Sierra Bella: fiscalía alista citación a alcaldesa Irací Hassler en medio de investigación por presunta estafa

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, junto a la directora (s) del Museo de Ciencias y Tecnología, Constanza Silva, anunciaron la reapertura de dicho espacio tras dos años de pandemia. Este espacio, primer museo interactivo en Chile, recibe financiamiento municipal y promueve el acceso al conocimiento de la ciencia y tecnología a través de un modelo pedagógico integral y democrático.
FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO
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El fiscal Patricio Cooper es el encargado de liderar la indagación por el supuesto sobreprecio que habría fijado la Municipalidad de Santiago para adquirir la exclínica Sierra Bella. Esto, tras las querellas interpuestas por Aldo Duque y dos diputados republicanos. Pese a las diligencias en curso, la jefa comunal insiste en que actuaron apegados a las normas y que colaborarán en lo que sea necesario.


Dos querellas han sido presentadas las últimas semanas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago a fin de que se esclarezca si hay o no delito en la cuestionada compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, en más de ocho mil millones de pesos. La primera, interpuesta por el abogado Aldo Duque, fue acogida a trámite el pasado 6 de febrero, y la segunda, de los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, el 8 del mismo mes, por lo que desde ahí el Ministerio Público comenzó a tomar conocimiento de los hechos denunciados y constitutivos -según los querellantes- de presuntos delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos funcionarios.

El fiscal Patricio Cooper, jefe de la Fiscalía Local Centro de Justicia, es el encargado de liderar la indagación y, como pudo constatar La Tercera PM, estaría alistando el oficio y la orden de investigar en que se incluirá la citación para que se tome declaración a la alcaldesa Irací Hassler, a quien los denunciantes apuntan como principal imputada. A juicio de los abogados querellantes, hay claras luces de que la jefa comunal -a lo menos- habría permitido se cometieran irregularidades en la transacción entre el municipio y la Inmobiliaria San Valentino SpA, constituida en 2022 por el abogado Felipe Sánchez Pérez. Como advierten, se iba a pagar un claro sobreprecio por un recinto que permanecía abandonado, pese a que había otras ofertas sobre la mesa más convenientes.

Asimismo, previa coordinación con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, se tomaría declaración a las concejalas Paola Melo y Rosario Carvajal, a Sánchez Pérez, al administrador municipal, al secretario de planificación municipal, al director de asesoría jurídica, a la directora de Salud, entre otros.

Pero pese a los reproches, y a que Contraloría mantiene una revisión de la compra y el Conservador de Bienes Raíces detuvo la inscripción del citado inmueble, Hassler insiste en que actuaron respetando toda normativa. “Hemos trabajado con transparencia, con probidad y sobre todo con vocación de fortalecer la salud pública de todas las personas”, manifestó la jefa comunal.

Y aunque indicó que hasta ahora no han sido notificados de la indagación del fiscal Cooper, recalcó que están disponibles a aportar todos los antecedentes que se requieran. “Somos los más interesados en poder despejar cualquier duda que se instale para generar la compra de la Clínica Sierra Bella, que además no ha tenido ningún recurso involucrado a la espera del pronunciamiento de la Contraloría”, manifestó.

Felipe Rojas, abogado de inmobiliarios San Valentino, por su parte, señaló a La Tercera PM que colaborarán “en la medida en que nuestra presencia sea requerida. Mantenemos nuestra postura de que se trata de una operación de lawfare y que oportunamente avanzaremos en el sobreseimiento definitivo”.

“Es absolutamente plausible que exista violación de deberes”

Sergio Rodríguez, abogado que representa a los diputados republicanos que decidieron estampar una querella por este caso, explicó en conversación con La Tercera PM que, a juicio de ellos, “hay antecedentes serios que hacen absolutamente plausible que exista violación de deberes por parte de funcionarios públicos en la adquisición de esta exclínica. Y precisamente la indagación que debe hacer el fiscal Cooper es determinar qué funcionario fue el que incumplió sus deberes de resguardar el patrimonio público que administra, si fue la alcaldesa u otro de los personeros que participaron en el proceso de negociación”.

Como detalló, decidieron hacerse parte porque, en primer punto, les llamó la atención que el avalúo fiscal del inmueble, el precio al que lo adquirió el vendedor y el valor final que pagaría Santiago son sumamente dispares. “Eso casi no admite ninguna discusión, porque el precio al que lo adquiere la municipalidad derechamente infringe el deber de cuidado del patrimonio público. Compran algo por un valor mucho más alto que lo que vale realmente”, explicó.

Asimismo, complementó el profesional, creen sospechoso que las tasaciones que el municipio hizo de la exclínica, y que fueron solicitadas a profesionales externos, arriban a precios prácticamente iguales. “Aunque en el detalle había ítems en los que mostraron diferencias de hasta 100%, todas llegan al mismo precio. Entonces, nos parece que la lógica en que fueron construidas indica que no se fijó un precio en base a criterios objetivos, sino que se buscó establecer un valor determinado”, complementó.

De igual forma, dijo, es extraño que se haya tasado las construcciones al valor de habilitación de hospitales de alta complejidad, o sea, “que el metro cuadrado de una clínica abandonada lo tasan igual que el de un hospital nuevo de la red pública”. Eso, detalló, debió haber sido alertado por funcionarios municipales, ya que insisten en que no sería algo regular.

Indicó que solicitarán, por lo mismo, se indague quiénes fueron los funcionarios que contactaron a los tasadores y quiénes les dieron instrucciones para actuar.

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