La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) pidió este jueves al presidente Nayib Bukele derogar el régimen de excepción que desde hace tres años permite arrestos sin orden judicial, y liberar a los inocentes encarcelados en la “guerra” contra violentas pandillas.

Bukele impuso en marzo de 2022, tras 87 homicidios en un fin de semana, un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas unas 86.000 personas acusadas de ser pandilleros, y aunque el gobierno reconoció que unas 8.000 recuperaron su libertad por ser inocentes, organizaciones sociales afirman que hay aún muchos más tras las rejas.

En una carta abierta, los obispos piden “la derogación del estado de excepción” porque, según ellos, “aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia”, tres años después ya no lo es porque los crímenes se redujeron a mínimos históricos y hay libertades que están limitadas.

Ahora “se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna”, argumentaron.

Los obispos pidieron al gobierno “revisar los casos con gran objetividad” para que “los que son inocentes” sean liberados “lo más pronto posible” y que “no se persiga a los defensores de derechos humanos”.

A mediados de mayo fueron detenidos la abogada Ruth López, de la ONG de derechos humanos Cristosal, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez, quienes apoyaban a una cooperativa campesina que protestaba contra el gobierno.

En febrero también fue detenido el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (Unidehc), Fidel Zavala, acusado de “agrupaciones ilícitas”, delito imputado a miembros de pandillas.

Los obispos también instan al gobierno a “no promover las cárceles” salvadoreñas “para las víctimas” de las políticas contra los migrantes de “potencias extranjeras”.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, con anterioridad le pidió las autoridades que no permitan que se convierta nuestro país en una gran cárcel internacional”.

Escobar hizo referencia a columnas de opinión en las que se advierte que “El Salvador sería un nuevo Guantánamo”, territorio que EE.UU. ocupa en Cuba desde 1903 y donde se instaló una base naval estadounidense y una prisión.

El país centroamericano “se convertiría en una cárcel para que Estados Unidos mande a los presos aquí y gastar menos que lo gastan en Guantánamo”, agregó.

En marzo pasado, El Salvador recibió y encarceló a más de 250 venezolanos, expulsados por Estados Unidos bajo la acusación, sin pruebas, de que pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua.