A sólo días de que asuma el nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, uno de los desafíos estructurales que deberá enfrentar su administración es la baja fecundidad a nivel nacional. Chile se encamina a un punto de no retorno: según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2028 los fallecimientos superarán a los nacimientos, tras una caída histórica en la tasa de natalidad.

El INE proyecta una media de 0,92 hijos por mujer, cifra que ubica a Chile entre los países con menor número de nacimientos del continente. Para Macarena Arriagada, directora de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, estos números están “muy por debajo del umbral de reemplazo generacional, que es de 2,1”.

Además, advierte que a partir de 2035 la población comenzará a disminuir en paralelo a un acelerado proceso de envejecimiento. “No se trata sólo de un fenómeno demográfico, sino de un cambio que tensiona los sistemas de salud, protección social, cuidados y el financiamiento del Estado”, asegura.

Ante esta alarma, el Mandatario electo presentó el “Plan Renace Chile”: una respuesta política y económica articulada en cuatro pilares y que considera, entre otras iniciativas, una asignación universal por hijo, a través de la entrega de $1 millón a la madre al nacer y otro $1 millón en una cuenta de ahorro para el hijo. También incorpora exenciones tributarias, como una reducción escalonada del impuesto a la renta según el número de hijos; la reforma al Artículo 203 del Código del Trabajo, que garantiza el derecho a sala cuna universal, y una serie de reformas que establecen cambios legales para que ambos padres compatibilicen trabajo y familia.

La experiencia concreta de las mujeres

Para Virginia Latorre, trabajadora social con amplia experiencia en el ámbito de la familia y la maternidad vulnerable, el fenómeno de la baja natalidad “se viene advirtiendo hace mucho tiempo, pero se había tomado con cierta ligereza. No se le tomó el peso o no se quiso ver”.

La crisis surge, a su juicio, como “una nueva emergencia, así como están los problemas de seguridad”, sobre todo desde la última estadística que nos deja por debajo de otros países latinoamericanos como Uruguay, con menor población.

Verónica Campino, directora de Yo Quiero Estar, analiza el fenómeno a partir de las experiencias concretas de madres y padres con los que trabajan. “Vemos esta realidad con preocupación, porque no percibimos el liderazgo necesario para hacerse cargo de ella”, asegura. En su experiencia con familias jóvenes, uno de los diagnósticos que se repite es la falta de condiciones para criar y la incompatibilidad entre el trabajo y la vida familiar.

Según el estudio “Maternidad y desigualdad de género en el mercado del trabajo” (2023), los ingresos laborales de las mujeres tras la maternidad caen un 35% en el sector privado y un 20% en el sector público.

A ello se suma la investigación de Yo Quiero Estar “El costo invisible de ser madres” (2025), que concluye que el 82% de las mujeres ve la maternidad como un detrimento para su desarrollo profesional, mientras que un 63% afirma que habría tenido más hijos si la maternidad no impactara su ingreso o carrera profesional.

Además, un 73,6% dice haber sufrido alguna discriminación por ser madre y un 92,3% cree que las políticas en Chile no son adecuadas para apoyar a madres trabajadoras. “El castigo laboral a la maternidad y el efecto en el desarrollo profesional y emocional de las mujeres es innegable… y afecta directamente en la tasa de natalidad”, complementa Verónica Campino.

El rol del mercado laboral y el costo de oportunidad

La especialista agrega que se necesita un pacto público-privado “para que todos los actores se sienten a la mesa y tomen las decisiones necesarias”. En ese escenario, es fundamental que tanto empresas como empleadores adapten los lugares de trabajo a las responsabilidades familiares bajo una mirada de largo plazo y, sobre todo, que valoren y no castiguen la maternidad.

En esa línea, Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello, introduce una dimensión estructural: el impacto sobre la fuerza laboral futura.

Menos nacimientos hoy implica menos trabajadores mañana. “El problema no es inmediato, pero sí acumulativo”, advierte. En un país que envejece aceleradamente, una cohorte más pequeña de jóvenes puede traducirse en mayores presiones salariales y un aumento del costo laboral, tensionando la productividad y el financiamiento de sistemas como pensiones y salud.

¿Por qué no están naciendo más niños? Villena sostiene que reducir el fenómeno únicamente a la precariedad económica es insuficiente. La evidencia internacional muestra que incluso en contextos de mayor crecimiento o mejores salarios, la fecundidad no necesariamente repunta de manera sostenida.

Uno de los elementos centrales, explica, es el llamado “costo de oportunidad”, especialmente en el caso de las mujeres. No se trata sólo del gasto directo de criar a un hijo, sino de los ingresos futuros que se dejan de percibir, de las trayectorias profesionales que se ralentizan y de las brechas que se amplían. A mayor inserción laboral y mayor calificación, mayor es también el costo relativo de interrumpir la carrera.

En ese marco, el académico es cauteloso respecto del impacto de transferencias directas o bonos por hijo. “En general, el impacto de estos incentivos es relativamente pequeño; no se ha encontrado una solución radical que revierta la tendencia permanentemente”, explica, aludiendo a la experiencia europea.

Si bien reconoce que políticas más robustas y permanentes como reducciones tributarias sostenidas o sistemas amplios de apoyo familiar pueden amortiguar la caída, ninguna ha logrado devolver las tasas a niveles de reemplazo. “Apoyar sólo el nacimiento con un bono difícilmente mueve la aguja”, sostiene. A su juicio, las familias perciben que las condiciones materiales, afectivas y de tiempo que requiere la crianza son de largo plazo, y no se resuelven con un incentivo inicial.

Otros posibles caminos

A estas alturas del debate, las diferencias entre las voces consultadas son de énfasis más que de diagnóstico. El consenso es incómodo, pero claro: la baja natalidad no responde a una sola causa ni se supera sólo con medidas que favorecen el bolsillo de los padres.

Macarena Arriagada, obstetra de la Universidad Andrés Bello, insiste en que la fecundidad “no cae por azar ni por decisiones individuales aisladas, sino cuando el cuidado se concibe como un asunto privado, gratuito y femenino”. Para revertir, o al menos mitigar, la tendencia demográfica, advierte que es necesario transformar el modelo.

“No se trata sólo de cuántos nacen, sino de bajo qué condiciones se vive, se cuida y se proyecta el futuro en Chile”, asiente.

Uno de los puntos con mayor respaldo técnico es la licencia parental obligatoria e intransferible para hombres. Virginia Latorre, de la Fundación Emma, explica que la experiencia internacional muestra que cuando el permiso no puede ser traspasado a la madre, como en el caso chileno, se produce un involucramiento temprano que modifica gradualmente la división sexual del trabajo. Sin esto, la maternidad sigue asociada a un “costo laboral desproporcionado para las mujeres”.

“No es una política de incentivo; es una política de disminución del riesgo”, plantea. Hoy, tener un hijo no sólo implica una decisión afectiva, sino una evaluación racional sobre estabilidad laboral, ingreso futuro, red de apoyo y probabilidad de enfrentar sola la crianza.

Ese riesgo no es abstracto. Las fuentes entrevistadas dan cuenta de que un tercio de los hogares con hijos en Chile son monoparentales; por otro lado, la informalidad femenina sigue siendo significativa y la penalización salarial asociada a la maternidad está documentada. En ese contexto, la pregunta no es cuánto se entrega por hijo, sino cuánto se reduce la probabilidad de empobrecimiento, exclusión laboral o sobrecarga extrema.

Verónica Campino, de la Fundación Yo Quiero Estar, considera que, ad portas de la llegada de un nuevo gobierno, este tendrá “la oportunidad y la responsabilidad” de instalar esta discusión como una política de Estado y no como una bandera sectorial.

“La evidencia internacional muestra que revertir esta tendencia es difícil, pero no imposible”, indica. Países como Francia y naciones nórdicas demuestran que los resultados llegan con “políticas integrales y sostenidas”, que involucran el acceso a la vivienda, cuidado en comunidad, corresponsabilidad social, incentivos tributarios, conciliación laboral con oportunidad de teletrabajo y planes de apoyo contra la infertilidad.

De todos estos puntos, Campino pone especial énfasis en la conciliación entre trabajo y vida familiar, que, advierte, “no puede seguir siendo entendida como un beneficio accesorio, sino como una dimensión estructural del mercado laboral”.

Una mirada que comparte Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Fundación Chile Unido, organismo que a través de su Programa de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral ha acompañado a diversas organizaciones en procesos de transformación cultural.

El foco, explica, está en incorporar una mirada centrada en “el equilibrio de las distintas dimensiones de la vida, entre ellas la maternidad y la paternidad, según, por supuesto, el proyecto de vida de cada persona”.

Flexibilidad horaria cuando sea posible, modalidades híbridas bien reguladas, jornadas compatibles con el cuidado y culturas organizacionales que no castiguen la maternidad ni la paternidad activa son algunas de las dimensiones a considerar.

En la mirada de Verónica Campino, el nuevo gobierno enfrenta una prueba política. Mientras el Plan Renace pone el acento en lo económico, con medidas como el bono por hijo y la sala cuna universal, otras propuestas del Presidente electo permiten ampliar y complementar esa agenda. Entre ellas está el plan “Más y mejor trabajo”, que incorpora mayor teletrabajo, flexibilidad laboral, trabajo por hora y corresponsabilidad, y el programa “Chile en movimiento”, orientado al cuidado en comunidad y al rol del deporte en la salud mental.

“El Presidente Kast tiene una oportunidad única para liderar este desafío y generar un pacto público-privado para revertir la caída en la natalidad”, asegura. Además, indica que tanto la futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, como la Primera Dama, Pía Adriazola, podrían ser claves para ser agentes de cambio.

Virginia Latorre advierte que una transferencia puede ser significativa en los sectores de mayor vulnerabilidad, pero pierde fuerza frente a la incertidumbre estructural. Si el empleo es inestable, el cuidado sigue feminizándose y la red pública es débil, el bono se vuelve un apoyo puntual, no un cambio de escenario.

La discusión sobre natalidad abre otra pregunta: ¿qué tipo de sociedad quiere construir Chile en la próxima década? ¿Se busca simplemente aumentar el número de nacimientos o mejorar las condiciones bajo las cuales estos nacimientos ocurren?