El pasado 13 de agosto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) puso en marcha la normativa que establece un nuevo código de marcación para identificar las “comunicaciones no deseadas” o llamadas SPAM.

Las llamadas comerciales se identifican principalmente mediante dos prefijos: 600 y 809, cada uno con un propósito distinto.

Mientras que el Prefijo 600 se destina a comunicaciones solicitadas o legítimas, como aquellas realizadas por empresas con las que el usuario mantiene una relación contractual, el Prefijo 809 se utiliza para llamadas no solicitadas, generalmente con fines publicitarios o comerciales, en las que no existe un contrato previo con el usuario. Estas comunicaciones sí pueden considerarse spam y suponen un riesgo mayor de ser percibidas como molestia o incluso fraude.

De esta forma, se busca resolver un problema cada vez más frecuente y molesto: identificar quiénes están detrás de las decenas de llamadas diarias que recibimos desde números no conocidos.

Según datos revelados por el último Informe Global de Amenazas de Llamadas 2024, realizado por Hiya, los chilenos recibimos, en promedio, 28 llamadas de spam mensuales: la cifra más alta de toda América, sólo comparable con Brasil. En ese sentido, poder identificar quiénes nos llaman podría significar un avance. Pero desde que entró en vigor el uso de los números 600 y 809, la percepción es que la cantidad de llamadas, lejos de bajar, ha aumentado.

La razón es bastante lógica: como las personas no contestan, ya que saben el origen del llamado, las empresas –especialmente las de cobranza– pueden insistir una, dos, tres o hasta varias veces al día.

La Asociación del Retail Financiero, por ejemplo, reportó que, luego de un mes de iniciada la diferenciación telefónica, el contacto de las áreas de cobranza con los deudores cayó en un 40%. Una cifra que, según el gremio, “podría generar riesgos sistémicos al afectar la recuperación de créditos”, indicaron en un comunicado.

Por eso, la organización presentó un “recurso de amparo económico” ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando falta de coordinación regulatoria con el Ministerio de Economía, que paralelamente impulsa un nuevo Reglamento de Cobranza Extrajudicial. Un problema específico, explica la organización, es que, si los bancos necesitan avisar un caso de estafa o clonación, llamarán por dicho prefijo, lo cual podría ser evitado por el posible afectado, sin dimensionar la importancia del contacto.

Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, califica la implementación de esta medida como “exitosa”. “Hoy el fenómeno está mucho más visibilizado: antes veíamos números que comenzaban con +569 o incluso llamadas desde numeración extranjera, sin mayor información. En cambio, ahora aparece un prefijo claramente identificable, lo que nos permite tener mayor noción de cuántas llamadas de este tipo recibimos”, indica la autoridad.

Y si bien –dice Araya– aún no existen antecedentes “de que hoy se llame más o menos que antes, sí sabemos con mayor claridad cuánto nos llaman”.

Desde el Congreso, el diputado Gonzalo Winter (FA), quien en 2022 presentó junto a un grupo de parlamentarios el proyecto de ley “No me llames”, que prohíbe las llamadas de spam y que sigue a la espera de ser tramitado en el Senado, cree que la implementación de los prefijos no ha sido una solución para la ciudadanía, ya que, si bien permite identificar las llamadas, no las reduce.

“(El prefijo) ha demostrado ser claramente insuficiente”, responde el diputado Winter, quien agrega que “muchas empresas lo burlan con facilidad” y, en la práctica, “no ha significado una disminución real de las llamadas”.

En la actual costumbre de las personas de optar por no responder a las llamadas, Winter analiza un problema mayor: perder la básica costumbre de usar el teléfono sin desconfianza.

Los prefjijos ¿disminuyen el riesgo de estafa?

Otro de los objetivos del uso de los prefijos es poder identificar si una llamada viene de una empresa establecida respecto de alguien que busca estafarnos haciéndose pasar por ejecutivo de banco o de una compañía telefónica, y que no puede –ni debiera– llamar desde un número 600 u 809.

Para Gonzalo Escobar, académico del Departamento de Economía y Negocios en la Universidad Andrés Bello, el fin de esta medida apunta favorablemente al consumidor, ya que genera una “mayor visibilidad y confianza en el servicio de telefonía, al disminuir tanto el riesgo de estafa como el costo asociado a las llamadas no deseadas”. Sin embargo, la regulación a su juicio “también genera efectos colaterales”.

“Se producen otros costos que, en cierta medida, pueden afectar tanto a los consumidores como a las empresas”, explica, abriendo así otras ventanas para posibles delitos.

En distintos foros en la web, por ejemplo, ya se pueden leer comentarios como: “Ya se bypassearon los prefijos” para realizar estafas. Otros usuarios señalan que el 600 y el 809 no aportan mucho más que lo que hace una app como TrueCaller o la activación del bloqueo completo de spam.

El académico Gonzalo Escobar señala estas denuncias como “escenarios previsibles”. “Lo que se observa es que las estafas tienden a migrar hacia otras plataformas”, comparte. Por eso, no es raro que las estafas se estén trasladando a WhatsApp u otras redes sociales. “Se cumple la lógica de que “hecha la ley, hecha la trampa”, lo que evidencia uno de los principales problemas que se generan con este tipo de regulaciones: no eliminan el fraude, sino que muchas veces lo desplazan hacia otros canales”, analiza.

Si bien la mirada es negativa, Escobar explica que “la tecnología avanza a una velocidad mucho mayor que la regulación, pero, inevitablemente, el regulador debe esperar a observar qué tipos de comportamientos emergen con las nuevas plataformas”, proyecta.

El diputado Winter, en tanto, dice que ha recibido reclamos constantes de personas que sienten que “nada cambió” tras la entrada en vigor de los identificadores, o que el problema simplemente se trasladó a otros canales.

Winter advierte además que este tipo de soluciones tienden a cargar la responsabilidad en los ciudadanos, debiendo informarse sobre cómo bloquear o denunciar los llamados. “La responsabilidad tiene que estar en las empresas y en los operadores, con fiscalización real y sanciones que duelan”, sostiene. En esa línea, recuerda que el proyecto de ley “No me llames” busca extender la regulación a la mensajería digital, con prioridad en la protección de datos personales, la persecución del fraude digital y la coordinación entre instituciones.

Ojo con las formas de denunciar

Desde el ministerio, el subsecretario Claudio Araya dice que han detectado algunos intentos de suplantación de numeración. “Hay casos de empresas con las que el usuario no tiene ningún tipo de relación y que, por normativa, deberían llamar utilizando el prefijo 809, pero que lamentablemente están llamando con un prefijo 600”, explican.

Frente a estas situaciones, el procedimiento es recibir la denuncia correspondiente a través del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) o directamente en Subtel, indicando el número desde el cual se recibió la llamada y la institución que supuestamente realizó el contacto.

“Esto, lamentablemente, implica escuchar la llamada, porque sólo con el número no siempre es posible identificar a la institución”, explica Araya. Sin embargo, cuando se trata de un caso individual, denunciar es clave, porque permite fiscalizar. Una vez ingresada la denuncia, se oficia a la empresa responsable del servicio y, a partir de esa investigación, eventualmente se puede llegar a la formulación de cargos y a la aplicación de multas.

Una clásica recomendación es la herramienta del Sernac llamada “No Molestar”, que permite a los usuarios bloquear las llamadas indeseadas de empresas que ya han contactado previamente. Esta herramienta no sólo sirve para evitar las llamadas que se cortan al contestar, sino también para aquellas compañías que llaman reiteradamente, a pesar de que ya les has solicitado que dejen de hacerlo.

En el caso de dispositivos Android, en la sección “Ajustes de llamadas” está la opción de bloqueos escribiendo 600 más el asterisco.

En el caso de las compañías telefónicas, algunas tienen sus propios métodos. Por ejemplo, WOM cuenta en su portal para clientes con la posibilidad de bloquear llamadas bidireccionales, es decir, no recibir llamadas de los prefijos, pero tampoco poder hacerlas en caso de necesidad.

Ante el problema que persiste, el congresista Gonzalo Winter proyecta que, de no regularse de mejor forma, impactará en actos cotidianos como buscar empleo, tomar una cita al médico u otras oportunidades importantes por no contestar el teléfono.

“Hoy este proyecto (No me llames) está en tabla para ser discutido próximamente en el Senado, y por eso aprovecho de invitar a la ciudadanía a seguir ese debate y a pedirle a sus senadores que aprueben esta iniciativa”, concluye.