El lunes tres estudiantes fueron formalizados por la agresión que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en dependencias de la Universidad Austral de Chile, a inicios de abril.

Se trató de Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, quienes quedaron con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

Pero en la instancia, tempranamente el abogado Joaquín Pizarro, que representó al Ministerio de Seguridad, anunció que estaban analizando ampliar la querella interpuesta bajo la teoría de que el delito en cuestión no era simplemente el de atentado contra la autoridad, sino que podría tratarse también de un secuestro.

La ampliación se materializó durante la semana. Pero para la sorpresa de los intervinientes en el proceso, el Ejecutivo, específicamente la cartera encabezada por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado, normativa que se utiliza en situaciones muy específicas y excepcionales.

Por ejemplo, se invocó dicha prerrogativa en querellas presentadas por el Ejecutivo en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019, ante paralizaciones de camioneros en 2022, y también por violencia en la Macrozona Sur el mismo año.

En esta oportunidad, frente al caso de la ministra de Ciencias, se cita el artículo 5° letra b de la disposición, que sanciona a “los que con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad privaren de libertad a una persona, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. Si el secuestro durare más de cinco días, o si se exigiere rescate o se condicionare la libertad en cualquiera forma, la pena será de presidio mayor en su grado máximo".

Lo anterior, como ya había expresado el abogado que representa como querellante a Seguridad, en virtud de que la ministra estuvo cerca de dos horas al interior del Aula Magna de esa casa de estudios sin poder salir debido a las manifestaciones que se estaban generando en su contra y porque los estudiantes bloquearon los accesos.

El problema, a juicio de intervinientes consultados por este medio, es que en el texto de la acción penal, desde el Ministerio de Seguridad no se aportaron mayores antecedentes nuevos, distintos a los expresados en la querella que inicialmente ingresaron por atentado contra la autoridad.

De acuerdo con las mismas fuentes, esto podría generar dificultades cuando la Corte de Apelaciones de Valdivia deba pronunciarse, ya que además se apeló respecto de la resolución del juez Pablo Yáñez que rechazó decretar la prisión preventiva de los imputados. La resolución del magistrado era previsible debido a que los imputados tienen irreprochable conducta anterior y el delito imputado tiene asociado una pena bajísima.

En concreto, como se advierte en el texto de la ampliación de querella -ingresada por los abogados Joaquín Pizarro y Vicente Canales-, se citan algunas declaraciones que a juicio del Ejecutivo permitieron invocar la Ley 12.927. Se cita, en ese sentido, el testimonio de Saúl Parra Fuentealba, supervisor de seguridad de la Universidad Austral de Chile, quien señaló que un grupo numeroso de manifestantes “se abalanzaron sobre la autoridad al momento de su salida, procediendo a agredirla mediante lanzamiento de líquidos, intentos de agresión física y empujones, obligando a su evacuación inmediata bajo protección”.

Asimismo, suman la declaración del jefe de gabinete del rector, Germán Ovando, quien declaró en la misma línea; la de Erwin Mellado, conductor de la Gobernación Marítima de Valdivia, quien refiere que los manifestantes rodeaban el edificio y se desplazaban coordinadamente; la de la delegada presidencial Vicky Carrasco; la del rector Egon Montecinos, que insistió en que estudiantes bloquearon salidas; la del reportero Miguel Ángel Bustos; y la del estudiante Mauro Villanueva, que hizo hincapié en que la movilización en contra de Lincolao había sido convocada previamente.

“Los testimonios de las personas en los numerales 1 a 6, junto con la declaración de la señora ministra permiten identificar que, la conducta desplegada por los supuestos manifestantes fue encaminada a privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida. La declaración del testigo 7 da cuenta de que existía una organización previa para llevar a cabo un actuar político frente a la ministra, el cual tenía una agenda específica encaminada a criticar el actuar del gobierno y de la cartera ministerial", se lee en el acción que fue declarada admisible el 22 de abril por parte del juez Fabián Duffau.

Pero estos elementos, según quienes han seguido el proceso, han sido expuestos desde el mismo día de los hechos, por lo que intervinientes recalcan que no hay mayor variación para ahora buscar que se encause a los imputados por Ley de Seguridad del Estado.

En medio de la indagación realizada por la PDI en coordinación con la Fiscalía Regional de Los Ríos, ya se había establecido que los universitarios formalizados gritaron improperios, empujaron y lanzaron agua a Lincolao, quien debió huir hacia un vehículo con ayuda de un oficial de la Policía de Investigaciones y otro de la Armada.