Ya es algo de cada fin de semana: solo este último sábado y domingo, dos masacres en distintas partes de Guayaquil dejaron un total de 11 muertos. Así, la crisis de seguridad en Ecuador ha llevado a la muerte de más de 2.000 personas, solo durante el primer semestre de 2026.

A causa de esto, el gobierno de Ecuador anunció esta semana que impondría, de nuevo, un toque de queda nocturno en sus dos ciudades más grandes: Quito y Guayaquil. La medida, enmarcada en su “ofensiva” contra el narcotráfico, ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos, que no creen que se trate de una medida particularmente efectiva.

En el poder desde 2023, el presidente Daniel Noboa ha declarado distintos estados de excepción y toques de queda, y el que tendrá lugar el próximo mes afectará a 9 provincias del país.

El gobierno tomó esta medida tras los resultados que dice haber obtenido durante el anterior estado de excepción. Así, el Ejecutivo busca profundizar las operaciones de seguridad y mantener presión sobre los grupos delictuales.

El ministro del Interior, John Reimberg, dio detalles sobre el enfoque operativo y los objetivos de esta medida. Durante una entrevista en Teleamazonas, explicó este miércoles que el Bloque de Seguridad definió objetivos concretos contra las economías criminales y estructuras delictivas. La planificación se centra en identificar personas y actividades ilícitas para ejecutar operaciones focalizadas.

El ministro señaló que la reducción de muertes violentas no constituye el objetivo principal. La prioridad es debilitar fuentes de financiamiento ilegal, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. “El objetivo es atacar a los grupos criminales, atacar su economía, principalmente”, afirmó.

Al respecto, el analista ecuatoriano y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, comenta a La Tercera: “La verdad es que se desconoce los motivos reales por los cuales se decreta este estado de excepción y este toque de queda con una fecha de inicio y una fecha de fin tan particulares. A diferencia de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, que se mantiene esto por 30, 60, 90 días, ahora tiene una fecha de inicio y una fecha de fin y asociado con un feriado nacional”. La medida se extenderá del 3 de mayo al 18 de mayo y prohíbe la movilidad desde las 23:00 hasta las 05:00.

Para Alarcón, la medida no ha sido tan efectiva como argumenta el gobierno. “Aunque el ministro del Interior ha hablado de detenciones masivas en los últimos toques de queda, pues estos han sido mayoritariamente por violar el toque de queda, no vinculados a ningún tipo de actividad de narcotráfico o de crimen organizado”, indica.

A pesar de haberle declarado la guerra a las bandas criminales, el gobierno de Daniel Noboa no ha podido concretar en el largo plazo una baja verdadera de la violencia en el país. El 2025 cerró con un total de 9.216 homicidios intencionales, marcando así el año más violento de la historia del país.

En comparación con 2024, los homicidios tuvieron un incremento del 30,48% según las cifras oficiales. “En Ecuador nos siguen secuestrando, extorsionando, matando, y la violencia interna se mantiene con mucha fuerza. Aunque si bien es cierto, ha mejorado este año, no ha sido de manera profunda, sino muy superficialmente, las cifras de muertes violentas durante este 2026 respecto de períodos similares del 2025 no son un cambio profundo”, indica Alarcón.

Según reportó el domingo la cadena Ecuavisa, hasta ese día se reportaban 523 fallecidos producto de masacres o asesinatos múltiples en Ecuador. Entre enero y abril de 2026, se han reportado 95 matanzas con tres o más víctimas, detalló. Este medio reportó en enero que Guayaquil se ubicaba entre las 15 ciudades con mayor criminalidad del mundo.

Para justificar la nueva medida, el gobierno ecuatoriano presentó un balance del toque de queda pasado, que se aplicó los últimos 15 días de marzo, y que reportó una reducción del 28% en muertes violentas y más de 4.300 detenidos a escala nacional.

El gobierno habló de 2.200 allanamientos, la captura de un cabecilla financista y la neutralización de tres objetivos de alto valor durante el toque de queda. Con esto, el Ejecutivo habría golpeado a grupos como Los Lobos, Los Tiguerones, Las Águilas y Los Fatales, lo que, según el informe, redujo su capacidad operativa en zonas estratégicas.

Al respecto, Alarcón alega que no hay claridad sobre el desarrollo de esta “guerra interna” contra los grupos delictuales. “No se conoce con claridad si existe una hoja de ruta, una política, un plan vinculado a los temas de seguridad. Las acciones del gobierno en este último tiempo parecerían ser más bien reactivas frente a lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Las realidades incluso en las distintas provincias no son iguales entre sí y demandan acciones específicas y concretas para el territorio particular, lo que no se está viendo”, comenta a La Tercera.

El pasado 16 de enero, Daniel Noboa ordenó el despliegue de 10 mil militares en varios puntos del país, y sobre todo en la costa. Los ministerios de Defensa y del Interior han calificado la operación como “Ofensiva Total” y dicen que unidades de élite especializadas y equipos de inteligencia intervendrán sectores y zonas que se han priorizado para enfrentar al crimen.

Para Karen Sichel, doctora en criminología en la Universidad de Cambridge, la militarización en sí no es suficiente: “Estamos en el peor escenario posible. La militarización sin Estado de Derecho no lleva a ningún lado. Y luego Noboa ha optado por el populismo penal donde ha aumentado las penas de ciertos delitos, pero como no ha fortalecido la función judicial eso queda en letra muerta. Los fiscales y jueces honestos no tienen la protección del Estado para cumplir sus competencias, mientras que los fiscales y los jueces que no son honestos tienen completamente el apoyo de las bandas criminales”, declaró a CNN.