El viernes 25 de julio el equipo de abogados que está representando a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco recibió una notificación relevante.

A través de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la exsuprema fue notificada de que la denuncia que ingresó en contra del Estado de Chile por “vulneraciones gravísimas al debido proceso” fue acogida a trámite.

“Cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al gobierno de Chile y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que presente sus observaciones”, se lee en el documento.

La denuncia de Vivanco hace referencia al proceso que se activó en su contra para expulsarla del Poder Judicial. Esto debido a los chats que mantuvo con el penalista Luis Hermosilla y que salieron a la luz luego de que explotara el caso Audio.

Tras ese escándalo, Vivanco fue destituida por el pleno del máximo tribunal como resultado de un cuaderno de remoción exprés que se inició por parte de sus excolegas. Eso sumado a la acusación constitucional que presentaron diputados en su contra y que derivó en su destitución por parte del Senado.

Una acusación que se tramitó en un 2x1 ya que la Cámara, en un mismo libelo acusatorio, unió el caso de Vivanco con la acusación por hechos totalmente distintos en contra del también exsupremo Sergio Muñoz.

“Confío en que ante esta instancia internacional imparcial pueda darse adecuada protección de los derechos que considero afectados”, afirmó Vivanco tras ser notificada.

El equipo de abogados de Vivanco en la sede interamericana está integrado por Fernando Toller, Ignacio Boulin, Lucas Gómez y Fabiola Cantú. Se trata de un equipo de litigación internacional, todos académicos de la Universidad Austral de Buenos Aires.

En la denuncia de Vivanco se reclama la vulneración al debido proceso y garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, derecho a la protección de la intimidad y de los datos y comunicaciones privadas, derecho al trabajo y al principio de legalidad e interpretación y aplicación adecuada y razonable de las normas que regulan derechos.

Este es solo un paso inicial en una tramitación que suele ser larga. Una carrera de varios años que ahora pasará por el examen de admisibilidad de la CIDH. El proceso incluye la opción de que alguna de las partes explore una solución amistosa y, en caso contrario, deberá ser la CIDH la que decida en el futuro si este caso lo eleva para que sea resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El que también recurrió a la CIDH es el exministro Muñoz, quien no fue removido por el pleno de la Suprema, pero sí fue destituido por el Senado. Muñoz fue acusado por hechos que nada tenían que ver con el Caso audio que destapó Hermosilla.

El influyente exjuez del máximo tribunal -representado por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz, Jennifer Alfaro, Amanda de la Fuente, Antonia Urrejola y Andrés Manhke- también denuncia vulneración al derecho al debido proceso.