Un grupo de académicos manifestó su preocupación respecto a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cual será abordada este martes en la Sala del Senado.

A través de una carta titulada “Acusación constitucional y legitimidad democrática”, 36 abogados y politólogos marcaron su postura respecto al libelo.

"Uno de los aspectos esenciales de una democracia es que las instituciones y poderes del Estado cumplan debidamente sus mandatos y funciones. Para ello, los actores políticos deben tener conciencia de cómo sus acciones pueden incidir en la legitimidad y funcionamiento institucional. Cuando sus prácticas distorsionan las normas, la democracia y sus mecanismos se deterioran“, partieron señalando.

En esa línea, dijeron que en Chile no se pone en cuestión que las acusaciones constitucionales son atribución establecida por la Carta Magna, sin embargo, plantearon que “deben ejercerse responsablemente” como mecanismo de fiscalización.

“Se trata de una facultad esencial del poder legislativo en un sistema presidencial con separación de poderes. Pero el supuesto central para que opere es que exista una falta concreta y verificada del orden constitucional, no las simples opiniones contingentes o las legítimas diferencias políticas que pueden existir”, comentaron.

“Miramos con preocupación la acusación constitucional presentada contra el exministro Grau. En este caso, los hechos imputados en el libelo - supuestos errores de proyección de deuda- han sido descartados por expertos de todos los sectores y disciplinas, y por el propio Consejo Fiscal Autónomo. Las diferencias políticas, deben discutirse como tales y en el marco de la normativa fiscal vigente, pero no mediante una herramienta excepcional y de última ratio como la acusación constitucional", añadieron.

Al cierre, sumaron que al momento de actuar de esta manera “se degrada la facultad fiscalizadora del Congreso y la política de rendición de cuentas, se aleja a quienes desean participar de los asuntos públicos y, lo que es más grave, se generan incentivos equivocados para el ejercicio de un cargo tan relevante como el de ministro o ministra de Hacienda”.

La misiva fue firmada por Felipe Agüero, politólogo; Rodrigo Arellano, abogado; Cristóbal Bellolio, politólogo y abogado; Rossana Castiglioni, politóloga; Isabel Castillo, politóloga; Luis Cordero Vega, abogado; Javier Couso, abogado; Mireya Dávila, politóloga; Gloria de la Fuente, politóloga; Rodolfo Disi, politólogo; Sofía Donoso, politóloga; Rodolfo Figueroa, abogado; Jaime Gajardo, abogado; William García, abogado; Gonzalo García Pino, abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional; Diego Gil, abogado; Claudia Heiss, politóloga; Cecilia Ibarra, politóloga; Hugo Jofré R., abogado, ex Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política; Cristian Leyton N., politólogo; Macarena Lobos, abogada; Aldo Madariaga, politólogo; Antoine Maillet, politólogo; Tomás Mackenney, abogado; María Pía Martin, politóloga; Rodrigo Medel, politólogo; Jorge Navarrete, abogado; Alejandro Olivares L., politólogo; Cecilia Osorio, politóloga; Claudio Pérez, abogado; Marcela Ríos Tobar, politóloga; Javier Sajuria, abogado y politólogo; Claudia Sarmiento, abogada; Samuel Schorne, abogado; Verónica Undurraga, abogada; Elisa Walker, abogada.