Convención: El desafío de cómo se entenderá con el nuevo gobierno

Si de un triunfo del Apruebo en el plebiscito depende el programa del Presidente Boric, como dijo su ministro Jackson, ¿qué hará el nuevo gobierno en lo que queda del proceso? El racimo de dudas que deja esta pregunta se comenzará a contestar a partir de hoy. Hay apuestas cruzadas ante si podrá articular, opinar o solo prestar la asistencia que le pidan. Y las tres fuerzas que representan a su coalición de gobierno -frenteamplistas, socialistas y comunistas- difieren en el rol que éste debe tomar al respecto.


Se anduvieron cruzando ayer las agendas de la Convención y el nuevo gobierno. Durante el Pleno el vicepresidente Gaspar Domínguez le mandó a saludos al presidente Gabriel Boric (“a todas y a todos nos conviene que le vaya bien”) y la presidenta de la asamblea, María Elisa Quinteros, asistió invitada al cambio de mando y después al saludo de rigor al mandatario en el recién ocupado Palacio.

Pero hasta ahora es pura danza protocolar no más (si es por saludos, hasta el convencional y ex almirante Jorge Arancibia le deseó éxito). El flamante Ejecutivo y la mesa directiva de la Constituyente no tienen programado ningún encuentro oficial ni parece que vaya a ocurrir luego. Lo único que suena a eso fue cuando la semana pasada la visitó el ministro Segpres Giorgio Jackson, antes de que asumiera.

Ni a Quinteros ni a Domínguez les agrada que la nueva Moneda interactúe más de la cuenta con la Constituyente. No les hizo gracia que Boric, recién electo, visitara el exCongreso y que lo recibieran con abrazos y todo sus antecesores Elisa Loncón y Jaime Bassa (otra cosa es el recelo entre ambas mesas).

Lo que vaya a pasar con esta relación institucional es uno de los tantos hilos del acertijo de cómo se van a entender la nueva Moneda y la Constituyente. Si hace semanas que eso se venía comentando cuando asomó el lío de que sus tres colectivos -frenteamplistas, socialistas y comunistas- no juegan en equipo, o luego con la presión de los tiempos y la formidable pila de normas por tramitar (hay comisiones que no se sabe si llegan al deadline del 14 de abril), con la hora de la verdad consumada esa pregunta es insoslayable.

Y son varias las interrogantes: ¿Boric y Jackson van a limitarse a asistir materialmente a la Convención? ¿Habrá margen para intentar incidir y ordenar políticamente a los colectivos oficialistas? ¿Qué piensan en el FA, en el Colectivo Socialista (CS) y el PC? ¿Qué va a pasar en esos dos meses entre el fin de la Convención y el plebiscito? ¿Qué papel juega la mesa?

Símbolos

Esta semana, Jackson dijo en The Clinic que si gana el rechazo en el plebiscito de salida, el gobierno quedaría “sin herramientas para ejecutar nuestro programa”. Antes advirtió que había ciertas propuestas de normas “loquísimas” (Domínguez reprobó eso) y Boric respaldó que fracasara aquella que planteaba disolver los poderes del Estado.

Para unos fue un “desde”, lo mínimo. Para otros, eso abrió la controversia de si se respeta o no la autonomía del poder constituyente.

Después, el nuevo Segpres admitió que “uno antes de convertirse en autoridad de gobierno y tener la relación formal se da ciertas licencias”, y que ésta se tiene que canalizar con las autoridades de la Convención.

La cosa es que uno de los primeros límites en el radio de acción de La Moneda parece estar en la directiva. Cuando se juntaron con Jackson y su subsecretaria Macarena Lobos, hubo un momento en que se propuso fijar nuevas reuniones. Según testigos, la presidenta Quinteros se opuso.

En el ex Congreso afirman que quedaron en que se reunirían solo los equipos de cada lado, y que por ahora una cita formal no es necesaria. ¿Una visita del Presidente Boric? En la mesa no gusta la idea; podría meter ruido con la oposición ahí.

Otra voz: “Si no nos juntamos con Piñera, ¿por qué nos vamos a juntar con Boric?”. Algunos FA creen que eso es llevar muy lejos el asunto de la autonomía.

Boric y Quinteros se tienen guardados en sus celulares. “Te está llamando el Presidente”, le avisaron cuando asumió la cabeza de la Convención; “ah, pero estoy ocupada”, contestó ella. Cuando hablaron, él la felicitó y le preguntó que si estaba de acuerdo con que la llamara Jackson después. Se han contactado un par de veces por teléfono y mensajería móvil, y por lo que sabe no han comentado el curso de la asamblea.

El mandato de esta directiva expira el 4 de abril, y si es ratificada en un pleno (22 de marzo, probablemente) seguirá hasta el fin del proceso. ¿Podría pasar que entre otra más cercana al gobierno? En el FA -que junto con el CS perdieron la lucha por esa presidencia- admiten que hay algo de ruido, pero que no: sería un desastre casi letal enzarzarse en otra eterna votación.

Campaña

El nervio de este dilema es si el nuevo gobierno va a “meterse” o no si ve que se acercan al borrador del texto final normas complicadas, que el día de mañana les regalen bencina a los partidarios del rechazo. O si sus tres colectivos -como ocurre con la interminable saga del futuro Legislativo en la Comisión de Sistema Político- no se ordenan.

Según quien lo vea, “meterse” sería articular u operar políticamente; pero también opinar abiertamente sobre lo que pasa en el ex Congreso.

Sobre lo primero, los cercanos al nuevo gobierno en la Convención insisten en que es poco recomendable, que implica un riesgo (partiendo porque hasta en el colectivo del FA hay corrientes distintas), y que inmiscuirse en los tirones entre sus tres bancadas allá no garantiza que los alineen. En el FA mantienen comunicación constante con la nueva Moneda. Pero ahí algunos dicen que pese a los nexos, “tenemos un mandato” y que “no hemos avanzado siete meses acá para echarlos por la borda haciéndoles caso a otros”.

Los CS han presionado para que el Ejecutivo “ordene”, y están emplazando por los medios a que el FA está quedando corto en la responsabilidad que les toca.

En la plana mayor del nuevo gobierno tienen dudas, y el punto se ha discutido en las reuniones de su comité político. Hace poco comentaban ahí que ante el enredado cuadro político quizá sea mejor no “meterse”; pensando en bajar los costos en contra, si el desenlace del plebiscito es adverso.

La presidenta María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez. Foto: AgenciaUno

Lo de opinar está complicado. Los socialistas han repetido que desean que la administración Boric lo haga, que no se puede seguir despolitizando la Convención, que así solo se encapsula. En el FAhay algunos -como Fernando Atria- que creen que el Presidente ha de pronunciarse.

Pero los comunistas no están en la misma. Muy parte del gobierno será el PC, pero sus delegados le responden primero a su partido. Y bajan línea: que el Ejecutivo no debe opinar sobre el contenido de lo que se está tramitando. Implicaría enredar más si se mete una cuña entre ellos, los FA y los CS, con el revoltijo en Sistema Político.

Lo otro: que además Boric debería ordenar claramente a sus ministros que se abstengan de pronunciarse. Que no lo vuelvan a hacer como lo hizo (el ahora ministro PS) Carlos Montes, dicen, cuando opinó en contra del fin del Senado. ¿Tampoco la ministra vocera Camila Vallejo? Claro, responden.

Lo que sí quieren los PC es que el gobierno debute haciendo la diferencia con el anterior. Es decir, prestar toda la asistencia material, en personal y hasta financiera posible.

“Lo que espero del gobierno es que cumpla con lo que dice el Acuerdo por la Paz: prestar todos los servicios administrativos, financieros y técnicos para el correcto funcionamiento de la Convención. También espero una relación fluida, que no tengamos dificultades en el diálogo, porque así nos enfocamos como constituyentes en la última patita que nos queda, que es terminar las normas y la armonización. Así no estamos distrayéndonos con temas que nos quitan tiempo”, tercia la presidenta Quinteros.

Y, además, asegura que “el Presidente Boric siempre ha ratificado la autonomía de la Convención. Estamos tranquilos: lo ha dicho públicamente, nos lo ha dicho por teléfono, cuando vino el ministro Jackson también lo ratificó a nombre suyo”.

En la mentada cita también se tocó el asunto de la presión de los plazos. Pero que no se habría entrado al peliagudo tema de la prórroga, y que el ministro no soltó prenda ni “se hizo cargo del diagnóstico”.

Pero la relación del gobierno con la Convención tiene otro capítulo pendiente: los 60 días entre el fin de su mandato y el plebiscito de salida. En la mesa hablan de “un vacío”, de quién se hará cargo de la campaña de difusión e información del nuevo texto. Hay convencionales de izquierda que creen que debe ser muy bien pensada para contrarrestar la que armará el rechazo.

Jackson, recuerdan de la misma cita, dijo que tenía toda la disposición y que lo iban a ver. Otros recuerdan que dio a entender que ya estaban trabajando en eso. En la mesa hay quienes postulan que esa campaña sea liderada por convencionales.

Y eso lleva a otra pregunta. El gobierno ¿hará campaña de información? ¿O llamará a votar por el apruebo? En el FA hay distintas opiniones. En el aparato comunicacional de Boric aclaran que no lo han definido y que quizá lo hagan pronto. Que el gobierno no es intervencionista, pero no es indiferente. Que es bien probable que consista en informar qué tipo de normas se someterán a votación. Pero que no está sobre la mesa hacer la campaña del apruebo.

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