Desde el 20 de marzo de 2026 Chile está bajo “alerta sanitaria oncológica”, luego de que el gobierno liderado por el Presidente José Antonio Kast decretara la urgencia de reducir los tiempos de espera de más de 33 mil pacientes que buscan iniciar sus tratamientos por esta enfermedad.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció un plan extraordinario de 156 mil millones de pesos para intentar destrabar el problema en el sistema público. La medida contempla derivaciones a prestadores privados, extensiones horarias en hospitales, contratación extraordinaria de personal y la meta de que todos los pacientes identificados entren en “vías de resolución” durante los próximos meses.

“El cáncer es uno de los principales problemas de salud en Chile, especialmente cuando se analiza desde la perspectiva de la desigualdad”.

El especialista explica que el país enfrenta una transformación epidemiológica apresurada. “En 1970 la expectativa de vida era de 64 años y hoy es de 81. Ese crecimiento acelerado generó una carga de casos de cáncer para la cual el país no estaba preparado”, explica.

Actualmente, en Chile se diagnostican a cerca de 63 mil personas con cáncer al año, lo que equivale a unos 5 mil pacientes mensuales. Las proyecciones indican que hacia 2035 esa cifra podría acercarse a los 80 mil anuales, y el cáncer ya disputa el primer lugar entre las causas de muerte en el país, principalmente en las regiones más pobres.

Rocío Zúñiga, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), dice que la alerta sanitaria responde a una crisis que se arrastra desde hace años. “La infraestructura del sistema de salud y sus recursos no han sido suficientes para mitigar el impacto del cáncer. A ello se suma la pandemia, que dejó una profunda huella en forma de diagnósticos tardíos, cuyas consecuencias hoy se traducen en vidas en riesgo”, sostiene.

¿Qué procedimientos cambian bajo una “alerta sanitaria”?

La alerta sanitaria comenzó a regir oficialmente en abril de este año y permite, al Ministerio de Salud, operar bajo facultades extraordinarias similares a las utilizadas durante la pandemia por COVID-19. De esta forma se busca asegurar una atención oportuna y sin retrasos evitables “más allá de los que hay hoy en día”, analiza la académica de la UNAB.

El plan considera:

1. Identificar y depurar las listas de espera oncológicas.
2. Contactar a cada paciente y evaluar si el hospital donde se atiende habitualmente puede resolver su caso.
3. Acompañamiento y seguimiento terapéutico, incluyendo derivaciones a otros centros cuando sea necesario.

Hasta ahora, según datos de Minsal, los hospitales ya han contactado al 53% de los pacientes oncológicos identificados con tiempos de espera prolongados.

Todas estas medidas consideran a los pacientes que tienen atenciones retrasadas o esperan un diagnóstico de cáncer desde antes del 31 de enero.

Los llamados comenzaron a realizarse en abril y seguirán por todo el mes de mayo. Si alguna persona está en esta situación y no ha sido contactada, el Ministerio de Salud recomienda actualizar los datos personales en el Portal del Paciente, o directamente llamar a Salud Responde, al 600 360 7777 para saber en qué situación específica se encuentra su caso.

Para Bruno Nervi, quien también es jefe del Programa de Cáncer de la Universidad Católica, la medida era esperada desde hace tiempo por organizaciones de pacientes y sociedades científicas. El oncólogo compara la situación con lo ocurrido durante la pandemia.

“En ese entonces se declaró una alerta sanitaria y nadie murió por falta de ventilador mecánico, porque el sector público y privado actuaron bajo una estrategia común: hoy el país está diciendo que no quiere que nadie muera sin una oportunidad de tratamiento”, afirma.

Entre otras acciones, el concepto de alerta sanitaria para cáncer posibilita echar mano a herramientas administrativas que normalmente no existen dentro del funcionamiento habitual del Minsal. “Permite compras directas y agilizar estrategias de implementación para resolver listas de espera de diagnóstico y tratamiento en un plazo acotado”, explica.

El principal problema del cáncer: diagnósticos tardíos

Los especialistas coinciden en que uno de los mayores problemas del sistema está en el diagnóstico oportuno. “No hablamos solo de acceso a tratamientos caros de última generación, sino de tiempos básicos de diagnóstico”, sostiene Bruno Nervi.

Como ejemplo, el director alterno del CECAN, cita un estudio encabezado por la investigadora chilena Susana Mondschein sobre cáncer colorrectal, donde el 65% de los pacientes en ISAPRE sigue vivo a los cinco años, mientras que en Fonasa A o B esa cifra cae al 35%.

La diferencia, dice, responde al tiempo que transcurre entre la aparición de síntomas y el inicio del tratamiento. “En el sector privado una colonoscopía puede resolverse en menos de un mes; en el sistema público un paciente puede esperar seis meses o incluso un año”, afirma.

La mirada es compartida por Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del CECAN. “La persona golpea la puerta del sistema de salud y no recibe atención oportuna”, comenta.

Las causas de la actual crisis (y por qué la alerta podría ser insuficiente)

Para Rocío Zúñiga, académica de la UNAB, la alerta sanitaria puede acelerar procesos, pero no resuelve completamente el problema estructural. “El desafío está asociado a la escasez de especialistas y de equipos oncológicos completos”, afirma.

Zúñiga recalca que la atención depende de otros profesionales especialistas ubicados en redes diagnósticas y terapéuticas integradas. A eso se suma una Atención Primaria debilitada, que muchas veces no logra detectar precozmente los casos sospechosos.

En Chile, el cáncer no se distribuye de manera uniforme; tampoco las posibilidades de sobrevivir a él. La realidad de su tratamiento expone la crudeza de las diferencias económicas, territoriales y estructurales que atraviesan al sistema de salud chileno y que, según los entrevistados, resumen buena parte de la crisis actual.

Por ejemplo, Antofagasta arrastra históricamente altas tasas de cáncer de pulmón y vejiga vinculadas a la contaminación por arsénico, mientras que en La Araucanía destaca el cáncer de vesícula biliar. En varias regiones del país, además, existen listas de espera críticas, pero no hay capacidad instalada suficiente para resolverlas rápidamente.

En algunos casos, ni siquiera el sector privado tiene infraestructura disponible. “Las políticas uniformes no funcionan igual para todo Chile”, sostiene Bruno Nervi, quien advierte: “No podemos pensar una estrategia diseñada desde Santiago para responder de la misma manera a crisis regionales completamente distintas”.

Uno de los mayores riesgos de la implementación de la alerta sanitaria es precisamente que esas brechas territoriales puedan reproducirse o incluso agravarse.

“No todas las regiones cuentan con centros oncológicos especializados ni con equipamiento diagnóstico y terapéutico suficiente”.

La inequidad también se expresa en algo tan cotidiano como la posibilidad de llevar una vida que prevenga enfermedades. Hábitos como la alimentación saludable, la actividad física o controles médicos periódicos están atravesados por desigualdades sociales.

El rol del sistema privado en la alerta

Uno de los aspectos más sensibles de la alerta sanitaria tiene relación con la incorporación del sistema privado para intentar absorber parte de la demanda acumulada.

El plan del gobierno contempla derivaciones a prestadores privados acreditados cuando el hospital de origen no logre responder dentro de los tiempos establecidos. Para ello, Fonasa amplió convenios con clínicas y centros especializados capaces de realizar diagnósticos, cirugías o tratamientos oncológicos.

Sin embargo, la participación del sector privado abre preguntas sobre la coordinación, continuidad de atención y sostenibilidad del modelo. Para Lorena Rodríguez, de la Universidad de Chile, la colaboración puede ser útil en una fase crítica, pero no debe confundirse con una solución permanente.

“Más del 80% de la población se atiende en el sistema público y muchas personas que inicialmente están en el privado terminan migrando al sector público por el alto costo del cáncer o por pérdida del empleo”, añade.

Por eso, insiste, el fortalecimiento estructural del sistema público sigue siendo indispensable. “La solución de fondo es fortalecer lo público en todos sus niveles, desde la atención primaria hasta los centros de alta complejidad”, sostiene.

Desde otra mirada, Rocío Zúñiga, académica UNAB, advierte que el debate no debería centrarse en una confrontación ideológica entre ambos sistemas. “Lo importante es que existan procesos transparentes, coordinados y trazables”, plantea. En contextos de crisis, argumenta, la colaboración público-privada puede ayudar a reducir tiempos de espera.

Una tarea a largo plazo

Aunque los especialistas valoran la alerta sanitaria como una medida necesaria y urgente, todos coinciden en que su alcance es limitado frente a un problema mucho más profundo y acumulativo. “Esta alerta responde a una urgencia, pero no solucionará el problema del cáncer en Chile”, resume el director alterno del CECAN, Bruno Nervi.

“Necesitamos una plataforma similar al Epivigila que se utilizó durante la pandemia”, plantea Nervi. Lorena Rodríguez, por su parte, observa que incluso depurar administrativamente las listas actuales representa un desafío enorme. “Sabemos que hay personas que ya resolvieron su situación y siguen apareciendo en lista de espera porque los registros no se han actualizado correctamente”, dice.

Por eso, aunque la alerta logre reducir parcialmente las listas actuales, el riesgo de volver rápidamente a escenarios de saturación sigue siendo alto si no se producen cambios estructurales.

Los especialistas coinciden en que el éxito real de la alerta sanitaria no debería medirse únicamente por cuántos pacientes logren salir de lista de espera durante estos meses, sino por la capacidad del sistema de aprovechar esta crisis para instalar cambios permanentes. “No podemos vivir de alerta en alerta”, concluye Nervi.