Mientras en Chile se festejaban las fiestas patrias, el entonces candidato José Antonio Kast aprovechó para ir a Italia y reunirse con la primera ministra del país, Giorgia Meloni. Luego de más de tres años de gobierno, su postura antimigración se ha enfrentado a los botes que cruzan el Mediterráneo, buscando en la península una entrada a la Unión Europea.

La conversación entre el candidato y la gobernante italiana habría girado en torno a las políticas migratorias del país europeo, y el mismo Kast expresó más tarde que se trataba de “políticas muy duras, pero eficaces y eficientes”. En el centro de estas medidas, la idea sería restringir el ingreso de migrantes y aumentar las deportaciones.

La llegada de Meloni al poder en octubre de 2022 ya venía con una fuerte retórica antimigración, que se expresa en las promesas que hacía entonces, como líder del partido Hermanos de Italia. El director del centro de investigación italiano sobre migración, Ferruccio Pastore, explica desde Roma a La Tercera: “La campaña en la que Meloni y sus aliados resultaron elegidos fue extremadamente dura con respecto a la migración. Por ejemplo, no hasta el último momento, pues abandonaron el tema en las últimas semanas previas a las elecciones, sino hasta muy avanzada la campaña, prometieron un bloqueo naval en el Mediterráneo para frenar la llegada de barcos de migrantes con buques militares. Esto no ha sucedido. Este fue un ejemplo muy claro de una promesa muy radical, muy populista, por así decirlo, inmanejable, porque constituiría una flagrante violación de las normas internacionales”.

Una de las principales medidas de Meloni, a los pocos meses de ser electa en 2022, fue el declarar un “estado de emergencia migratorio”, con miras a acelerar la construcción de centros de detención y las deportaciones. Asimismo, impulsó límites a las ONGs que rescatan a barcos naufragando en el Mediterráneo, forzándolos a atracar en puertos lejanos para que no pudieran actuar eficazmente.

“Los están obligando a rescatar gente, y llevarla al norte, a Génova y Venecia, puertos muy lejanos, intentando así obstaculizar su funcionamiento. Es principalmente simbólico porque, bueno, en primer lugar, el número de ONG activas en búsqueda y rescate disminuyó, pero no desaparecieron”, comenta Pastore, que agrega otro aspecto de estos rescates.

“Sobre todo, la paradoja, algo que a menudo no es fácil de entender para los extranjeros, es que los buques oficiales de la Marina, los buques militares y los barcos de la guardia costera también rescatan personas. Así que, cuando un buque de la Marina o de la guardia costera intercepta o encuentra una embarcación de migrantes en peligro, normalmente interviene, rescata a las personas y las lleva a Italia”, cuenta el experto.

Benedetta Di Placido, periodista italiana para The European Correspondent, comenta por su parte las decisiones que ha tomado el gobierno Meloni: “Entre las más importantes se encuentran un nuevo marco regulado para la inmigración legal, a través del Decreto Flussi 2023‑2025, un endurecimiento reiterado de las normas fronterizas y de solicitud de asilo, una cooperación más fuerte con los países de tránsito, y los intentos simultáneos de externalizar el procesamiento de la migración”.

Según Euronews, el gobierno de Meloni ha intensificado los acuerdos bilaterales con Libia, Túnez y Albania, destinados a prevenir las salidas irregulares, combatir a los traficantes y facilitar los retornos.

Se ha prestado especial atención a los puntos calientes externos, como los previstos en Albania, diseñados para registrar y gestionar temporalmente a los migrantes antes de su eventual traslado a Italia.

Sobre si esto ha servido o no para bajar los flujos que llegan, Di Placido cita los datos oficiales, que muestran una drástica caída en las llegadas por mar entre 2023 y 2024: de aproximadamente 157 mil en 2023 a 66 mil en 2024, una reducción de aproximadamente el 58%. En teoría, esto parece un éxito. “Pero, y es el gran pero, esa disminución en las cifras no se ha traducido en mayor seguridad”, acota la periodista.

“Las muertes y desapariciones en el Mediterráneo se han mantenido extremadamente altas, incluso aumentando en términos relativos. Muchos analistas argumentan que restringir las vías legales, externalizar la recepción y criminalizar el rescate simplemente empujan a las personas hacia redes de tráfico más peligrosas, aumentando el riesgo para las vidas humanas”, señala.

En esto, vale la pena recordar las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, que documentó más de 500 fallecimientos en el Mediterráneo solo en el primer semestre del año.

Por otro lado, el “modelo Meloni” cuenta con la historia de los centros de detención en Albania, país vecino donde se construyeron dos recintos que le han costado a Italia 100 mil euros diarios. Sin embargo, pasan los meses y estos recintos pasan virtualmente vacíos.

“La idea inicial era que los solicitantes de asilo interceptados en alta mar, que no eran particularmente vulnerables y tenían pocas probabilidades de ser reconocidos como refugiados, fueran llevados a Albania. Y esto, por supuesto, pretendía ser una forma de disuasión, porque el razonamiento, que creo que es en gran medida erróneo, era que si eres un solicitante de asilo falso, y sabes que en lugar de ser llevado a Italia, te llevan a Albania, entonces renunciarás al viaje”, comenta Pastore.

En realidad, explica Di Placido, la mayoría de las personas que emprenden los peligrosos viajes por el Mediterráneo son precisamente quienes cumplen los requisitos para recibir protección bajo la legislación italiana y europea, lo que lleva a que estos centros no se utilicen. “Aun así, el gobierno sigue presentando el programa como un éxito, culpando a los jueces de socavarlo. En la práctica, sin embargo, los centros no han aportado ningún beneficio real: son caros, legalmente frágiles y en gran parte vacíos; un símbolo político mucho más que una política migratoria eficaz”, afirma.

Cifras recientemente publicadas por el medio Follow The Money (FTM) revelan que Italia ha gastado más de 670 millones de euros desde 2021 en el acuerdo para tener estos recintos con Albania: una cifra muy superior a la estimación inicial del gobierno, de unos 200 millones de euros. En comparación, los centros de migrantes italianos cuestan unos 20 millones de euros al año y se utilizan con regularidad, aunque a menudo han sido criticados por su trato violento e ilegal a las personas que llegan.

Ahora, siendo uno de los países con mayores tasas de envejecimiento en el mundo, Italia está en una situación demográfica crítica. “El problema es que necesitamos la migración, y todo el mundo lo sabe. Incluso el ala más radical del gobierno, que, por cierto, no es Meloni en cuanto a la migración, sino más bien Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros, viceprimer ministro y líder de un partido llamado Liga”, recuerda Pastore.

En este contexto, Meloni sorprendió hace unos meses a los expertos cuando anunció que aumentaría la cantidad de visas de trabajo anuales que Italia entregaría, esperando así atraer a medio millón de migrantes nuevos en los próximos tres años. Un número que no puede ser tomado a la ligera en un país de 60 millones de habitantes.

“En la práctica, las nuevas visas no anulan la retórica antiinmigrante del gobierno, sino que coexisten con ella. Italia necesita desesperadamente trabajadores en la agricultura, el cuidado de personas, la construcción y la hostelería, sectores que simplemente colapsarían sin mano de obra extranjera. Por eso, el gobierno amplía las vías legales por un lado, mientras que por el otro redobla la represión y la disuasión”, indica Di Placido.

En realidad, recuerda la periodista, muchos de estos trabajos ya los realizan migrantes que a menudo trabajan sin contratos ni protecciones adecuadas, y que caen en sistemas de explotación, incluyendo redes criminales y mano de obra controlada por la mafia. “Es menos un cambio de actitud que un acto de equilibrio político. Económicamente, Italia necesita migrantes, pero políticamente, Meloni necesita mantener su postura firme. De ahí la paradoja: más visas legales, junto con la misma dura narrativa contra la migración irregular”, argumenta.

El mes pasado, Euronews aseguró que Italia estaba “poniendo a prueba el Pacto Europeo de Migración con su modelo de control y acuerdos bilaterales”. Según el medio, “la estrategia italiana bajo el gobierno de Meloni sigue siendo rígida y selectiva, centrada en los controles, los ‘hotspots’ internos y externos, la redistribución y la cooperación internacional. Italia se enfrenta a un pacto de la UE que tendrá que demostrar que funciona en la práctica, especialmente en casos de alta presión migratoria como el Mediterráneo. El principal reto sigue siendo equilibrar seguridad, acogida y respeto de los derechos humanos, en un contexto europeo y mundial cada vez más complejo".