Iván Duque presiona por reforma judicial a mitad de su mandato

Un gobierno moderado y sin grandes logros es el análisis que hacen los medios y expertos colombianos, justo cuando hoy el Presidente Iván Duque cumple dos años de gobierno. Pero también sin grandes errores políticos. Es que la mitad del mandato del delfín político del expresidente Álvaro Uribe no consigue evocar logros de los que vanagloriarse. Sin embargo, las opiniones siguen siendo favorables. La imagen positiva de Duque se alzó a 61% en agosto, frente al 42% que tenía en febrero, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría.

La pandemia ha sido una especie de aliada del Mandatario, quien tomó rápidas decisiones frente a la crisis sanitaria y creó un espacio televisivo para conectarse con la ciudadanía. “Ha habido una mejora en su imagen por una respuesta positiva y rápida, pero eso puede llegar a devolverse muy pronto”, indica a La Tercera el analista político colombiano Jorge Restrepo.

Ello, porque Duque recibe la mitad de su administración en medio de una tormenta política tras la decisión de la Corte Suprema de decretar arresto domiciliario para Uribe por presunto soborno y fraude procesal. El gobernante salió a defender públicamente el expresidente y señaló que “soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”. Una postura que podría mermar sus apoyos, según los expertos.

Y por estos días, el gobierno ha reinstalado la discusión sobre la necesidad de una reforma judicial. Sectores de su partido, Centro Democrático, han incluso hablado de la opción de una nueva Constitución para reformar el Poder Judicial y evitar, según ellos, las posibles conexiones entre el poder político y el judicial. La profesora de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Angélica Bernal, explica que este sector “dice que las Cortes están cooptadas, que están mostrando algún tipo de posición política simplemente porque no lo favorecen (a Uribe). La propuesta que tiene este sector político es hacer solo una gran Corte que tenga distintas alas. Esa es una reforma estructural del Poder Judicial”. En ese sentido, la crítica es amplia. El columnista del diario El Tiempo Fernando Posada advierte a La Tercera que “las reformas no deben darse como reacción a un fallo judicial. Esto tendría el objetivo único de acomodar el sistema de las Cortes en beneficio del expresidente Uribe y sería un paso terrible en contra de la democracia”.

Establecer un listado de los aciertos y errores en lo que el Presidente lleva de mandato no parece ser algo evidente y fácil de realizar, puesto que Duque difiere de exmandatarios colombianos que se han mostrado firmemente comprometidos con causas como la paz, la seguridad, etc. “Es un gobierno que no ha cometido graves errores de política, pero tampoco ha tenido grandes éxitos de política. Es un gobierno que no ha logrado construir políticas públicas”, dice Restrepo. “Es un mandato supremamente moderado en sus objetivos, incapaz de mantener contenta a su propia base electoral”, opina Posada.

Así, durante su primer año de gobierno, cuando generalmente los mandatarios presentan un gran número de propuestas, sus batallas se redujeron a las objeciones que presentó a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) -el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra- las cuales fueron rechazadas por el Congreso, un Plan de Desarrollo y una reforma tributaria que motivó importantes protestas en todo el país y que incluso animó comparaciones con el estallido social chileno.

En relación con los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, la evaluación tampoco es positiva, puesto que su acercamiento ha sido moderado y silencioso. “Ha sido bastante tímido e insuficiente en la implementación de los acuerdos. Quienes deseaban que los acuerdos de paz no fueran implementados claramente no ven que el gobierno sea lo suficientemente radical en contra de ellos, y quienes defienden los acuerdos sienten que el gobierno no les está incumpliendo”, indica Posada.

Los avances en esta materia se han limitado a la participación política de los desmovilizados, dejando de lado los puntos fuertes del acuerdo. “En temas tan importantes como la propiedad de la tierra, la protección de los desmovilizados, la erradicación manual y acordada de los cultivos de uso ilícito, están totalmente desdibujados, sin recursos y sin compromiso del Estado. No se ha mostrado voluntad política”, concluye Angélica Bernal.