El pasado miércoles 30 de julio la jueza Irene Rodríguez, investigada por la liberación del sicario Alberto Mejía, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Regional Occidente para declarar una vez más ante el fiscal Marcos Pastén.

Inicialmente, la hoy suspendida magistrada había entregado su versión de los hechos la semana del 14 de julio, en calidad de testigo, y también hizo entrega voluntaria de sus aparatos tecnológicos para que fuesen revisados en medio de la indagatoria.

Pero la semana pasada, tras analizar nuevos antecedentes y con el objetivo de solicitar medidas intrusivas en contra de la magistrada, el persecutor modificó la calidad procesal de la profesional y volvió a citarla, ahora como imputada.

Pese a que al ser imputada tiene derecho a guardar silencio, ella optó por un camino distinto. Compareció sin abogado, pues inicialmente optó por “defenderse sola” -según transmitió a este medio- y accedió a declarar por segunda vez, además de autorizar el alzamiento de su secreto bancario.

Sin embargo, tras reunirse con representantes de la Defensoría Penal Pública, optó por ser representada por uno de los abogaos del organismo.

Lo anterior, según ha podido recabar La Tercera, porque el Ministerio Público analiza por estos días formalizar la investigación y ahí requeriría mayor asistencia jurídica. Eso sí, de acuerdo con la normativa vigente, si la Fiscalía quisiese pedir medidas cautelares a su respecto, primero tendría que tramitar una querella de capítulos en su contra ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el marco de esta indagatoria, además, hay otros ocho imputados: una funcionaria del Poder Judicial y siete gendarmes.

Los delitos

Hasta el momento la jueza Irene Rodríguez es imputada por el delito de prevaricación culposa. Lo anterior por lo que a juicio del Ministerio Público fue su actuar negligente ante el caso del sicario, ya que se ha estimado que no hizo lo suficiente para impedir el error.

Producto de las diligencias, se estableció que en lugar de haber corregido la resolución respecto a la prisión preventiva -que tenía un error en el apellido del imputado- debió haber utilizado otro mecanismo.

Si bien se ha dicho que esas órdenes son fruto de “documentos tipo”, y que no se pueden hacer simples enmiendas a los escritos, los investigadores observaron otras opciones que habilitaban la modificación de resoluciones con errores de tipeo.

Por lo mismo, ahora se busca despejar las razones, lo que incluye la revisión de las cuentas de la profesional. Esto, para determinar con certeza si solo hubo negligencias o si pudo haber pagos por la gestión, lo que implicaría un actuar doloso y otros delitos.

En el caso de los gendarmes, en tanto, se ha precisado que se les vincula como imputados por no haber advertido del error que implicaba liberar al sujeto. Esto, más allá de que la norma establece que no pueden cuestionar resoluciones judiciales.

En ese sentido, se advierte que justamente fue una gendarme la que alertó sobre el error en el nombre del imputado, pues en esas condiciones no podía hacer el ingreso.