Si bien durante la jornada del sábado 25 de abril se conoció públicamente la determinación del Ministerio de Seguridad de invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en contra de tres imputados formalizados por la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, las defensas no fueron notificadas de la acción. Esto, porque en la audiencia de formalización no se les pidió ni aportaron sus correos.

Sin embargo, este lunes, cuando se revisaron en la Corte de Valdivia las apelaciones presentadas por Seguridad y el Ministerio Público para conseguir medidas cautelares más intensas contra los universitarios detenidos, los defensores tomaron conocimiento formal de la medida impulsada por la cartera que lidera la ministra Trinidad Steinert.

De inmediato, como pudo conocer este medio, repararon en que el Ministerio de Seguridad no tiene atribuciones para invocar la LSE, a pesar de que la ampliación había sido declarada admisible por parte del juez de garantía Fabián Duffau. De acuerdo con el análisis de diversos abogados expertos en la matería, dicha prerrogativa es exclusiva del Ministerio del Interior y los delegados presidenciales.

En ese momento, sin embargo, los defensores penales públicos -Juan Pablo Alday y Luis Soto- que representan a Pablo Vásquez y María Jesús Madariaga advirtieron que el plazo para reponer o apelar respecto de la admisibilidad de la ampliación de la querella estaba vencido, pese a que no habían sido notificados.

Ante ello, ese mismo lunes ambos defensores ingresaron un escrito al tribunal solicitando se les otorgara un plazo de un día extra para hacer sus alegaciones, recalcando que no procedía que se diera validez a una acción del Ministerio de Seguridad para la cual no estaba facultado.

“Siendo notificados el día 27 de abril de 2026, solicitamos se nos otorgue un nuevo plazo de un día a efecto de deducir recurso de reposición en contra de la resolución que declara admisible la ampliación de la querella, dado que la falta de notificación de la resolución que la declaró admisible no es atribuible a ninguno de los defensores los cuales no fueron notificados de la resolución una vez dictada y que solo el día 27 de abril de 2026 han tomado conocimiento de la solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y de la resolución recaída en su presentación”, se lee en el mencionado documento.

Junto con ello, adelantan sus intenciones de reponer, dado que estiman que Seguridad no está facultada. El escrito cita el artículo 26° de la LSE y el artículo 3° letra a) del Decreto Fuerza de Ley 7912.

“Nos encontramos ante una normativa clara que establece que quienes podrán deducir querella respecto de los delitos de la ley 12.927 es el ministro o ministra del Interior, además de los delegados o delegadas presidenciales regionales, norma que, precisamente está contenida en la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, lo que refuerza la interpretación de que el legislador quiso dejar patente que una facultad tan seria como la contenida en la LSE sólo la podría ejercer el ministro del Interior o los delegados presidenciales”, se lee en el documento.

Pese a lo expuesto, el juez Duffau no accedió a la petición, estimando que los abogados habían sido notificados por el estado diario y que el plazo estaba agotado. Debido a ese portazo, los defensores insistirán ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

De esta manera será el lunes que los representantes de la Defensoría ingresarán un recurso de amparo, argumentando nuevamente lo referente al plazo e insistiendo en que, de aprobarse esta ampliación de querella por LSE, se abre un escenario complejo, ya que se validaría que una entidad que no tiene facultad pueda interponer acciones de este tipo y así buscar la privación de libertad en la cárcel de los imputados. De prosperar ese camino, recalcan los defensores, se estaría ante uan situación totalmente desproporcionada e irregular.