A las 6 de la mañana del martes el fotógrafo Bruno Itan captó una hilera de decenas de cuerpos en el Complexo do Alemão, una comunidad en la zona norte de Río de Janeiro, escenario durante esa jornada de un megaoperativo de la Policía Civil y Militar contra el grupo Comando Vermelho, una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil. Se trató de la mayor operación de este tipo en la historia del país, donde al menos 121 personas perdieron la vida, entre ellas cuatro policías. Las familias continúan la búsqueda de los desaparecidos.

Itan creció en la comunidad y ha presenciado varios tiroteos, pero ninguno como este. “Nada se compara con lo que viví aquí. Vi tres cuerpos decapitados, familias llorando desconsoladamente, un olor fuerte en el lugar y gente lamentándose, diciendo: ‘¿Por qué no te fuiste de esta vida? ¡Te lo dije tantas veces!’. Las familias solo quieren enterrar a sus seres queridos y no le desean este final a nadie”, relató al portal UOL. Y agregó: “Llevo 26 horas trabajando, estoy destrozado mentalmente. Es una auténtica zona de guerra, todavía hay gente desaparecida (...). En Brasil no tenemos pena de muerte, pero la policía decidió quién viviría y quién moriría”.

Pese a ser la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro, al punto que el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró estar “extremadamente preocupado” por la gran cantidad de muertes, el gobernador de ese estado brasileño, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la “Operación Contención”, al afirmar que solo los cuatro policías muertos en los enfrentamientos son considerados víctimas y que, aparte de esos decesos, la operación fue un éxito. “No nos vamos a quedar lamentándonos de si nos ayudaron o no. No se puede contar con el apoyo; llevamos a cabo nuestra operación y fue un éxito. Salvo por las vidas de los agentes de policía, el resto de la operación fue un éxito”, se jactó.

Pero João Paulo Charleaux, periodista, analista político y escritor brasileño especializado en temas relacionados con los conflictos armados y el derecho de la guerra, se muestra crítico de lo sucedido el martes en los complejos Alemão y Penha de la capital carioca. “Desde un punto de vista legal, Río de Janeiro no está en guerra. En la práctica, sin embargo, la línea que separa la mera delincuencia de la guerra civil se está difuminando”, escribió este miércoles en una columna de opinión publicada en el diario Folha de Sao Paulo. “El perfil militar de las facciones, el control territorial y el número de muertos están acercando la crisis a un conflicto armado interno”, sostiene.

En la siguiente entrevista con La Tercera, Charleaux analiza los detalles de la “Operación Contención” y la amenaza que implica el Comando Vermelho en el actual escenario brasileño.

El gobernador de Río de Janeiro calificó como un “éxito” la operación que dejó al menos 121 muertos. ¿Es normal que un operativo policial termine con tantas víctimas? ¿Cuáles son los protocolos? ¿No se intenta detener a los narcos?

No es normal, para nada. Pero es algo que a lo largo de los años se tornó recurrente en Brasil, donde los operativos policiales se han tornado cada vez más letales. En muchos aspectos la policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército, desde el punto de vista de sus tácticas, vehículos y armamentos. El problema es que, desde el punto de vista legal, no hay una guerra en Brasil y, por lo tanto, no existe ningún marco jurídico que respalde este tipo de acción en la cual los líderes políticos y los comandantes policiales optan por una estrategia de confrontación abierta que ya no privilegia la detención y la investigación policial, sino que parte del presupuesto de que hay, del lado contrario, combatientes enemigos que deben ser muertos a todo costo.

La policía federal dijo que consideró que “no era razonable” participar en la operación. ¿Se justifica que en un operativo de esta magnitud no se coordinen las acciones policiales a nivel federal?

Brasil tiene fuerzas policiales estaduales. Es como si, en Chile, cada región tuviera su propia policía militar y su propia política de seguridad pública. El gobernador pidió al gobierno federal, en enero, el envío de vehículos blindados de la Armada para realizar incursiones en zonas controladas por las facciones, pero lo hizo como si pidiera un Uber por aplicativo, sin considerar que el empleo de las Fuerzas Armadas en operativos policiales en Brasil depende de una legislación especial, que establece el marco de las llamadas Operaciones de Garantía de la Ley y del Orden, GLO. Río ya ha sido objeto de diversas GLO. Más que eso, el estado de Río ya estuvo bajo intervención federal, en la cual militares de las Fuerzas Armadas asumieron la administración misma del estado, y no solamente de las policías. Nada de eso ha resultado en mejoras. O sea, el problema no es tan simple que se pueda resolver con algunas tanquetas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se declaró “horrorizado” por la masacre en Río de Janeiro. A su juicio, ¿se justifica la aplicación de la Garantía de la Ley y del Orden (GLO) que dispone el jefe de Estado para desplegar a las Fuerzas Armadas?

El problema es que las operaciones de GLO agregan más fuerza bruta a los operativos policiales, y no me parece que el problema de Río no esté resuelto por falta de fuerza bruta. La presencia de militares, con sus carros de combate y helicópteros más potentes, generaría una sensación de enfrentamiento más robusto al crimen, pero no afectaría en nada las estructuras económicas que mantienen el negocio girando. Como hemos visto tantas veces en el pasado, se arma todo un show con los militares de las Fuerzas Armadas en las favelas, pero al día siguiente todo vuelve a ser como era. No me parece que a la policía de Río le falte poder de fuego, que es lo que las Fuerzas Armadas pueden aportar, sino que inteligencia, investigación y mayor control sobre la entrada de drogas y de armas en estas localidades.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió una “reforma integral y eficaz” de los métodos de la policía brasileña tras el cruento operativo contra el Comando Vermelho. ¿Comparte esa solicitud? ¿Por qué?

Creo que se refieren al hecho de que la policía en Río opera como una Fuerza Armada en combate, desde el punto de vista de sus medios y métodos. Eso es reflejo de una orientación política y de un respaldo popular de parte de la mayoría de los electores, que han elegido justamente este tipo de política pública. Me parece muy simplista decir que el único problema sean los operativos policiales, cuando, en realidad, eso corresponde a algo que gran parte de la población desea. Vivimos dentro de un mecanismo perverso, en el cual el miedo genera respuestas cada vez más violentas, y las respuestas violentas rinden cada vez más votos. La policía es solo un diente de un engranaje más complejo.

En la columna de opinión que publicó en Folha de Sao Paulo sostiene que “jurídicamente, resulta cada vez más difícil afirmar que no hay guerra en Río”. ¿El Comando Vermelho ha alcanzado un perfil militar al cual el Estado brasileño ya no puede enfrentar?

No creo que Río de Janeiro esté en una situación de guerra, jurídicamente. Lo que pondero es que las señales de que nos acercamos a eso son cada vez más evidentes, y es necesario evitar que eso ocurra. El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra establece algunos parámetros para clasificar grupos armados organizados, entre los cuales están la existencia de cadenas de comando de perfil militar, el control territorial y la capacidad de sostener operaciones contra las fuerzas del Estado de manera contundente y a lo largo del tiempo. Estos elementos están dados en el caso de facciones como el Comando Vermelho. En todo caso, el Estado no ha decretado una guerra, como ha hecho por ejemplo el Presidente de Ecuador el año pasado. Sería un desastre para Brasil, en términos humanitarios, que el Estado pasara a actuar como si estuviera en una guerra. Si eso pasara, no estaríamos ni siquiera discutiendo si estos más de 120 muertes ocurrieron de manera legal o ilegal. La amplitud del uso de la fuerza tendría otra escala, mucho más devastadora.