La primera quincena de junio será cuando la Municipalidad de Lo Barnechea, encabezada por Felipe Alessandri (RN), culminará la segunda -y última- etapa del desalojo de la toma en quebrada de la Zorra en el Cerro 18.

En total serán 93 viviendas las que ahora serán desalojadas en coordinación con Carabineros, la Delegación Presidencial y organismos de derechos humanos. El proceso ya había comenzado en diciembre del año pasado cuando se desalojó a 30 familias ubicadas en el lugar.

En esa oportunidad, el proceso estuvo marcado por fuertes incidentes: Carabineros fueron recibidos por los pobladores con barricadas, además de lanzamiento de objetos contundentes y funcionarios municipales amenazados.

En Lo Barnechea han dicho que la principal razón para desalojar está relacionada con el riesgo que hay para la gente de vivir en esas condiciones. El lugar, dicen, no es habitable. Por lo mismo es que la comuna de Alessandri ha colaborado con la fundación Techo para garantizar que el proceso esté ajustado a las normativas vigentes y a estándares de resguardo de personas. A pesar de esto, la tensión entre ambas instituciones ha quedado en evidencia.

Alessandri dice que “este no es solo un proceso de recuperación de un espacio, es una decisión responsable frente a una situación de alto riesgo. No podemos permitir que familias sigan viviendo en condiciones que pueden terminar en una tragedia”.

El municipio tiene el catastro de que cerca de un tercio de las familias ha manifestado su voluntad de abandonar la toma antes del desalojo. Por lo mismo es que el municipio notifica a las comunidades antes de que se produzca el desalojo para convencerlos de abandonar el lugar.

Lo que se ha estado trabajando también es un proceso de empadronamiento, el que consiste en catastrar a las familias en esa situación y ofrecerles aportes a través de subsidios de arriendos y traslado de enseres para que puedan movilizarse hacia otro lugar.

Alessandri añade que “hemos hecho un trabajo serio y previo, con empadronamiento, alternativas de apoyo y coordinación institucional. Aquí hay un esfuerzo por hacer las cosas bien, con orden, pero también con humanidad”.

En eso además es de utilidad un informe Bomberos que ha advertido sobre el “alto riesgo” que existe en la zona y que motiva el desalojo, ya que se pueden producir eventos de deslizamiento de tierras o eventuales incendios que ponen en riesgo la seguridad de las personas.

El alcalde sostiene que “el llamado es a que quienes aún permanecen en el lugar opten por una salida voluntaria. Hay alternativas y acompañamiento, y eso es clave para evitar situaciones complejas durante el procedimiento”.

En el primer proceso de desalojo los habitantes fueron avisados con 30 días de notificación. En esa oportunidad hubo un grupo de cerca de 25 personas que provocaron los disturbios. Durante ese proceso hubo detenidos y además un carabinero terminó lesionado.

La política de desalojos se ha dado en distintas comunas -como en La Florida- bajo el argumento de que no se pueden legitimar las tomas y el no respeto a la propiedad privada, además también se ha dicho que muchos de los campamentos son lugares que promueven el microtráfico.