En menos de tres semanas las calles y carreteras del país volverán a llenarse de viajes y traslados de cara a las celebraciones por las Fiestas Patrias. Pero junto con la alegría del 18 de septiembre, también asoma una de las fechas más riesgosas del calendario vial. Se trata de los siniestros provocados por conducción imprudente, exceso de velocidad y consumo de alcohol y drogas.

En la antesala de este escenario, Cadem, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) e ISA Vías presentaron el Estudio de Opinión Pública sobre Seguridad Vial en Chile 2025, que revela cómo perciben y enfrentan los chilenos este problema.

El sondeo fue realizado entre el 11 y 13 de julio a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país (el 52% mujeres, y el 48%, hombres).

Dentro de sus principales resultados arrojó que un 63% de los encuestados cree que los accidentes de tránsito han aumentado en comparación con años anteriores, una percepción que se intensifica entre las mujeres (67%). Pero pese a este escenario, solo un 19% considera probable sufrir un accidente, aun cuando un 44% de los encuestados aseguró ya haber sufrido uno en su vida.

“La encuesta refleja una paradoja que ya habíamos visto en 2022: las personas reconocen la siniestralidad vial, pero no la perciben como un riesgo propio, sino como algo que les ocurre a otros”, explica la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante.

Vía pública

El sondeo también arrojó que el 90% de los encuestados se considera prudente al conducir, pero cuando evalúan a los demás, los califican como imprudentes o arriesgados. Automovilistas (38%) y motociclistas (25%) son vistos como los actores más riesgosos, seguidos por los conductores de micros y buses (16%).

A ellos se ha sumado un actor reciente: los scooters eléctricos y su mala utilización. Es más, un 86% de los encuestados ve como peligroso andar sin luces o reflectantes en este medio de transporte.

En cuanto a conductas riesgosas al momento de conducir, un 94% cree que lo es el hacerlo bajo los efectos del alcohol, mientras que un 93% cree que lo es pasarse un semáforo en rojo; un 91% piensa que es adelantar en zonas no permitidas; y un 90%, llevar niños sin cinturón o fuera de su silla de auto.

Aunque para expertos, la percepción dista de la realidad. “Que el 94% de las personas reconozca que manejar bajo los efectos del alcohol es muy peligroso, pero que esta conducta siga provocando muertes y lesiones en nuestras calles, nos habla de una disociación peligrosa entre lo que sabemos y lo que hacemos”, advierte Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia.

Y agrega que esto “es el reflejo de un sistema que no logra transformar el conocimiento en prevención real. Mientras no exista una fiscalización robusta, una sanción cierta y visible, y un mensaje coherente desde el Estado y sus agencias, seguiremos viendo cómo la conciencia no se traduce en acción. Y esto no es solo un problema cultural: es una falla estructural de nuestras políticas de seguridad vial”.

Algo que comparten desde ISA Vías, donde advierten sobre las conductas riesgosas que persisten en las carreteras. “Vemos con preocupación cómo las personas realizan acciones imprudentes para su seguridad, la de otros usuarios y la de los trabajadores en la ruta, pese a saber sus posibles consecuencias”, señala el gerente general, Andrés Contreras, por lo que buscan enfrentar estas prácticas “a través de la comunicación con los usuarios, la coordinación con Carabineros para mayores controles y el correcto mantenimiento de las vías”.

Mayor fiscalización

El grupo que menos percibe riesgos es el de jóvenes entre 18 y 34 años. Para Figueroa, este segmento requiere mensajes distintos y campañas que hablen en su lenguaje. “La prevención en este grupo debe ser más directa y cercana, acompañada de políticas públicas que impongan consecuencias claras”, sostiene.

A la vez, existe un amplio respaldo a medidas más estrictas: el 76% apoya fiscalizar el uso del celular al volante y el 73% se muestra a favor de implementar licencias con puntos, como ocurre en otros países.

Desde Fundación Emilia plantean que la evidencia del estudio debería empujar a un cambio de enfoque. “La primera causa de siniestros viales en Chile es la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, seguida por el exceso de velocidad. Sin embargo, estas prácticas no tienen una penalización proporcional ni una percepción de riesgo instalada en la ciudadanía”, enfatiza Figueroa.

En esa línea, destaca la urgencia de avanzar en la puesta en marcha del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que permitiría fiscalizar la velocidad y revisar las sanciones asociadas a otras causas de accidentes. “La seguridad vial debe dejar de ser vista como un tema de responsabilidad individual y asumirse como una política pública integral, con tres pilares: educación vial permanente, fiscalización efectiva y sanciones creíbles”, afirma.

Desde Conaset reconocen que el gran desafío sigue siendo cerrar la brecha entre lo que las personas declaran y lo que efectivamente hacen en las calles. “La mayoría reconoce la importancia de la movilidad segura, pero continúa manteniendo conductas riesgosas”, señala Infante.

En esa línea, plantea que se requiere “fortalecer la educación vial en todos los usuarios, no solo conductores y peatones, aumentar la fiscalización y generar un cambio cultural que se mantenga en el tiempo”. A su juicio, la meta es que la convivencia vial “se entienda como una responsabilidad compartida para lograr una movilidad realmente segura”.