo sería un “testaferro” o “palo blanco” que el senador ocuparía para triangular dineros de la firma del que él, finalmente, sería socio y no el joven ingeniero. ““Todo lo anterior hace sospechar de forma fundada acerca de quién es el verdadero dueño de Cavilú SpA. Si lo es un joven que al año 2017 era un estudiante universitario de 23 años, con ingresos totales justificados inferiores a $ 17.000.000 entre 2017 y 2019, o lo es en verdad su padre, el senador Manuel José Ossandón”, dice el escrito del Ministerio Público.

Al respecto, Freire propone ante el tribunal la realización de un peritaje que demuestre que Nicolás Ossandón Lira sí tenía dinero para ingresar como capital a Cavilú. “Por lo demás, como al fiscal adjunto le causa sospecha que el hijo del senador Ossandón tenga actividades lucrativas y emprendimientos propios -como si todos los jóvenes de 22 o 24 años debiesen comportarse igual- hemos pedido diligencias de investigación que acreditan que Nicolás Ossandón, además de Cavilú, tiene negocios vinculados a la siembra, cosecha y venta de alfalfa, y que cría y mantiene caballos de polo tanto para terceros, como asimismo, para él y sus hermanos. Estas actividades, por supuesto, generan importantes movimientos de dinero en las cuentas corrientes de Nicolás Ossandón”, sostiene.

La defensa de Ossandón acusa que la Fiscalía ha abordado sólo la versión del querellante, que en este caso es el alcalde Balmaceda quien, a su vez, es primo del senador. “No se trata de comenzar a litigar sobre temas de fondo en este caso con ocasión de la medida intrusiva solicitada, pero parece necesario hacer presente al tribunal que, evidentemente, la versión de los hechos entregada por el querellante -y a la que ha suscrito rigurosamente el Ministerio Público- no es consistente y se contrapone a varios antecedentes que obran en la carpeta de investigación, sin perjuicio además, de las múltiples diligencias de investigación pendientes solicitadas por la defensa”, dice.

Cambio de estrategia

En la declaración como imputado realizada el 3 de agosto, Ossandón dio un giro en su estrategia de defensa. En ella niega haber mencionado ante el alcalde de Pirque a la empresa de su hijo. “Me apersoné de todas formas el 5 de octubre de 2017 (en el concejo municipal) y pedí la palabra. En esa ocasión, y como lo demuestran el audio y el acta respectiva, me puse a hablar de la ordenanza de administración conjunta en términos generales, nunca hablé de Cavilú, sociedad que a esa época yo no conocía. Dejo en claro además que nunca he hablado tampoco de Cavilú con Balmaceda”, dijo el senador.

El congresista es investigado desde el noviembre de 2018 por estos hechos. Antes de que ingresara Freire al caso, a mediados de julio, su anterior defensa presentó en abril de este año un informe en derecho que no negaba los hechos denunciados por Balmaceda; para entonces, su apuesta era señalar que sus actos ante las autoridades municipales de Pirque no eran constitutivas de delito.

El análisis jurídico, firmado por los profesores Jaime Arancibia Mattar y Gonzalo García Palominos, analizó la conducta reconocida por el senador, pero sostuvo que no se configura el ilícito de tráfico de influencias como lo describe el Código Penal, al cuestionar la calidad de “funcionario público” de quienes fueron blanco de las gestiones desarrolladas por el parlamentario.

“La imputación desarrollada en la querella contiene una teoría del caso incompatible con la base fáctica que exige una imputación por el artículo 240 bis del Código Penal. Lo anterior, en tanto, ni el señor Balmaceda, ni los concejales del concejo municipal de Pirque son funcionarios públicos que estén ubicados en una posición institucional exigida en el tipo penal (...) lo anterior incide, adicionalmente, en que ninguna de las acciones atribuidas al señor Ossandón tienen la idoneidad de beneficiar a su pariente, primero porque no coinciden con ninguna gestión de competencia y facultad del alcalde de Pirque, que pudiera alterar el contrato entre la empresa Cavilú Spa”, sostiene el análisis.

Este martes, en tanto, el Consejo de Defensa del Estado decidirá si acciona una querella o no en contra del senador.

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