La ruta de las familias luego de dejar sus carpas y rucos

29/12/2022 CARPAS EN LA ALAMEDA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El Ministerio de Desarrollo Social y autoridades de la Región Metropolitana siguen trabajando en ayuda de las personas en situación de calle que ocupan el eje Alameda-Providencia. El plan, que inició en agosto de 2022, ha permitido que 187 personas sean ubicadas en residencias sociales, pero aún quedan “sobrevivientes” que aguardan su oportunidad.


A agosto de 2022, 199 personas formaban parte de la población calle que vivía a lo largo de los ocho kilómetros del eje Alameda-Providencia en 26 carpas y 24 rucos construidos con nylon, poliéster y cartón.

Pero a siete meses de esa cifra entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el panorama es completamente distinto: los espacios desde calle Huelén hasta Las Rejas se encuentran vacíos y las pequeñas construcciones de material ligero en donde habitaban familias, casi han desaparecido.

Tal escenario se da a partir del trabajo de Recuperación de Espacios Públicos impulsado por el gobierno, llevado a cabo en colaboración por la cartera de Desarrollo Social, la Delegación Presidencial, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y los municipios de Estación Central, Santiago y Providencia, lo que ha permitido disminuir en un 94% la presencia de personas pernoctando en el sector con el fin de brindar seguridad a transeúntes y vecinos, además de abordar la compleja problemática de las personas en situación de abandono del sector.

Y es que según el último Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado en 2017, se evidenció que 12 mil personas vivían en esa condición en el país.

Hace cinco años predominaban los hombres (84%), con un promedio de seis años en la calle, con consumo problemático de alcohol (41,5%), motivados principalmente por conflictos con sus familias (36,9%), viviendo en “rucos” (instalaciones construidas con plásticos y cartones), que se distribuían de manera dispar en los grandes centros urbanos.

“Sabemos que Alameda-Providencia es un sector fundamental para nuestra región, donde pasan millones de personas y confluyen una serie de servicios, trabajos y comunidades. Por ello veíamos con preocupación y no podía dejarnos indiferentes un problema tan profundo como es el de las personas viviendo en situación calle”, comenta la Delegada Presidencial, Constanza Martínez.

Una problemática que también tiene una atención especial en los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así, hasta enero de 2023, las autoridades lograron derivar a más de 125 niños, niñas y adolescentes junto a sus familias a dispositivos dispuestos por el ministerio, permitiendo así que esa cifra llegase casi a cero a fines de febrero.

El inicio de las derivaciones

Actualmente, la propuesta del Estado para atender a las personas en situación de calle se centra en los programas de Noche Digna (bajo sus aristas de Plan Protege Calle y Centros Temporales para la Superación) y Programa Calle.

Ambos proyectos pretenden velar por la integridad física de quienes viven en la calle mediante la facilitación de albergues y rutas de apoyo a lo largo del país, además de entregar un acompañamiento psicosocial a los participantes y propiciar una mejora en su situación.

Con el fin de realizar una derivación que se ajuste a las necesidades de las personas en dicha situación, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, sostiene a La Tercera Sábado que desde el comienzo del plan piloto, en agosto de 2022, se inició un perfil exhaustivo de cada habitante del eje Alameda-Providencia.

“Los equipos municipales realizaron una ruta de calle con el fin de conocer a las personas, saber su estado familiar, si eran menores de edad, si estaban solas, con problemas físicos o de salud mental o con posibilidad de consumo de drogas y alcohol. En función de esa investigación en terreno nos acercamos a las personas y les ofrecemos distintas opciones, en el entendido de que esta es una decisión voluntaria y como Estado no podemos obligarlos. Y ahí es cuando comienza la derivación a albergues o residencias familiares. Pero hay que entender que todo esto es móvil. Donde hubo una carpa o un ruco un día, puede haberlo (igualmente) al día siguiente, pero el trabajo para combatir la situación de calle se ha sostenido y seguiremos en ello”, explica.

En principio, las personas que viven solas en situación de calle son derivadas a albergues tradicionales, con un aforo de 20 personas, con cama y alimento para que así ellos generen vida en comunidad.

En tanto, las familias son llevadas a residencias familiares con un espacio seguro donde puedan cuidar a niños y a adolescentes. En cambio, para las personas adulto mayor se ofrece un espacio en el programa de Mayores Primero, que tiene por objetivo la superación de calle total y que permite un seguimiento de 36 meses consecutivos.

Actualmente la Región Metropolitana cuenta con 10 centros de acogida dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales presentan la opción de estadía por un año y que se ubican en las comunas de Santiago, La Florida, San Bernardo, Puente Alto, Recoleta, Pudahuel y Maipú.

René Pardo, subdirector (s) de la Subdirección de Servicios Sociales de la Municipalidad de Santiago, forma parte de la administración de la residencia social ubicada en avenida Portugal 514, albergue que se instaló en 2020 y que hasta la fecha cuenta con una cobertura para 25 personas, a quienes se les entrega alojamiento, acceso a servicios básicos y de apoyo psicosocial por el plazo de un año, gracias a la entrada en vigencia de la prórroga del Convenio suscrito entre la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia que permite que la estadía pueda extenderse por ese plazo.

Para poder desarrollar estos programas de ayuda, las autoridades cuentan con un presupuesto de $31 millones que hoy se busca aumentar y reorientar para mantener el trabajo de acompañamiento y que no solo sea paliativo.

“Nosotros entregamos a las personas las cuatro comidas básicas y acceso a actividades grupales y un énfasis en el ámbito laboral para fomentar su inclusión al mundo del trabajo. Es un espacio protegido en pos de su autonomía y la superación de su situación de calle”, recalca Pardo.

El déficit que permanece

Tamara Sandoval (35) llegó a vivir al alero del Cerro Santa Lucía hace seis meses. Junto a su esposo Camilo (38) viajaron desde Calama a “probar suerte” ya que sus trabajos como cuidadores de autos en el norte no daban ni para el sustento. Con el poco dinero encima, ambos arrendaron una pieza en Estación Central por $150 mil, pero solo les alcanzó para el primer mes.

“De ahí ya no tuvimos más opción que armar una carpa en la calle. Duramos unos meses por la comuna y luego los guardias municipales nos echaron. Luego de eso nos vinimos más al centro y acá hemos aguantado estos días. Hasta que hace tres semanas comenzó el desalojo de las carpas en la Alameda y a nosotros nos botaron todo”, recalca.

Tamara comenta que duerme bajo dos palmeras ubicadas en la plaza Vicuña Mackenna, entre Miraflores y Alameda. Recalca que le ofrecieron ir a vivir a una residencia ubicada en Santiago, “pero desistimos porque en eso nos tienen un día y luego nos echan a la calle en la madrugada. Luego quisimos pedir por albergues pero los cupos ya estaban llenos y nos dijeron que no nos podían ayudar. Es frustrante, por eso seguimos acá, si nos mueven, volvemos y así”.

Carolina Faúndez, jefa del Departamento de Desarrollo Social de Providencia, conoce bien los casos como el de Tamara. En 2017, bajo la administración de Evelyn Matthei, el municipio comenzó un plan y catastro de intervención para las personas que contaban con un historial de calle.

“En el primer levantamiento llegamos a tener 268 personas en esa situación y hoy ya hemos reducido la cifra a 30. El trabajo fue arduo, sobre todo porque entendemos que hay gente que no quiere dejar estos espacios o porque muchas veces las ofertas entregadas no son suficientes”, recalca.

Desde las organizaciones sociales critican la poca claridad en el catastro de personas y alegan que las cifras que se manejan son dispares: desde el Hogar de Cristo levantan una cifra cercana a las 16 mil personas, pero desde otras fundaciones la elevan a alrededor de 20 mil.

“Entendemos que este es un desafío que hay que enfrentar, al igual que la oferta de residencias para la comunidad. En 2022 logramos abrir 22 residencias familiares y nuestra atención está en ampliar ese panorama hoy. Hacemos el llamado a las organizaciones a que se unan en esta tarea y trabajemos en conjunto”, cierra Perales.

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