Chile volvió a ubicarse entre los países mejor evaluados de América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, pero el resultado dado a conocer este martes es menos tranquilizador de lo que sugiere el ranking. Con 63 puntos, el país mantiene su puntaje, aunque ya no lidera la región y muestra señales persistentes de estancamiento.

Así lo advierte Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, quien plantea que las respuestas institucionales, tales como reformas legales, ley de transparencia, prensa libre y separación de poderes, han sido relevantes, pero no suficientes para contener prácticas que siguen aflorando con fuerza.

El exministro de Economía en Bachelet I y también expresidente del Consejo para la Transparencia, cree que el estallido de casos que han impactado al Poder Judicial expuso no solo eventuales hechos de corrupción, sino también fallas más profundas en los mecanismos de control, deliberación y rendición de cuentas. Para Ferreiro, el mayor riesgo no es un quiebre abrupto, sino un “declive sistemático” que erosione la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. En un contexto global Chile conserva ventajas institucionales, pero enfrenta el desafío de demostrar que la ley se aplica de manera rigurosa e imparcial, incluso en los espacios del Estado llamados a encarnar la máxima probidad.

¿Cómo percibe la situación de Chile?

Estamos en un cierto estancamiento, pese a los esfuerzos institucionales que se han hecho en las últimas décadas. En general, Chile ha sido capaz de responder con cambios legislativos a los problemas de corrupción que se han evidenciado. Pero pese a eso, la corrupción se muestra a veces más fuerte.

¿Y en qué se reflejan esas situaciones?

Por ejemplo, en los casos que afectan al Poder Judicial, nos enteramos no a través de mecanismos institucionales, de denuncias o de revelación o de investigación de estas situaciones, sino que fortuitamente a través de las múltiples hebras que surgen del destape del caso Audio, porque una persona grabó una reunión privada.

¿Cree que las reformas impulsadas por el Estado han logrado cambiar las prácticas o solamente reforzaron algunos controles formales?

Yo no quiero subestimar lo que hemos hecho institucionalmente. No obstante eso, la corrupción no desaparece, y probablemente no va a desaparecer, porque esto es consustancial a la naturaleza humana. Y por eso necesitamos más instituciones, más controles, más transparencia.

¿Qué ámbitos del Estado generan una mayor preocupación en torno a este debilitamiento?

Yo creo que hay un avance de forma autoritaria, con gobernantes que buscan asumir el poder de los medios de comunicación, el poder del Ejecutivo, suprimir la autonomía de otros órganos constitucionales. Eso es un fenómeno global. Pero no creo que Chile está en esa situación. Todavía vivimos una democracia activa, con separación de poderes, con prensa libre, con acceso a la información, con ley de transparencia robusta, y, por tanto, estamos en una situación relativa, institucionalmente mejor que muchos otros países que han vivido una especie de declive hacia el autoritarismo.

¿El país corre riesgo de perder estándares que durante años lo distinguieron?

Estamos viendo un declive, un declive marginal, pero sistemático, y que preocupa. El verdadero riesgo aquí es que las personas pierdan la confianza en las instituciones democráticas, y, por tanto, pierdan cierta confianza en la democracia y comience a aumentar el atractivo de forma más autoritaria de gobierno. Que cuando llegan al poder, destruyen los controles, destruyen las libertades y favorecen de manera significativa, y a veces de manera irreversible, fenómenos de corrupción que ya la sociedad no puede combatir.

Y te voy a dar un ejemplo. Se acusa a la ministra Vivanco de haber vendido fallos. El juicio dirá si esto es cierto o no, pero uno se pregunta cómo puede ocurrir esto en un tribunal integrado por cinco personas. El sistema está diseñado para que cuando se vota una sentencia, vote primero el ministro de menor antigüedad, de modo que el de mayor antigüedad no influya sobre los demás. En ese contexto, si se hubiera cumplido estrictamente esta regla, ¿cómo puede ser que un ministro que preside la sala controle finalmente, como parece ser el caso en Chile?

Y, ante esto, ¿usted cree que existe una especie de tolerancia institucional a estas prácticas?

Creo que lo que se espera de un tribunal colegiado, que es la deliberación entre los pares, no está ocurriendo como se espera. Y que, si hubiese ocurrido, no se explica cómo la ministra Vivanco puede resolver los casos simplemente porque ella quiere favorecer a una de las partes. La ministra no puede formar mayoría por sí sola. Aquí tenemos mucha docilidad, mucha deferencia, confianza en el ministro que preside. No hay control, no hay deliberación colegiada.

¿Chile puede defender su posición en el ranking en los próximos años o seguirá bajando en este índice?

Para mejorar la percepción de probidad e integridad en Chile se requieren reformas, algunas de ellas pueden ser importantes, no creo que tantos cambios legislativos. Pero sí, sobre todo la percepción de aplicación rigurosa e imparcial de la ley. Confieso que con todo lo que ocurrió, pensé que la percepción de corrupción en Chile sería incluso mayor.