“El informe concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.

El extracto es parte de lo que responde la expresidenta Michelle Bachelet, en su calidad de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -y tal como reveló ayer La Tercera PM-, a una de las preguntas que realizó la fiscal Claudia Perivancich, quien tramita más de 20 querellas contra distintas autoridades del país por presuntos crímenes de lesa humanidad, a partir de esa fecha.

Y es que a fines de octubre y hasta mediados de noviembre se constituyó en el país una misión de observadores enviada por la oficina de Bachelet que, entre sus conclusiones, determinó que existía “uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios”, por parte de Carabineros de Chile.

Y pese a que en la declaración la alta comisionada responde que ha existido diálogo “con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones en Chile”, también apuntó a una falta de colaboración desde el Ministerio de Interior, Defensa e incluso por parte de Salud.

“La oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior por razones ajenas a la oficina (...). Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza”, detalla la exmandataria.

Sobre dicha sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, precisa que “el 30 de enero de 2020, en este comité interministerial, el jefe de la oficina regional de la alta comisionada expuso la preocupación por la situación de avance de sus recomendaciones. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019 había respondido el exministro Blumel, con el estado de avance de las 16 medidas adoptadas por el gobierno en materia de DD.HH. y orden público”.

En esa línea, Galli comenta que, incluso, a mediados de año se recepcionó una carta desde Naciones Unidas “que nos felicita por la actualización del protocolo de la escopeta antidisturbios. Se tomaron las medidas y se nos felicitó por eso”.

La misiva, fechada el 23 de julio de 2020 y firmada por Silvia Rucks, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Chile, señala que “los cambios introducidos (en el protocolo) avanzan en asegurar el respeto de los derechos de las personas y responden a algunas de las inquietudes planteadas en la reunión celebrada el 12 de noviembre en el Palacio de La Moneda”.

A renglón seguido, enfatizan que “valoramos la incorporación de medidas específicas tendientes a resguardar la identidad de las personas que se encuentren ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica y manifestación”. Sin embargo, precisan que “este es un importante paso y necesario paso, pero no es suficiente”.

Sobre por qué Bachelet expuso una falta de cooperación a la fiscal, Galli comenta a La Tercera que “no quiero atribuir intenciones, pero probablemente la representante del Alto Comisionado en la Región no les anunció todas las gestiones que hizo el Estado de Chile en esta materia”.

En Naciones Unidas comentan que la carta que se les hizo llegar al exministro del Interior Gonzalo Blumel, su par en Justicia, Hernán Larraín, y al exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, no tiene el tenor de una “felicitación”. Incluso -y en este mismo diario-, Rucks se ha referido a este tema detallando que “mejorar los protocolos es un paso importante, pero no suficiente. Se requiere, además, una reforma que resulte en una policía moderna, respetuosa de los derechos de las personas, transparente y con mecanismos de rendición de cuentas efectivos”.