¿Quién podrá defender a Ríos? Vacío legal complica que La Moneda financie el apoyo jurídico a una exministra acusada

La exministra de Justicia, Marcela Ríos.

Desde el Ministerio de Justicia sostienen que “el Estado está obligado a financiar su defensa, porque los hechos asociados a la acusación constitucional corresponden a actos ejecutados en el desempeño de su cargo”. En 2018, la Contraloría visó que los ministros acusados puedan pagar sus abogados con recursos públicos. El problema es que una exautoridad tiene una calidad distinta, a juicio de algunos juristas.


Un dictamen de la Contraloría de 2020, originado por la presentación de un exfuncionario del Serviu del Maule, podría echar por tierra los planes del gobierno para brindar y financiar el apoyo jurídico a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, quien fue acusada constitucionalmente por las bancadas de la UDI, RN y Evópoli.

Si bien los ministros (y todo servidor o funcionario público en ejercicio) tienen derecho a que el Estado financie con recursos públicos una defensa judicial, ello no implica que el cuadro opere de la misma forma cuando aquella persona dejó el cargo.

José Antonio Viera-Gallo, quien asumió la defensa de Ríos, comenta que desconoce cómo se procede en estos casos, pero que para él “no es tema” y que ni siquiera ha hablado de honorarios con la exministra ni con los representantes de gobierno que lo han contactado. Ya habló con el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y con la secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

No obstante, desde la cartera de Justicia sostienen que “el Estado está obligado a financiar su defensa (de Marcela Ríos), porque los hechos asociados a la acusación constitucional corresponden a actos ejecutados en el desempeño de su cargo”.

El punto es delicado para el Ejecutivo, ya que el caso de Ríos -gatillado por las desprolijidades y errores que La Moneda reconoció que hubo en los indultos- podría escalar al propio Presidente Gabriel Boric si es que no hay una debida coordinación. Ese riesgo se acentúa, a juicio de algunos abogados consultados por La Tercera PM, si la defensa de la exministra asume una estrategia desde un enfoque personal y termina deslindando responsabilidades.

El problema es que hacer una interpretación extensiva a exfuncionarios o exautoridades podría tener un precedente delicado no solo frente a libelos constitucionales, sino también para juicios relativos a abusos policiales, violaciones a los derechos humanos o casos de corrupción que afecten a personal desvinculado o uniformados dados de baja o retirados, según creen algunos juristas consultados, algunos de los cuales prefirieron mantenerse en el anonimato.

Por ejemplo, en el dictamen 5.346 del 2 de marzo de 2020, el contralor Jorge Bermúdez estimó que, ante un conflicto por despidos, ventilado en tribunales, entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo del Maule y antiguos funcionarios desvinculados, la entidad fiscalizadora no podía pronunciarse al haber un litigio judicial en curso.

Sin embargo, precisó que el Serviu podía usar recursos públicos para “demandar a sus exfuncionarios, quienes, en cambio, deberán asumir con medios particulares su defensa judicial en los litigios iniciados por ese organismo público en su contra”.

Desde gobierno creen, en todo caso, que los hechos que se le imputan a la extitular de Justicia corresponden a situaciones ocurridas en el ejercicio de sus funciones, por lo que estaría amparada en el Estatuto Administrativo (Ley 18.834) y en otro dictamen de la Contraloría del 2018, que visó que el entonces ministro de Salud, Emilio Santelices, pudiera financiar con dineros de su cartera su defensa ante la acusación constitucional que emprendió la oposición de la época.

Según ese texto, el mismo contralor Bermúdez estimó que el mencionado Estatuto Administrativo, en su artículo 90, señala que los funcionarios (y por extensión una autoridad ministerial) tienen “derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.

El punto en cuestión es que una vez fuera del cargo, una exministra(o) tiene una calidad distinta, aun cuando pueda ser acusada(o) hasta tres meses después de dejar el cargo.

Si bien el caso de Santelices marcó un precedente para que otras defensas frente a acusaciones iniciadas por la Cámara de Diputadas puedan ser pagadas por el gobierno, la representación de exsecretarios de Estado ha sido sustentada por otras fuentes.

En el caso del extitular del Interior Andrés Chadwick, acusado en noviembre de 2019, su abogado fue Luis Hermosilla, quien asumió la tarea ad honorem por su vínculo de amistad con el llamado “coronel” de la UDI.

Jaime Mañalich, exministro de Salud, acusado en 2020, fue defendido por Gabriel Zaliasnik, quien fue fichado en forma privada por el médico.

Por su parte, Andrés Allamand, excanciller, quien enfrentó un libelo en 2022, cuando Gabriel Boric ya había asumido la Presidencia, tuvo que sustentar en forma particular su defensa con el abogado Samuel Donoso.

“En principio yo soy de la opinión de que no corresponde financiar con gastos públicos la defensa de los intereses particulares de una exministra de Estado. No conozco alguna norma que disponga lo contrario”, afirma el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y exjefe de la División Jurídica de la Contraloría, Julio Pallavicini.

A juicio del abogado, el estatuto administrativo solo contempla financiar la defensa de funcionarios públicos en ejercicio e interpretar que eso alcanza a exfuncionarios públicos sería hacer una “interpretación muy generosa” del gasto público.

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