Más de seis meses han pasado desde que se dictó la suspensión de la fiscal Constanza Izurieta, hija del general (R) Óscar Izurieta -indagado en el denominado caso Fraude en el Ejército-, y de su esposo Andrés Iturra, también persecutor. ¿La razón? El fiscal a cargo del sumario contra ambos, el jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Miguel Ángel Orellana, aún tiene diligencias pendientes en línea con esclarecer eventuales infracciones disciplinarias por maniobras de presunto lavado de dinero que se indagan respecto del excomandante en jefe de la institución castrense y el rol de su familia.

Y es que luego de que CNN Chile revelara que un año antes de ser procesado por malversación de más de $ 6 mil millones de gastos reservados, el exuniformado reestructuró su patrimonio, donando en vida sus propiedades a su esposa e hijas -una de ellas integrante del Ministerio Público-, el fiscal nacional Jorge Abbott ordenó, además de una investigación penal, la realización de la mencionada indagación administrativa, la cual de inmediato fue instruida por la fiscal regional Lorena Parra.

Esto, por considerarse que el traspaso por adelantado podría constituir una forma de ocultar el origen ilícito del patrimonio del otrora general, por que por lo demás, Iturra, yerno de Izurieta, aparece como el ministro de fe ante quien se expusieron los documentos para concretar dichas transacciones.

Ahora bien, durante los más de 180 días alejados de sus funciones en la Fiscalía, tanto Izurieta como Iturra no han dejado de recibir de manera íntegra sus remuneraciones, esto es alrededor de $5 millones cada uno.

De acuerdo a lo que exponen conocedores del caso a La Tercera PM, esto ocurre porque ninguno ha sido sancionado formalmente, sino que sólo se encuentran suspendidos a fin de resguardar la investigación en curso y asegurar su éxito.

Si bien la fiscal Lorena Parra fue quien debió visar el sumario en cuestión, ella se inhabilitó de conocer el caso debido a la estrecha relación de amistad que posee con los investigados. De hecho Iturra fue la primera jefatura nombrada una vez la abogada asumió como regional, aunque debió renunciar a dicho puesto el mismo día que le abrieron causa penal.

¿Retraso?

Consultadas fuentes que han seguido el curso del sumario, se advierte que la complejidad de las presuntas faltas que se están analizando han hecho necesario que el instructor a cargo del mismo tenga que realizar una serie de diligencias, lo que -comentan- ciertamente ha tomado más del tiempo inicialmente estipulado. Entre ellas, los mismos personeros revelan que se han solicitado antecedentes a otros organismos y tomado declaración a una serie de actores, incluidos ambos indagados.

De todas maneras, quienes están al tanto del proceso aseguran que la investigación, al menos en su parte administrativa, estaría pronta a concluir.

Cabe hacer presente, en este sentido, que la defensa de ambos fiscales está en manos de dos reconocidos penalistas de la capital, los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila.