El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el pasado viernes su acusación en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Sin embargo, con esa acción la entidad que preside el consejero Raúl Letelier no solo pidió más años de cárcel que el Ministerio Público, sino que además decidió presentar una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la imputada en sede civil.

En total pide restituir $ 32.659.480.445 por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude al Fisco y financiamiento personal con fondos municipales.

Para fundar la acción civil, el CDE -representado por el abogado Marcelo Chandía Peña- detalla que durante su gestión, Barriga “realizó, instruyó y consintió que se realizaran diversas maniobras defraudatorias del patrimonio público municipal a través de una estructura de disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendiente a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control internos y externos, establecidos por la ley para el resguardo y protección del patrimonio municipal, instalando en definitiva una política de gobernanza municipal fraudulenta”.

La demanda presenta varios hechos fundamentales por los cuales se pide la restitución de los fondos públicos: fraude al Fisco por sobre ejecución de gastos y mediante el pago indebido de remuneraciones, financiamiento personal con fondos municipales en lo referido a la contratación de una cuidadora, y al financiamiento de servicios jurídicos de carácter privado.

Sobre el fraude al Fisco, la CDE expone que la exalcaldesa no resguardó los fondos municipales, generó una falsa disponibilidad presupuestaria, eliminó las obligaciones de contabilidad y desfinanció al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), provocando un “daño y entorpecimiento” al servicio de aguas maipucino.

Asimismo, se detalla en los fundamentos de la acción civil que, en su calidad de alcaldesa, Barriga habría contratado como periodista a Andrea Monsalve, “a sabiendas de que no tenía dicha calidad profesional”, manteniéndola en la municipalidad sin realizar alguna labor y generando un perjuicio fiscal de $ 110.679.200.

Por último, el financiamiento personal que se encuentra en la demanda refiere a dos puntos: primero, a la contratación como funcionaria municipal que habría realizado la exalcaldesa de Andrea Fuentes, quien, “simulando su contratación como funcionaria municipal”, recibió pagos por cuidar a uno de los hijos de Barriga y el diputado Joaquín Lavín León; y también por la apropiación de $ 5.405.918 de la municipalidad “para la tramitación y seguimiento de causas judiciales personales”.

Junto con Barriga, la acción civil de la CDE también se interpuso en contra de Andrea Díaz, Ana María Cortés, Matías Silva, Lucía Carrillo, Juan Carlos Quezada, Bastián Baez y Andrea Monsalve. Todos ellos también están involucrados en el presunto desfalco millonario de la exalcaldesa en Maipú y son quienes, a juicio del CDE, deberán restituir parte del monto con el cual se habría perjudicado al Fisco.

Todo esto se ventilará en el propio juicio oral, en paralelo a la causa penal que lleva adelante la Fiscalía. El próximo paso es una audiencia con la cual se podrían iniciar las audiencias de preparación de juicio oral o eventualmente, a petición de la defensa de Barriga, discutir la reapertura de la indagatoria.