La tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se reunió con el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, para discutir las inquietudes de la organización municipal respecto del financiamiento de la iniciativa.

El proyecto -que está en la comisión de Seguridad del Senado, en segundo trámite constitucional- busca formalizar el rol de los municipios en materia de seguridad y dotarlos de mayores herramientas en sus labores diarias.

En este escenario, la AChM ha intensificado sus gestiones para advertir que los recursos comprometidos por el Ejecutivo resultan insuficientes, tema sobre el que insistió Alessandri, durante la cita en La Moneda en la que participaron, además, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales.

Tras la reunión, el timonel de la AChM indicó que presentaron propuestas al Ejecutivo, incluyendo que “el IVA que pagan los municipios cada vez que pagamos un servicio o tenemos una compra, se devuelva desde el Tesoro Municipal a un fondo común municipal. Entonces lo que estamos pagando por IVA se devuelva para financiar exclusivamente esta ley”.

“Si nos están obligando a través de una ley a tener nuevas obligaciones, también debe ser acompañada con recursos para poder cumplir este deber”, agregó. “Y creemos que (utilizar el IVA de las comunas) es una de tantas alternativas para poder financiar un proyecto de ley en donde los municipios se ven obligados a enfrentar en conjunto, y trabajar en conjunto a otras instituciones para poder disminuir la situación que estamos viviendo hoy día como país”, destacó la autoridad municipal.

Al respecto, Alessandri afirmó que durante la reunión se decidió formar una mesa de trabajo para explorar posibilidades destinadas a financiar la implementación de la ley.

“Quedamos de conformar una mesa de trabajo en los próximos días, para también analizar el fondo común municipal y así analizar cuáles serían las mejores maneras de enfrentar esta situación financiera, para los próximos proyectos de ley”, indicó.

Respecto de la reticencia mostrada en días anteriores por el gobierno para sumar financiamiento, el alcalde de Zapallar señaló que “efectivamente, al principio hubo cierta resistencia, pero siempre hay una resistencia al cambio. Nosotros los alcaldes, que administramos realidades, sabemos lo que se vive, sabemos que con el presupuesto actual que tiene el proyecto de ley no se financia, pero necesitamos una ley. Y cuando uno trae un problema con diversas soluciones se abren caminos, se abren alternativas”.

Así, indicó que “se abre la posibilidad de tener una mesa con la subsecretaria Francisca Perales, en que podamos nosotros extender propuestas y poder trabajar en conjunto”, cerró.

Las aprensiones de la AChM

Según la AChM, el presupuesto considerado por el gobierno alcanzaría a cubrir solo el 5% de las obligaciones que implica la ley. Mientras el Ejecutivo calcula un aporte de 5 mil millones de pesos por tres años, los municipios estiman que el monto real para cumplir con la ley asciende a 216 mil millones, basado en un modelo que contempla la creación de 55 asociaciones de seguridad de estándar medio-bajo para cubrir los 345 municipios del país.

Así es que en los municipios surgió la idea de recuperar el llamado IVA municipal -que las municipalidades pagan al adquirir bienes y servicios-, para asegurar los recursos para esta ley. A diferencia de las empresas privadas, los municipios no pueden recuperar este impuesto, ya que no facturan. Actualmente, todo el IVA que pagan queda en manos del Estado.

La propuesta que están sociabilizando con parlamentarios busca que parte de ese dinero sea devuelto a los municipios a través de un Fondo de Seguridad Municipal, generando un ingreso adicional para financiar la ley. Sin embargo, en el Ejecutivo consideran que esta alternativa no genera un nuevo ingreso real y sería difícil de implementar.

“En la práctica, el IVA hoy día es un ingreso fiscal. La propuesta de devolverlo implicaría solo mover recursos existentes, no generar un ingreso nuevo. Lo que hace la AChM es un cálculo incorrecto y sin sustento en relación a los objetivos del proyecto”, señaló recientemente la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, representante del gobierno en la tramitación.