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Socialistas se arman contra el proyecto anti-nepotismo de Piñera: Igualdad presenta lapidario informe

AGENCIA UNO

l proyecto de ley no prohíbe los nombramientos de parientes en la Administración del Estado. Al contrario, pretende permitir y normalizar los nombramientos de parientes", sostiene el texto.


“El proyecto pretende blanquear el nepotismo”.  Esa es la primera observación que hace la Fundación Igualdad en la minuta que esta semana entregó a los diputados y senadores del Partido Socialista  en que analiza el proyecto de Ley de Integridad Pública presentado por el Presidente Sebastián Piñera el 5 de julio.

El documento al que tuvo acceso La Tercera PM  plantea 28 observaciones a la iniciativa del Ejecutivo con que salió al paso de las críticas tras el nombramiento de su hermano Pablo Piñera como embajador de Chile en Buenos Aires.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo busca regular, entre otras cosas, el ingreso a la administración del Estado de parientes de autoridades -por consanguinidad o afinidad. Actualmente está en trámite en el Senado en la comisión de Gobierno y en Hacienda.

“El proyecto de ley no prohíbe los nombramientos de parientes en la Administración del Estado. Al contrario, pretende permitir y normalizar los nombramientos de parientes”, sostiene el texto en sus observaciones particulares que fue entregado por el ex ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente .

Igualdad fundamenta la apreciación anterior señalando que el proyecto agrega un nuevo inciso referido a los nombramientos de parientes que señala que se solicitará informe al Servicio Civil, pero dicho informe no será vinculante. “De aprobarse una norma como esta se estará normalizando el nepotismo”, asegura la Fundación.

“Aun si se aceptara que esta es una opción legítima y se pretendiera permitir y regular el nombramiento de parientes, la regulación que se propone es defectuosa.  No es claro cuál es el objeto de la norma, si el informe que se solicita no es vinculante ¿Qué sentido tiene entonces? Parece ser más bien dar una simple apariencia de legitimidad para validar el nepotismo”.

El documento dirigido a los socialistas acusa que no se justifica la inclusión de ciertas autoridades y la exclusión de otras en la norma.

“Se incluyen miembros del Poder Legislativo, como causantes de la limitación, pero no de otros poderes del Estado. Primero, llama la atención que se incorporen cargos de fuera de la Administración como senadores y diputados, pues ahí no existe conflicto de interés. Segundo, si se acepta que existe conflicto de intereses en ese caso o se pensara que la norma busca prevenir el tráfico de influencias ¿por qué no incluir también a los parientes de grandes empresas reguladas o dueños de medios de comunicación masiva? ¿por qué no incluir también a parientes de jueces, o titulares de órganos autónomos como el SERVEL, la Contraloría, Tribunal Constitucional o el Congreso Nacional? Como no es claro el objeto de la norma no se entiende cuál debería ser su marco”, sostiene.

Los parientes del Presidente y ministros

La Fundación Igualdad sugiere a los parlamentarios PS relevar que no corresponde poner en un mismo nivel a los parientes del Presidente de la República o ministros de Estado que a los de autoridades inferiores como jefes de servicio (en muchos casos nombradas por ADP).

“Con ello se desconoce el evidente status superior del Presidente y el mayor daño que genera en la probidad y en la confianza pública el nombramiento de un hermano o primo del Presidente en un cargo en el Administración, versus el nombramiento de un pariente de un jefe de servicio. Por lo demás, los nombramientos que hace el Presidente de la República suelen ser de exclusiva confianza, mientras que los funcionarios inferiores tienen que observar procedimientos competitivos”, insiste la Fundación.

La minuta también sostiene que el proyecto del gobierno no regula la protección de los denunciantes de faltas a la probidad y pretende bloquear denuncias. “No sólo omite regular la protección de denunciantes sino que además pretende impedir que abogados hagan presentaciones denunciando faltas a la probidad a la Contraloría, dice.

 

 

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