Una delegación de la directiva de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se reunió este viernes con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, para abordar la preocupación del sector por la contratación de servicios de monitoreo de prensa (clipping) que operan sin las licencias de los medios de comunicación, lo que acusan es “una directa infracción de la ley de propiedad intelectual”.

En el encuentro, la ANP entregó un detallado informe a la líder gremial, exponiendo los riesgos legales, económicos y reputacionales a los que se exponen las empresas que utilizan estos servicios ilegales. La Asociación enfatizó que esta práctica no solo constituye una apropiación indebida del trabajo periodístico, sino que atenta contra los principios de competencia leal, ética empresarial y buena gobernanza corporativa que la propia CPC promueve.

“El uso no autorizado de contenidos es una vulneración flagrante a la Ley de Propiedad Intelectual N° 17.336. Las empresas periodísticas invierten enormes recursos en generar información de calidad, un activo que está legalmente protegido“, señaló la ANP. ”Una compañía que contrata un proveedor de clipping ilegal se convierte en partícipe de un ilícito y fomenta un mercado que perjudica la sostenibilidad del periodismo, un pilar fundamental para la democracia y la transparencia“, agregó.

La ANP alertó que la situación es aún más delicada con la entrada en vigencia de la nueva Ley sobre Delitos Económicos. Esta normativa califica expresamente las infracciones a la propiedad intelectual como delitos económicos cuando se cometen en beneficio de una empresa. Esto expone tanto a las compañías como a sus directivos a duras sanciones, que incluyen multas millonarias, la prohibición de celebrar contratos con el Estado e incluso la disolución de la persona jurídica.

“No se puede, por un lado, defender la probidad y la ética, y por otro, construir la inteligencia de negocios sobre la base de información obtenida ilegalmente. Es una contradicción insostenible que compromete la integridad y la reputación de cualquier empresa“, sostuvo la delegación de la ANP.

Ante esta situación, la asociación hizo una invitación a la comunidad empresarial a actuar con la máxima diligencia, instando a las empresas a auditar a sus proveedores de monitoreo para verificar la legalidad de sus fuentes. Se recomendó exigir acreditación formal y contratos de licencia que demuestren la debida autorización de los medios, así como incluir cláusulas explícitas de cumplimiento y resguardo de la propiedad intelectual en todos sus contratos de servicios de información.