El desalojo de la toma ubicada en la Quebrada de la Zorra, en Cerro 18 de Lo Barnechea, dejó tres personas detenidas, un carabinero lesionado y diversos incidentes que marcaron el inicio del operativo durante la mañana de este martes y que al cierre de esta edición -13:30 horas- continuaba. El proceso comenzó a eso de las 6:00 horas para retirar a 30 familias asentadas hace años en un sector declarado de alto riesgo por Bomberos y por informes técnicos municipales.

En la jornada participó la Delegación Presidencial de la RM, junto a 128 Carabineros, Techo-Chile y 86 funcionarios municipales. A ellos se agregó maquinaria pesada y de transporte de enseres de personas.

El coronel de Carabineros Jaime Parraguez confirmó que el funcionario lesionado presentó una contusión leve en una mano y que el operativo enfrentó resistencia desde los primeros minutos. “Al momento de llegar Carabineros para hacer efectiva la ordenanza municipal, presentaron oposición con el lanzamiento de elementos contundentes y alterando el tránsito vehicular mediante barricadas. Serían entre 25 y 30 personas las que están protagonizando los disturbios”, señaló.

Aun así, indicó que la policía logró iniciar el retiro de enseres “de manera ordenada y en coordinación con el municipio”.

Uno de los hechos que más preocupó a las autoridades fue la apertura irregular de las llaves de dos piscinas forestales ubicadas en el sector. Estas estructuras, construidas para apoyar el combate de incendios en una zona donde los carros de Bomberos no pueden acceder, quedaron vacías durante los incidentes.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que “esas piscinas fueron desocupadas de manera irregular, lo que impide cualquier intervención ante un amago de incendio y aumenta el riesgo para las familias”. Añadió que serán rellenadas una vez concluido el operativo.

Durán insistió en que el desalojo no fue improvisado. “Desde hace ya largo tiempo se ha venido trabajando con las familias con el propósito de generar un proceso programado. Incluso hasta ayer hubo equipos municipales al interior de la toma explicando la situación. Varias familias se retiraron antes, especialmente durante el fin de semana”, dijo. Según detalló, el plan incluye apoyo con arriendos, albergues temporales, acompañamiento social y camiones para trasladar los enseres.

Hacia el mediodía, el ambiente se encontraba más controlado. Carabineros mantenía puntos de seguridad en los accesos mientras los funcionarios municipales cargaban muebles, electrodomésticos y estructuras de madera en los camiones destinados al traslado. Parraguez aseguró que, pese a las dificultades iniciales, “hemos tenido cooperación de la gente para retirarse, aunque hay familias que ha costado un poco más socializar el retiro”.

Pero en medio del operativo, una adolescente de 16 años se acercó a los medios para expresar su molestia por el desalojo en estas fechas: “Me sacaron de mi casa obligadamente para las fechas de Navidad y de Año Nuevo”, afirmó, acusando que “al alcalde se le ocurrió sacarnos en esta fecha”.

La joven aseguró que quedará “en la calle con mi mamá, con frío y con hambre”, y cuestionó la ausencia de diálogo previo y criticó el funcionamiento del subsidio de arriendo ofrecido por el municipio. “Se demoran caleta en pagarlo: pagan un mes y después hay que estar yendo a la municipalidad todos los meses para que lo paguen”, señaló, agregando que su familia no permanecía en el lugar por gusto: “Nosotros no estamos en una toma porque queramos”.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, defendió la ejecución del procedimiento. “La municipalidad viene trabajando hace mucho tiempo con las familias. Se incorporó a Techo, a la Delegación Presidencial y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque tenemos un asentamiento precario que lleva 3, 4 o 5 años en un sector altamente riesgoso para la vida y la integridad de las personas”, afirmó.

Según dijo, las notificaciones se enviaron mediante carta certificada con 30 días de anticipación y se les ofreció un subsidio de arriendo extraordinario (de $ 340.000 mensuales) por hasta 24 meses, además de apoyo en mudanza y bodegaje. “Es el único subsidio de este tipo en el país”, dijo, recalcando que no es obligación del municipio entregarlo.

Asimismo, enfatizó que “nadie puede saltarse la ley” y que la municipalidad tiene la obligación de actuar en un asentamiento “completamente irregular”.

En los informes técnicos entregados por el municipio y por Bomberos, se describe que la Quebrada de la Zorra presenta riesgo de inundaciones, deslizamientos e incendios, y que no permite una respuesta oportuna ante emergencias debido a la precariedad de los accesos.

En paralelo, equipos de la DIDECO y de programas sociales del municipio comenzaron a recorrer casa por casa para catastrar las viviendas pendientes. “Comenzamos con bastante resistencia, pero poco a poco, con el apoyo de Carabineros y de nuestros trabajadores sociales, se ha ido avanzando. De las treinta casas, ya llevamos la mitad catastrada y estamos comenzando el proceso de desarme”, explicaron desde el equipo municipal desplegado en el lugar. Según detallaron, esta jornada corresponde a la segunda fase de un plan de cinco etapas diseñado para despejar por completo la quebrada.

La municipalidad sostuvo, además, que más de 30 familias ya habían aceptado los beneficios y comenzaron una reubicación progresiva hacia sectores seguros.