En medio de crisis, aumenta el apoyo de peruanos a una eventual nueva Constitución

Manifestante protesta en las afueras de una conferencia celebrada por Edgar Stuardo Ralón, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima. Foto: Reuters

Con un 40% de respaldo, la moción creció casi al doble en comparación a julio de 2021. Analistas coinciden en que, si bien no es una visión mayoritaria, considerando que el 45% cree que es mejor modificarla, el 69% de apoyo a una Asamblea Constituyente refleja la desconfianza de los peruanos con sus actuales políticos.


Mientras las protestas en Perú continúan creciendo, y de forma inversamente proporcional, la popularidad de la Presidenta Dina Boluarte cae, una nueva encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un considerable aumento en el apoyo a una de las demandas más repetidas por los manifestantes del país vecino: la redacción de una nueva Constitución.

Con un 40% de respaldo entre los ciudadanos consultados, la escritura de una nueva Carta Magna aún no cuenta con un apoyo mayor que la idea de modificar la Constitución actual, moción que es defendida por un 45% de la población, aseguró IEP. Sin embargo, la cifra representa un importante crecimiento al compararlo con la respuesta a la misma pregunta en julio de 2021, cuando el 23% de los consultados dijeron estar a favor de una reformulación del texto constitucional, consignó el diario La República.

Nueva Constitución e implicancias

La recolección de datos realizada por el Instituto de Estudios Peruanos fue entre el sábado 7 de enero y el jueves 12, lo que permitió considerar la reactivación de las protestas tras un breve receso en el Año Nuevo.

Con márgenes de error de 2,8 puntos, un nivel de representatividad provincial de 95,74% y un nivel de confianza del 95%, los 1.211 entrevistados permitieron al centro de investigación aseverar que al 40% de apoyo al cambio total y al 45% de personas que modificarían la Carta Magna, se suma un 12% que cree que no se debería alterar nada del texto constitucional.

Manifestantes asisten a un hombre herido durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Juliaca, Puno. Foto: Reuters

En la misma línea, el IEP consultó sobre quién debería redactar la nueva Constitución, en caso de que dicha opción se diera, y la respuesta mayoritaria excluye a los políticos y al Congreso actual. Un 69% de la población, es decir, más de dos tercios de los peruanos, estaría de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Constituyente para efectuar los cambios al texto constitucional, una de las medidas que buscó concretar el ahora detenido expresidente Pedro Castillo, versus el 27% que se mostró contrario a la instauración de dicha instancia redactora.

El politólogo Martín Tanaka, investigador del IEP y profesor de la Universidad Católica de Perú (PUCP), fue consultado por La República sobre este alto apoyo a una medida que Castillo intentó llevar adelante, lo que el experto lee como una desconfianza en el Congreso actual, el que incluso antes del intento de autogolpe contaba con una aprobación menor que la del propio mandatario.

“No son mayoría quienes quieren nueva Constitución, pero no hay confianza en el Congreso para las reformas parciales. Por eso, sí hay una mayoría de acuerdo con que los cambios los haga una Asamblea Constituyente”, dijo Tanaka al periódico limeño.

Los temas que más les interesa cambiar a la Constitución también fueron parte de las consultas realizadas en este sondeo, donde dos propuestas destacaron tanto por su nivel de apoyo, como por las implicancias que tienen a la hora de comprender los intereses y preocupaciones de la mayoría de los peruanos.

En cuanto a la reinstauración del servicio militar obligatorio, un 74% de los consultados dijo estar a favor de la medida, mientras que el 72% aseguró respaldar la pena de muerte ante delitos muy graves, recabó la encuesta. De forma dividida, el 51% opinó que debería ser el Estado el dueño de las principales empresas e industrias del país.

Ya mucho más atrás, propuestas de corte tradicionalmente agrupadas como progresistas fueron ampliamente descartadas por la población. La despenalización del aborto durante los primeros meses de embarazo (32% de apoyo) y la legalización del matrimonio homosexual (22%) aparecen más abajo en la lista, junto a una mayor facilidad para contratar y despedir a trabajadores en las empresas privadas, iniciativa que contó con solo el 20% de los respaldos.

“Sobre qué cambiar, hay criterios muy conservadores con alto respaldo y poco apoyo a banderas progresistas. Es una caja de Pandora. No necesariamente saldría una Constitución mejor. Corremos el riesgo de seguir un camino como en Chile, de que la Constituyente no resuelva los problemas, sino que sea continuación de esta dinámica de confrontación y de escasa representatividad”, dijo Tanaka a La República, en una advertencia comparativa con el caso chileno.

El carácter contradictorio de algunas propuestas apoyadas por los peruanos fue comentado al mismo medio por Anthony Medina, politólogo y profesor de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. “Mientras élites y clases medias ven un Estado incapaz para poner orden, sectores populares lo ven irrelevante para mejorar sus condiciones materiales. Los peruanos parecemos estar de acuerdo en querer más Estado, así sea por razones muy distintas o contradictorias”, aseguró.

Las críticas a Boluarte

Este domingo, cuando decenas de vehículos y miles de comuneros de la provincia de Andahuaylas partieron en caravana hacia Lima, la capital del país, lo hacían con un objetivo en mente: lograr la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelantar las elecciones generales para este año y la instauración de una Asamblea Constituyente, afirmó La República.

Alegando estar cansados de ser pisoteados y que iban a recuperar la patria, el grupo partió su marcha hacia la capital. Desde que se iniciaron las protestas en Perú, exactamente en el mes de diciembre, hasta la fecha dejan un saldo de 49 muertos, 531 heridos y 329 detenidos, informó el Ministerio Público. Pero los números cambian con el pasar de las horas.

Manifestantes se enfrentan a la policía cerca del aeropuerto de Juliaca, en Puno. Foto: Reuters

Ante esta cantidad de decesos, el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos consultó a los ciudadanos sobre si creían que la policía y el Ejército peruano habían cometido excesos, a lo que el 58% respondió estar de acuerdo. Mucho más abajo, el 26% cree que actuaron de forma proporcional o adecuado. Sin embargo, una importante diferenciación se dio en la respuesta al desglosar por sector geográfico del país en el que se preguntaba.

Mientras en el norte (61%), centro (69%), sur (63%) y oriente (60%) de Perú se dio un rechazo mayoritario a la manera en que las fuerzas de orden han contenido las manifestaciones, en la Lima Metropolitana solo un 51% comparte esa opinión.

La propia presidenta, quien se encuentra en el poder luego del arresto de Pedro Castillo tras su intento por cerrar el Congreso, mantiene cifras muy bajas de apoyo. Según la encuesta del IEP, un 71% de la población desaprueba la gestión de la mandataria, con el sur y el oriente del país encabezando las tasas de rechazo.

Pedro Castillo, quien deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva mientas se discute su eventual responsabilidad frente a los cargos de rebelión y conspiración luego del fallido autogolpe, también apareció en las preguntas del sondeo. Al consultar a la población sobre el tipo de reclusión que debería tener el expresidente, el 60% dijo que el exmandatario no debería continuar recluido en el recinto penitenciario de Barbadillo, el mismo donde está Alberto Fujimori, mientras que el 34% manifestó que tenía que afrontar el proceso desde la cárcel.

En el detalle, consignó Infobae, el 41% de los consultados señaló que Castillo debería estar en libertad, pero con restricciones, mientras que el 18% considera que debería ser liberado sin ningún tipo de condición. Por último, y con un absolutamente minoritario respaldo, un 1% aseguró que el expresidente no debería enfrentar ninguna clase de juicio en su contra.

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