Por hechos que califican como gravísimos y que implicarían notable abandono de deberes, los concejales de San Bernardo Juan Francisco Rivera (republicano), Carolina Fuentealba (republicana), María Jesús Núñez (republicana) y Mariela Araya (UDI), acompañados del diputado Juan Irarrázaval (republicano), ingresarán en las próximas horas un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional de la Región Metropolitana para que el alcalde Christopher White (PS) sea cesado en el cargo.

Como se lee en la solicitud de destitución -a la que tuvo acceso La Tercera-, White, a juicio de los requirentes, habría incurrido en una serie de omisiones y actuaciones que han generado un “grave perjuicio patrimonial a la comuna”.

En los principales antecedentes, los ediles exponen que los registros dan cuenta de abultadas deudas por no pago de cotizaciones previsionales de la Corporación Municipal de Educación y Salud, lo que superaría los $1.900 millones, además de intereses, multas y juicios en curso. Asimismo, acusan que en 2022 se suscribieron convenios y contratos colectivos sin respaldo presupuestario suficiente, generando un déficit financiero superior a los $3.300 millones.

En el mismo sentido, se acusa al alcalde como responsable del embargo de bienes municipales como consecuencia de juicios laborales, por omisiones en la entrega de información y rendiciones, y por uso indebido de fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

“La gestión del alcalde White ha cruzado todos los límites de la irresponsabilidad. No estamos hablando solo de errores administrativos, sino de un abandono total de la función pública y del compromiso con los vecinos. Este requerimiento no hace más que evidenciar la profunda crisis de gestión que atraviesa esta administración”, aseguró el concejal Rivera.

A ello, la concejala Araya agregó que “el alcalde White generó millonarias deudas con los profesores y asistentes de la educación de San Bernardo firmando convenios colectivos de manera negligente y a sabiendas impagables. Esta acusación por notable abandono viene a hacer justicia con miles de estos trabajadores a los que se les han vulnerado en forma reiterada sus derechos laborales”.

El diputado Irarrázaval, en tanto, calificó los antecedentes como “de la máxima gravedad”, y afirmó que “no se puede permitir que se vulneren los principios de probidad y responsabilidad fiscal. Cuando se comprometen recursos públicos y se afectan los derechos de los trabajadores, la ley debe aplicarse con todo su rigor”.

El requerimiento

De acuerdo con la Ley de Municipalidades, un requerimiento de este tipo debe ser ingresado por al menos un tercio de los concejales en ejercicio. En este caso, lo suscriben cuatro de los 10 ediles que integran el concejo.

En el requerimiento de 83 páginas afirman que los incumplimientos se verifican en diversos antecedentes como la auditoría realizada por la Contraloría, la auditoría externa realizada por la empresa Keystone Rojo y Asociados Ltda., los juicios seguidos en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, las órdenes de embargo decretadas por los tribunales en bienes municipales, los informes proporcionados por la Dirección de Control de la Municipalidad de San Bernardo.

Las infracciones, en términos generales, según los concejales corresponderían a "vulneraciones a las normas de probidad administrativa por incumplimiento del deber de supervigilancia inherente a su cargo". De acuerdo a los requirentes, bajo la administración del militante socialista ha existido un "patrón sistemático de negligencia y vulneración de deberes legales esenciales".

Los concejales advierten que han existido vulneraciones a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, específicamente por uso indebido de recursos del Programa de Integración Escolar (PIE) para fines distintos a los establecidos legalmente. También incumplimientos a la ley sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, a propósito de traspasos irregulares de recursos entre nueve cuentas corrientes exclusivas. A eso se suman omisiones expresamente tipificadas como notable abandono de deberes por infracciones a las obligaciones de cuenta pública anual.