El concejal Juan Carlos Prado -quien compitió por su escaño por RN, pero ahora es militante UDI- presentó una querella contra el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) por el presunto delito de malversación de caudales públicos argumentando que el jefe comunal debió financiar los honorarios de su defensa penal -en una causa por calumnias e injurias de 2024- con sus recursos y no con dineros de la municipalidad.

Según el concejal -que presentó la querella representado por el coordinador de los asesores de la bancada de senadores UDI, el abogado Giovanni Calderón- el artículo 18 del estatuto administrativo para funcionarios municipales dispone que “los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.

Ese es el fundamento que utiliza Prado en su acción judicial ingresada recientemente. “Una de esas irregularidades consiste en haber contratado a un estudio privado de abogados, denominado Asesorías Bascuñan, Barra, Awad, Contreras y Schürmann, a los que se les pagó por defender al alcalde en un juicio por calumnias e injurias graves iniciado en una querella presentada por don José Luis Rifo Bazán, por unas declaraciones del alcalde en su contra en un programa de televisión”, explica Prado.

“Si bien los funcionarios municipales, incluido el alcalde, pueden ser defendidos en juicios penales por abogados financiados con fondos públicos, como es lógico eso sólo es posible cuando el funcionario es víctima del delito. No cuando es el autor, como en este caso” agrega el concejal.

En sus palabras Prado hace referencia a otra querella, de septiembre de 2024, ingresada por Rifo en contra de Vodanovic por el delito de calumnias e injurias ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. Esa antigua acción penal reprocha la entrevista que dio Vodanovic el 4 de septiembre de 2023 en el programa Contigo En Directo de televisión Chilevisión por un asesinato ocurrido al interior del restaurante Casona Green Bull.

En ese diálogo el jefe comunal deslizó la responsabilidad de Rifo -el representante legal del restaurante- en la muerte del joven. “Lamentablemente, la irresponsabilidad y la desobediencia, tanto de Mid Mall como quien administraba esta casona, tiene lamentablemente una víctima fatal”, dijo Vodanovic en esa entrevista.

Respecto de esa querella, Vodanovic fue representado penalmente por Alejandro Awad. Esa causa no prosperó ya que el 9 de diciembre de 2024 los intervinientes arribaron a una conciliación luego de que Vodanovic presentara sus excusas. "Solamente reiterar, bueno, mis disculpas si las declaraciones que yo emití pueden haber ofendido a alguien. Sí creo que es importante aclarar que jamás imputé responsabilidad de una persona determinada“.

Pese a que se decretó el sobreseimiento definitivo, la parte querellante buscó una nueva acción en la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa segunda instancia Vodanovic también fue repreentado por Awad. Finalmente en febrero de este año el tribunal de alzada capitalino confirmó la sentencia de primera instancia.

Awad forma parte del mismo estudio de abogados que representa a la municipalidad en las acciones penales que Maipú ha seguido contra la exalcaldesa Cathy Barriga. Por eso Prado cuestiona la defensa realizada a Vodanovic: “Llama poderosamente la atención que la oficina de abogados privados contratada por el alcalde Vodanovic para defenderlo en una causa también privada, sea el mismo al cual se le han pagado decenas de millones de pesos en otras causas penales y que se destinen tantos recursos municipales a estos fines que poco y nada tienen que ver con las necesidades de los maipucinos”.

La versión del municipio

Consultado al respecto, desde la Municipalidad de Maipú señalaron a La Tercera que “la contratación de la defensa jurídica del alcalde Tomás Vodanovic para efectos de la causa mencionada, y en la cual fue sobreseído definitivamente, se realizó conforme a lo establecido en la legislación vigente y a la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República”.

Sobre la causa, sostuvieron que se originó “a partir de declaraciones emitidas por el alcalde en su calidad de autoridad comunal, en el contexto del cumplimiento de funciones públicas y referidas al funcionamiento municipal”.

Por lo mismo destacaron que como lo establece el artículo 88 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y que se aplica para los alcaldes “corresponde a la municipalidad proveer defensa jurídica a sus autoridades cuando éstas son objeto de acciones judiciales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Esta interpretación ha sido reafirmada por la Contraloría en múltiples dictámenes, señalando que es deber institucional evitar que un funcionario asuma personalmente las consecuencias legales de decisiones adoptadas en el marco de su rol público”.

“La contratación del estudio jurídico cumple con los requisitos legales y se encuentra plenamente justificada. Negar esa defensa, en consecuencia, habría desprotegido institucionalmente a la jefatura comunal en un caso judicial directamente relacionado con su ejercicio de autoridad”, concluyeron.

Además quienes saben de esto cuentan que los mismos hechos de la querella del concejal fueron denunciados hace seis meses por Cristóbal Bonacic, el defensor de la exalcaldesa Cathy Barriga en su causa penal.

En el marco de ese caso, Bonacic expuso estos mismos antecedentes a la fiscal Constanza Encina. La persecutora los elevó en su jurisdicción y luego se derivaron a la Fiscalía Occidente que ya tiene abierta una indagatoria. Incluso el Ministerio Público ya despachó un requerimiento de información a la municipalidad, entidad que expondrá a través de esa vía los antecedentes para justificar dichos honorarios judiciales.

Además el alcalde fue notificado de la querella por calumnias de 2024 justo cuando había dejado la alcaldía para dedicarse a la campaña para su reelección.

Incluso la primera audiencia de esa causa se llevó a cabo cuando Vodanovic estaba fuera del sillón municipal y los honorarios por esa audiencia fueron financiados con sus recursos justamente para evitar reproches. Luego, cuando asumió su segundo mandato y volvió a su cargo público de alcalde, los honorarios de la defensa se pagaron por parte de la municipalidad.