Michelle Bachelet renueva acuerdo con Venezuela para aumentar cooperación en DD.HH.

Foto: AFP

Este pacto, firmado en septiembre del año pasado y que tenía entre sus objetivos abrir una oficina permanente en Venezuela, fue prolongado por un año renovable, según se informó en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra.


La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este lunes que renovó con el gobierno venezolano el Memorando de Entendimiento, un acuerdo para aumentar la cooperación en materia humanitaria en el país.

Este pacto, firmado en septiembre del año pasado y que tenía entre sus objetivos abrir una oficina permanente en Venezuela, fue prolongado por un año renovable, indicó Bachelet en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra.

“El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país”, precisó la Alta Comisionada en un comunicado.

Según la expresidenta, desde la firma del acuerdo, se “ha fortalecido” la presencia de su oficina en Venezuela. Asimismo, se han hechos avances “en áreas como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza”.

Desde el pasado septiembre, la oficina de la Alta Comisionada ha realizado 15 visitas a 14 centros de detención, lo que demuestra el “importante papel” de sus colaboradores en el terreno con respecto a personas detenidas y familiares, prosigue en la nota.

En una reciente visita a los principales centros de detención del servicio de inteligencia SEBIN y la contrainteligencia militar DGCIM en Caracas, el equipo de Bachelet pudo entrevistar confidencialmente a un total de 39 personas vinculadas a casos significativos.

Para la Alta Comisionada, esto constituye un “salto cualitativo destacable” y espera que sirva para mejorar la condición de los detenidos y que próximamente se puedan visitar otros centros.

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido objeto de fuertes críticas de Bachelet, que en julio presentó un informe en el que nuevamente denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas” en Venezuela.

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