Congreso peruano rechaza adelanto de elecciones complementarias al 2023 y complica a Boluarte

Este miércoles se reinició el debate en el Congreso de Perú que busca encontrar una salida a la crisis iniciada el 7 de diciembre pasado, cuando el entonces Presidente Pedro Castillo fue destituido tras su fallido intento por realizar un autogolpe. Pero pese a aplazar durante dos días la votación para lograr un acuerdo, el pleno rechazó, con 68 votos en contra y 54 a favor, la posibilidad de adelantar las elecciones mediante un gobierno y un Parlamento de transición.

El adelanto de las elecciones, la discusión sobre la renuncia de la actual mandataria, Dina Boluarte, y si se debiese hacer una consulta ciudadana para decidir el destino de la Constitución -junto con la eventual participación de una Asamblea Constituyente- son solo algunas de las variables que han prolongado el debate.

Desde algunos de los partidos de izquierda argumentaron que si no se agregaba una consulta vinculante con la ciudadanía para saber si querían una Asamblea Constituyente que reescribiera la Carta Magna, no apoyarían ningún proyecto de adelanto en los comicios. Las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático, Bloque Magisterial y Renovación Popular, además de mostrarse contrarios a la propuesta, pidieron explícitamente la renuncia de Dina Boluarte durante la discusión en el Congreso. Prácticamente toda la izquierda rechazó el texto para elecciones complementarias. Además, se le sumaron el centrista Acción Popular y el ultraconservador Renovación Popular.

Tras el rechazo a la medida, Jaime Quito, congresista de Perú Libre, presentó un dictamen en minoría en el que propone realizar comicios en 120 días, así como una consulta a la ciudananía sobre la conformación de una Asamblea Constituyente. La sesión fue luego suspendida, para ser retomada este jueves a las 10.00 hora local.

Durante este martes surgió la propuesta que, si bien parecía contar con más apoyo, fue finalmente rechazada este miércoles. El detalle del texto sustitutorio del proyecto para adelantar las elecciones, el que fue rechazado pese al tiempo extra que tuvieron para negociar, contemplaba la convocatoria de Dina Boluarte a comicios complementarios para diciembre de 2023, lo que conllevaría a que el 30 de abril de 2024 saliera su administración del poder. El Presidente electo iniciaría su mandato el 1 de mayo de ese año y completaría el período para el que Pedro Castillo fue electo, es decir, el de 2021-2026. En el caso de los congresistas, su período culminaría el 29 de abril de 2024, mientras que los nuevos miembros del pleno iniciarían el 30 del mismo mes y saldrían del cargo el 26 de julio de 2026.

Pospuesta desde el lunes, la discusión en el pleno unicameral se había atrasado dos jornadas, considerando que el primer día de la semana era cuando cerraba la primera legislatura. La evidente falta de consenso entre las distintas bancadas, con diferencias significativas en temas como la reelección inmediata o la reforma a la Constitución, en desmedro de su reescritura completa, quedaron plasmadas en las votaciones previas.

Ante las incesantes manifestaciones, que han dejado decenas de muertos y han causado cortes en carreteras, así como destrozos públicos en numerosas ciudades, se intentó impulsar el adelanto en las elecciones para fines de este año. Con la eventual aprobación de dicha propuesta se cumplía uno de los reclamos que más se repiten entre quienes protestan: la salida de la exvicepresidenta de Castillo y ahora mandataria de Perú.

Si bien es solo una de las exigencias -también destacan la liberación del expresidente Castillo, un llamado a la conformación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso-, el rápido adelanto de los comicios podría aliviar muchas de las tensiones sociales acumuladas. Así lo cree el historiador y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Emilio Candela Jiménez.

Entrevistado por el diario La República, Candela Jiménez aseguró que “parte de las protestas se mantienen porque no hay un horizonte claro de cuándo serán las elecciones. Si definen que las elecciones sean en octubre, calmaría la protesta, porque ya estaríamos en un escenario preelectoral, y el interés de la población se orienta hacia los posibles candidatos, qué proponen, y ya no tanto a la protesta. Igual, creo que hay sectores que se están aprovechando de esto para generar caos”, dijo al medio peruano.

Cuando faltaban un par de horas para el inicio de la sesión de este miércoles, medios locales ya adelantaban lo inevitable: parte importante de la izquierda se negaría a votar a favor de la moción si no se incluía el llamado a una consulta ciudadana sobre la redacción de una nueva Constitución. Las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario cerraron filas ante la exigencia de incluir un referéndum para discernir el futuro de la Asamblea Constituyente, asegurando que no aceptarían la propuesta elaborada por la derecha.

Tras horas de discusión entre el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, y los representantes de izquierda, finalmente no se llegó a puerto. Según La República, lo más cerca que se estuvo de lograr un acuerdo fue cuando Guerra García propuso la inclusión de una “consulta no vinculante”. Es decir, preguntar a la ciudadanía su postura frente a la confirmación de una Asamblea Constituyente, sin que esto significara que se debía cumplir ese deseo, funcionando más como un insumo para las próximas votaciones.

Las dudas sobre la viabilidad de que un órgano de este estilo redacte una nueva Constitución han cruzado el debate desde que surgió la propuesta. El congresista Carlos Anderson, de los no agrupados, dijo previamente que el problema era la figura jurídica en sí.

“Cómo se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere o no Asamblea Constituyente cuando no está claro lo que es la Asamblea Constituyente. A diferencia de las Constituciones en otros países, en el caso peruano no existe esa figura jurídica. Yo he propuesto incorporar en el cuerpo de la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente definiéndola, poniendo las limitaciones que pudiera tener, etc., pero los amigos de la izquierda lo que quieren es la victoria política de decir: hemos logrado que se consulte si se quiere o no la Asamblea Constituyente”, comentó, según consigna La República.

El mismo medio consultó con el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales Saravia, quien también mostró dudas sobre la idea de una asamblea. Según el abogado constitucionalista, jurídicamente no se puede crear dicho organismo, ya que “hay un mecanismo establecido en la Constitución y eso tiene que seguirse”.

“Una Constitución no va a cambiar la realidad de un país. El Perú es una nación con una brecha histórica en pobreza. Aquí hay como tres países: Lima sola tiene más población que muchos países nórdicos, luego tenemos el sur del país, la selva, las regiones”, agregó Morales Saravia.

Emilio Candela Jiménez, por otro lado, cuestionó la intransigencia demostrada por ambas bancadas, destacando que “en la coyuntura actual estamos en una situación en que lo que debería primar es llegar a acuerdos mínimos para lograr cierta estabilidad”, dijo el historiador de la PUCP.

“La izquierda, por ejemplo, no acepta ninguna salida que no incluya una Asamblea Constituyente, entonces, no acepta el adelanto de elecciones, a menos que se incluya una Asamblea Constituyente, lo que es una posición maximalista. Un sector de la derecha dice que las elecciones deben ser el próximo año y con algunas reformas. Y es una posición también inflexible”, criticó.

Otra de las razones expuestas por congresistas de Acción Popular, partido que aglutina distintas corrientes ideológicas en su interior fue la exigencia de que todas las autoridades fueran cambiadas en las elecciones, incluidos los gobernadores regionales. Así lo expresó en el pleno el legislador Wilson Soto, quien dijo que, de no sumar a este cargo en los nuevos comicios, su bancada no aceptaría ninguna propuesta legislativa.

Durante la discusión legislativa, el congresista Edgar Tello, de Bloque Magisterial, argumentó que si el gobierno de Boluarte “está desesperado” porque se hagan elecciones, lo más sencillo es que la presidenta renuncie, haciendo eco de lo que se repite en las protestas. De ocurrir, el Congreso deberá llamar a elecciones en 270 días.

Lograr un acuerdo no ha sido sencillo. La madrugada del sábado pasado, el pleno rechazó con 65 votos en contra y 45 a favor la posibilidad de adelantar los comicios para este año. El lunes, ante la necesidad de llegar a un acuerdo, se debatió la reconsideración de la iniciativa, donde se dieron vuelta las cifras y se lograron 66 votos favorables.

Considerando que para la aprobación de una ley de estas características se requiere de 87 votos en dos legislaturas -las cuales se atrasaron a conciencia para alargar el debate, terminando la primera el 9 de febrero e iniciando la segunda el 10 del mismo mes-, o 66 votos más el aval de la ciudadanía en un referéndum, en su defecto, la necesidad de un acuerdo previo a la votación es imperante.

Dentro de las propuestas con cierto apoyo estaba la de un llamado a elecciones complementarias, lo que permitiría, a diferencia de unas normales, la reelección inmediata del actual Congreso. Esta última cualidad fue la que logró aunar a parte del pleno pero, como que evidódenciado en la votación no fue suficiente.

Según el abogado Alejandro Rospigliosi, exsecretario técnico del Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), “el tema que postulen a la reelección no lo veo mal, es el soberano el que debe decidir si le da o no el voto, con el desprestigio que tienen es poco probable que sean reelectos”, dijo al diario El Comercio.

En la izquierda, la ausencia de un acuerdo para llamar a la conformación de una Asamblea Constituyente era la piedra de tope, mientras que en la derecha es este mismo punto el que genera más ruido. A falta de consenso, las opciones que quedan son la eventual renuncia de Boluarte, el adelanto de las elecciones para abril de 2024 -en el caso de que se apruebe la moción en el Congreso- o la continuidad de la actual administración hasta 2026, fecha oficial del cierre del período que le correspondía a Castillo.