Las claves de la acusación de genocidio de Sudáfrica contra Israel por la crisis en Gaza

Israel compareció este jueves ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para enfrentar acusaciones de que está cometiendo genocidio en Gaza, en un caso que podría afectar la trayectoria de la guerra.

Sudáfrica, que presentó el caso, alega que Israel está violando el derecho internacional al cometer y no prevenir actos genocidas “para destruir a los palestinos en Gaza”.

Israel ha rechazado las acusaciones, al igual que su aliado más importante, Estados Unidos.

El caso de la Corte Internacional de Justicia se suma a la presión internacional sobre Israel para que reduzca o ponga fin a su guerra contra Hamas, que según funcionarios de salud en Gaza ha matado a más de 23.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños. De hecho, la ONG Oxfam señaló se estima que 250 personas mueren diariamente en promedio, una cifra que no tiene precedentes en ningún conflicto de este siglo.

La guerra también ha dejado inhabitable gran parte del enclave y ha llevado a la población al borde de la hambruna. Actualmente el enclave recibe solo el 10% de la ayuda alimentaria que necesita.

Israel lanzó la campaña después de que militantes de Hamas atacaran comunidades israelíes el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando a más de 200 como rehenes.

Después de las audiencias del jueves y viernes, día en el que Israel responderá a las acusaciones, se espera que los jueces se pronuncien dentro de unas semanas sobre las intervenciones que Sudáfrica ha solicitado para cambiar la conducta de Israel en la guerra. Un veredicto sobre la cuestión del genocidio podría tardar años.

A continuación las claves del caso.

La Convención contra el Genocidio obliga a los países a prevenirlo y contempla la competencia en estos casos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano legal de la ONU que resuelve litigios entre Estados.

El caso de Sudáfrica en La Haya sostiene que Israel violó la convención sobre genocidio de 1948, establecida después del Holocausto, que exige que todos países prevengan la repetición de tales crímenes. Presentó un documento de 84 páginas ante el tribunal detallando actos que, según afirma, equivalen a genocidio en Gaza.

En su demanda Sudáfrica alegó que “los actos y omisiones de Israel (…) son de carácter genocida, dado que son cometidos con la intención específica (…) de destruir a los palestinos de Gaza como parte integrante del grupo nacional, racial y étnico palestino”.

Sudáfrica aspira a que se dicten medidas provisionales para la protección de los palestinos y espera demostrar que la disputa abarca tanto sus propias obligaciones como las de Israel, que las estaría incumpliendo. Además, dice que “Israel ha arrasado amplias zonas de Gaza y dañado o destruido más de 355.000 viviendas palestinas”.

Si bien condena los atentados de Hamas, la petición señala que “ningún ataque armado contra un Estado, por grave que sea, justifica las violaciones de la Convención contra el Genocidio”.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Genocidio, es un acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que implica, matar a miembros del grupo, provocar daños corporales o psíquicos graves a los miembros del grupo, infligir deliberadamente condiciones de vida para provocar destrucción física, imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos, transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.

El genocidio es uno de los crímenes internacionales más difíciles de probar. Un Estado o una persona pueden ser acusados de genocidio.

Michael Becker, profesor asistente de derecho en el Trinity College Dublin, dijo a la cadena BBC que existe una distinción entre encontrar un Estado que viola la Convención sobre Genocidio y encontrar a una persona culpable de cometer genocidio. “Esta distinción es complicada y puede causar confusión”, afirmó.

Adila Hassim, abogada que representa a Sudáfrica, dijo a la CIJ que Israel había violado el artículo II de la Convención sobre Genocidio, que incluía el “asesinato en masa” de palestinos en Gaza.

“Israel desplegó 6.000 bombas por semana (…) Nadie se salva. Ni siquiera los recién nacidos. Los líderes de la ONU lo han descrito como un cementerio de niños”, dijo. “Nada detendrá el sufrimiento, salvo una orden de este tribunal”, añadió. Sudáfrica ha exigido que la CIJ ordene a Israel suspender su campaña militar.

Tembeka Ngcukaitobi, otro abogado de Sudáfrica, abordó la cuestión de la “intención genocida” de Israel contra los palestinos en Gaza, que suele ser lo más difícil de probar en un caso de este tipo.

“Los líderes políticos, comandantes militares y personas que ocupan cargos oficiales de Israel han declarado sistemática y en términos explícitos su intención genocida”, dijo.

“Estas declaraciones luego son repetidas por los soldados sobre el terreno en Gaza mientras participan en la destrucción de los palestinos y la infraestructura física de Gaza”, agregó.

Ngcukaitobi llamó la atención del tribunal sobre los comentarios del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 28 de octubre de 2023, instando a las tropas terrestres que se preparaban para ingresar a Gaza a “recordar lo que Amalek les ha hecho”.

“Esto se refiere a la orden bíblica de Dios a Saúl de destruir en represalia a todo un grupo de personas”, dijo el abogado. “La evidencia de intención genocida no sólo es escalofriante, sino también abrumadora e incontrovertible”, añadió.

Se solicita el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza y que “se impida la privación de acceso a alimentos y agua adecuados” de la población. Que Israel se abstenga de tomar medidas que puedan agravar o ampliar el litigio, y que garantice que las personas “bajo su control no inciten pública y directamente al genocidio”. Si lo hicieran, deben rendir cuentas en virtud de la Convención.

Además, incluyeron numerosas declaraciones de políticos, altos cargos y personajes relevantes israelíes. Por ejemplo, mencionaron los comentarios de Nissim Vaturi, miembro del Likud, el partido conservador del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que pidió “borrar Gaza de la faz de la tierra”, después del ataque de Hamas del 7 de octubre.

Se cita a su vez a militares, como el general Ghassan Alian, quien dijo en referencia a los gazatíes y Hamas: “Los animales humanos deben ser tratados como tales. Querían el infierno; tendrán el infierno”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el máximo tribunal de las Naciones Unidas que decide sobre disputas entre Estados. Todos los miembros de la ONU son automáticamente miembros. Un Estado tiene que presentar un caso ante la CIJ, que está compuesta por 15 jueces elegidos para un período de nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Una parte del mandato del tribunal es conocer disputas relacionadas con la Convención sobre el Genocidio de 1948. La convención se adoptó luego de que seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Israel, Sudáfrica, Myanmar, Rusia y Estados Unidos son algunos de los 153 países que lo han ratificado.

Para escuchar el caso de Gaza, el panel regular de 15 jueces se ha ampliado a 17, con un juez adicional designado por cada parte. Para llenar esos escaños, Israel nombró a Aharon Barak, un expresidente de su Corte Suprema que huyó de la Lituania ocupada por los nazis cuando era niño, y Sudáfrica nombró a Dikgang Moseneke, exvicepresidente del Tribunal Constitucional.

El equipo legal de Israel en La Haya está dirigido por Malcolm Shaw, un experto británico elegido por su experiencia en litigios ante este tribunal. El equipo sudafricano está dirigido por John Dugard, un prestigioso estudioso del derecho internacional y exrelator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados.

Las decisiones del tribunal suelen ser vinculantes, aunque tiene pocos medios para hacerlas cumplir. En 2004, el tribunal emitió una opinión no vinculante en el sentido de que la construcción por parte de Israel de su barrera de seguridad dentro del territorio de la Cisjordania ocupada era ilegal y que debía ser desmantelada. Veinte años después, el sistema de muros y vallas sigue en pie y se sigue extendiendo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino calificó el caso como “un acontecimiento histórico” y que “hacer que Israel, la potencia ocupante ilegal, rinda cuentas, utilizando todas las herramientas legales... es el foco principal de la estrategia legal del Estado de Palestina”.

En una declaración del jueves, Hamas acogió con agrado la decisión de Sudáfrica de presentar el caso y dijo que esperaba “una decisión que haga justicia a las víctimas” y pide a Israel que “detenga la agresión”.

Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, ha denunciado la petición de Sudáfrica. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, lo describió como “infundado, contraproducente y completamente sin base alguna”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó de “hipocresía y mentiras” la presentación ante el máximo tribunal de la ONU, y añadió que la acusación de Sudáfrica contra Israel de genocidio en Gaza sólo podría ocurrir en un “mundo al revés”.

“Estamos luchando contra los terroristas, estamos luchando contra las mentiras”, dijo Netanyahu. “Hoy vimos un mundo al revés. Israel es acusado de genocidio mientras lucha contra el genocidio”.

“Israel está luchando contra terroristas asesinos que cometieron crímenes contra la humanidad: masacraron, violaron, quemaron, desmembraron, decapitaron: niños, mujeres, ancianos, hombres y mujeres jóvenes”, afirmó. “La hipocresía de Sudáfrica grita al cielo”.

En una declaración oficial publicada en X, Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, dijo que el juicio del jueves acusando a Israel de genocidio en Gaza fue “una de las mayores muestras de hipocresía de la historia, agravada por una serie de afirmaciones falsas y sin fundamento”.

Sudáfrica “distorsionó completamente la realidad en Gaza”, afirmó, ignorando el “hecho de que los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel, asesinaron, ejecutaron, masacraron, violaron y secuestraron a ciudadanos israelíes, simplemente porque eran israelíes, en un intento de llevar a cabo un genocidio”.

Según el diario El País, Sudáfrica ha seguido el ejemplo de Gambia en el caso contra Myanmar, dos países que son también miembros de la Convención contra el Genocidio. Según Gambia, el Ejército de Myanmar llevó a cabo en 2016 “operaciones de limpieza étnica” contra la minoría de los rohinyás con la intención de destruirlos como grupo. Los rohinyás son una comunidad étnica indoaria apátrida, predominantemente musulmana, que vive en su mayoría en el oeste de Myanmar, en la frontera con Bangladés. La CIJ reconoció a Gambia como “demandante real” del caso.

Cedric Ryngaert, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Utrecht, dijo al diario que “Sudáfrica quiere demostrar que puede llamar a capítulo a Israel, pero cualquier país firmante de la Convención está obligado a prevenir el genocidio”. “Gambia recibió el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, que agrupa a 56 países, en el caso de Myanmar”, sostuvo. “Sudáfrica, un país del sur global, actúa sola; por ahora”, añadió.

Otro precedente es el de Países Bajos y Canadá, que presentaron en 2023 “una denuncia contra Siria por tortura ante la CIJ”. “Entonces se alegó que el régimen de Bashar al-Assad había torturado a miles de civiles violando la Convención de la ONU contra la Tortura (1984), y vemos que hay ya un patrón de actuación por parte de terceros países para que se aplique el derecho internacional humanitario”, añadió.

Alanna O’Malley, profesora de historia internacional y de la ONU, dijo a Al Jazeera que el caso de Sudáfrica era “histórico”.

“Vemos en la invocación de los diversos artículos de la Convención sobre Genocidio por parte del equipo legal sudafricano las formas en que van a presentar estructuralmente este caso”, dijo afuera del tribunal en La Haya, calificándolo de “extremadamente convincente”.

La Corte Penal Internacional (CPI) fue fundada en 2002 y también tiene su sede en La Haya.

Es un tribunal de última instancia que sólo actúa cuando un tribunal nacional no lo hace. Estados Unidos, Rusia e Israel no son miembros.

La CPI trata casos penales y puede condenar a una persona por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Cada uno tiene una definición diferente en la ley.