Rector de la Universidad La República: “No podemos centrar esta decisión de cierre sólo en un tema financiero”

Ayer, a las 19 horas, el rector de la Universidad La República (Ulare), Fernando Lagos, concedió su primera entrevista en medio de un complejo escenario para la casa de estudios. Cuatro horas antes, el Consejo Nacional de Educación (CNED) había acogido la recomendación de la Superintendencia de Educación Superior de revocar el reconocimiento oficial de la institución debido a una “grave crisis financiera y administrativa”.

El día jueves para el rector comenzó muy temprano. Junto a un grupo de parlamentarios se conectó en una reunión virtual con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Los senadores José Miguel Insulza (PS), Juan Castro (exRN), José Durana (UDI) y Alejandro Guillier, independiente cercano al Partido Radical, asistieron también a la cita para apoyar las gestiones del directivo.

En conversación con La Tercera PM, el rector realizó una autocrítica a la gestión administrativa, pero también insistió en que la situación financiera que presenta la Ulare es la misma que mantienen todas las instituciones de educación superior. En ese sentido, aseguró que la administración anterior que encabezó Leandro Carvallo (PR), como presidente de la Junta Directiva, “no se ajustó oportunamente a la nueva normativa de la educación superior”.

El rector estuvo acompañado del Vicerrector Académico, Patricio Zárate, quien detalló que durante 2020-2021 tuvieron un “exitoso” proceso de matrícula. A la fecha, la Ulare cuenta con un plantel de 3.700 estudiantes y menos de 300 de ellos han iniciado un proceso de desvinculación.

¿Por qué cree que el Eje Financiero del Plan de Recuperación 2021 a 2023 no fue acogido por la Superintendencia de Educación Superior?

Es lo que nos gustaría saber. A juicio nuestro, y según lo dispone la Ley 20.800, en su artículo cuarto y quinto obligaba a la superintendencia a hacer observaciones para que en el plazo de 15 días las pudiéramos subsanar. No conocemos esas observaciones, porque nunca fuimos notificados. No conocemos los motivos que llevaron a la superintendencia a rechazar el plan, aunque la resolución que se nos notificó señala un déficit financiero. Es más, la superintendencia emitió juicios de valor al señalar que no sería prudente notificarnos de las observaciones, porque a juicio del superintendente nosotros en el plazo de 15 días no pudimos verlas. Entonces, es difícil referirse a una situación que no conocemos.

¿Qué fue lo que falló en la Universidad La República?

En diciembre presentamos un plan de recuperación, porque es lo que establece la ley con un plazo de 60 días hábiles. Presentamos este plan el 19 de marzo y a la semana siguiente se nos notifica del rechazo del plan de recuperación y la proposición de la sanción de cierre. En esa resolución no se nos indican los argumentos y fue uno de los motivos que nos llevaron a presentar el recurso de ilegalidad en tribunales. Esperábamos una respuesta del superintendente para subsanar las observaciones.

¿Cuál es la autocrítica que realiza la institución cuando piden el mismo trato de Julio Ponce Lerou, Enjoy y Johnson?

Por supuesto que tenemos una autocrítica. Esas expresiones que apuntan a la igualdad de trato dan a entender que este es un tema de Estado. Así como otras instituciones fueron ayudadas por el Estado para descontar su carga tributaria, nosotros creemos que la educación es un tema de Estado y no del mercado. En un oficio enviado en agosto del año pasado, la propia superintendencia señala a la Cámara de Diputados que el sistema de la educación superior está muy endeudado y cada vez resulta más difícil tener crédito. El tema que le pasa a la Universidad La República en cuanto a lo financiero es una situación que le ocurre a todas las instituciones de educación superior.

Creo que en la universidad hubo un tema de administración que no se ajustó oportunamente a la nueva normativa de educación superior y por eso cuando se llega a diciembre del año pasado se llega a la conclusión que la institución requiere un cambio. Entró un nuevo rector y en esas circunstancias es que asumo.

¿Por qué en su escrito de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago ustedes hablan de que no existe tal deuda, como la que señala la Superintendencia de $14 mil millones?

No negamos los $14.000 millones en deuda, pero el monto total no debe ser objeto de sanción por parte de la superintendencia, porque por posición legal la autoridad sólo puede investigar hasta cuatro años hacia atrás. Es decir, hasta 2016. Esos $14 mil millones corresponden a una contingencia (con bancos), porque está judicializada. Es una deuda histórica que proviene del año 2008.

Uds. apostaron al Congreso -sobre todo al Senado- para presionar a un resultado favorable. ¿Esas conversaciones no dieron resultado?

Yo separaría la respuesta. Si pensamos en el resultado final, quizás pudieron haber sido infructuosas, pero nos quedamos con la empatía que mostraron los parlamentarios que entendieron el problema social que acarrea una situación como esta. Estamos muy agradecidos en especial del senador José Durana, porque él entiende que los alumnos de la región de Arica serán muy perjudicados, porque no tienen en la ciudad la misma educación y jornada.

¿Por qué el Estado tendría que tener un trato distinto al que tuvo con la Universidad del Mar?

Acá hay un tema que no podemos dejar de contextualizar. La pandemia ha golpeado fuertemente la vida a nivel mundial. Esta es una situación extraordinaria que está amparada bajo un decreto de catástrofe constitucional. De tal manera que los parámetros para analizar o medirlo son distintos. Además, nuestra situación académica nunca ha sido puesta en duda, todo lo contrario; se ha visto fortalecida y no ha caído. No podemos dejar esta decisión de cierre a sólo a un tema financiero. El Estado ha tenido que invertir más de $50.000 millones en el proceso de cierre de la Universidad del Mar. Entonces, igualmente termina siendo un problema para el Estado el cierre de cualquier institución de educación superior.

¿Cómo puede decir que nunca se ha cuestionado la calidad de la educación que imparten, si nunca la Ulare ha sido acreditada?

(Contesta el vicerrector) El año pasado, cuando se declara el estado de catástrofe sanitaria, la Superintendencia de Educación Superior pidió que se informara de qué forma se iba a cautelar la cobertura curricular. De todas las universidades, la Superintendencia supervisó y no fuimos incluidas. Nosotros de la forma en que cautelamos es a través de una clase sincrónica e implementamos una plataforma asincrónica. Esto sirve para no solo cautelar la asistencia del docente y el estudiante, sino que también del material bibliográfico y de apoyo. Debemos ser cautelosos cuando hablamos de calidad. Bajo ese punto de vista vale la pena considerar que en el primer semestre planificamos más de 880 asignaturas.

¿Cuál es el rol del Partido Radical en la Ulare? El ex presidente de la junta directiva, Leandro Carvallo, y su hija Macarena -actual directora- son militantes de dicha colectividad al igual que Osvaldo Correa, exgeneralísimo de la campaña de Alejandro Guillier.

Ningún rol. Aquí tenemos funcionarios que pertenecen a diferentes partidos políticos y del más amplio espectro. No contratamos a ningún funcionario pensando en su militancia. Es como el apoyo que recibimos de los parlamentarios.

¿Cuál es el grado de avance de las conversaciones para que ingrese un socio capitalista a la universidad?

La nueva ley contempla la figura de un controlador y adecuamos nuestros estatutos para poder tener un socio controlador o inversionista. Es una situación que hemos analizado y nos hemos relacionado con más de algún grupo interesado en convertirse en controlador de la universidad.

¿Son familias, empresas o sociedades extranjeras?

Son familias y grupos económicos interesados en sacar adelante este proyecto universitario.

¿Cuál es el mensaje que puede enviar a los estudiantes?

Queremos garantizar y dar la tranquilidad a los estudiantes que van a poder terminar su ciclo académico y sus estudios en nuestra universidad.