En una votación que marca un giro en la legislación penal de Portugal, el Parlamento aprobó este martes una enmienda al Código Penal que permitirá retirar la nacionalidad portuguesa a personas condenadas por delitos graves.

La propuesta, presentada por la coalición conservadora encabezada por el Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro Luís Montenegro, fue respaldada por el CDS–Partido Popular, el partido ultraderechista Chega y la formación liberal Iniciativa Liberal.

Con 157 votos a favor y 64 en contra, la norma logró una amplia mayoría -superior a los dos tercios de la Cámara- y autoriza a los magistrados a imponer la pérdida de nacionalidad como pena accesoria a quienes hayan sido condenados a una pena de prisión efectiva de cuatro años o más.

Según el texto legal, la medida solo se aplicará en los casos de personas con doble nacionalidad y que hayan adquirido la portuguesa en los últimos diez años. Con ello, se busca evitar que alguien quede en condición de apátrida.

“Toda persona condenada a la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria (...) solo podrá solicitar su recuperación diez años después de la expiración de sus antecedentes penales”, establece la nueva norma.

El cambio fue interpretado por sectores de oposición como una concesión del PSD al partido ultraderechista Chega, que buscaba que la pérdida de nacionalidad fuera automática, durara 20 años y no dependiera de la decisión de un juez.

Posibles impugnaciones

El primer ministro Luís Montenegro defendió la iniciativa tras la votación, destacando que fue “aprobada por más del 70% de los diputados” y que refleja “la voluntad política del pueblo portugués”.

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Marcelo Rebelo de Sousa o el Tribunal Constitucional bloqueen la promulgación del decreto, el mandatario respondió que su gobierno “respetará cualquiera sea su decisión”, aunque afirmó que existen “todas las razones para proceder a su promulgación”.

Montenegro también se refirió al papel de la ultraderecha en la aprobación de la ley, asegurando que su administración “se siente no sólo cómoda, sino obligada a legislar para solucionar los problemas concretos de los ciudadanos, independientemente de los carteles o etiquetas de los partidos”.

Un cambio polémico

La iniciativa ha generado controversia en el país. El Partido Socialista (PS) -ahora en la oposición- advirtió que la reforma abre la puerta a un uso discriminatorio de la pérdida de nacionalidad, especialmente contra inmigrantes naturalizados.

Juristas y organizaciones de derechos humanos también han señalado que el endurecimiento de la legislación podría vulnerar principios básicos del derecho internacional, que restringe la posibilidad de retirar la nacionalidad de forma punitiva.

De ser promulgada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal se sumaría a un reducido grupo de países europeos -como Francia, Reino Unido o Dinamarca- que permiten revocar la nacionalidad en casos de delitos graves, aunque la mayoría lo aplica principalmente en contextos de terrorismo o amenazas a la seguridad nacional.

No obstante, la nueva ley portuguesa extendería esa posibilidad a un espectro más amplio de delitos, lo que ha reabierto el debate sobre los límites de la sanción penal y la igualdad ante la ley de los ciudadanos naturalizados.