Con fecha 6 de enero, la Contraloría emanó el informe donde dan por acreditadas una serie de irregularidades cometidas por el director del Hospital San José de Melipilla, Óscar Vargas, y que derivaron de una indagación que se inició tras la denuncia del diputado Juan Irarrázaval (Republicano).

Como informó este medio, en julio el parlamentario advirtió que el médico habría realizado una serie de intervenciones quirúrgicas privadas al interior del hospital que dirige, utilizando recursos públicos en beneficio propio. Y, además, que habría desempeñado funciones clínicas en recintos particulares durante su jornada laboral en el hospital, vulnerando su deber de dedicación exclusiva.

Tras meses de indagación, el organismo dirigido por Dorothy Pérez, acreditó que hubo varias infracciones, por lo que no sólo ordenó que Vargas restituyera dineros fiscales, sino que también dispuso que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente deberá realizar un sumario para dilucidar eventuales responsabilidades administrativas.

Como se lee en el informe del ente contralor, producto del examen de los registros de control de asistencia del director, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025, se verificó que no había catastro de entradas y/o salidas y que incurrió en atrasos y salidas anticipadas, “sin que conste que en tales ocasiones haya hecho uso de permiso con goce de remuneraciones, permisos compensados, feriado y/o licencia médica”.

Asimismo, respecto a la realización de actividades clínicas del profesional en el centro hospitalario -para la cual se revisaron registros de pabellones y partos registrados-, el informe sostiene que no se pudo verificar la compensación del tiempo efectivamente utilizado en dichas actividades o, en su defecto, el reintegro de lo percibido por el tiempo no trabajado, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la ley N° 18.834.

En lo relativo al cumplimiento de la dedicación exclusiva, sigue el documento de 41 páginas, se determinó que, “durante el año 2023, el analizado profesional realizó actividades clínicas en el HSJM, las que sumadas a las que habría realizado en la clínica San Agustín, excederían las 12 horas semanales autorizadas para dicho efecto".

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) —del cual depende el hospital— reconoció las tres situaciones detectadas por la Contraloría y ordenó al director del establecimiento reintegrar la suma de $ 10.284.178, correspondiente a 23 horas utilizadas en cirugías, 199 atrasos y salidas anticipadas, y 12 horas que excedían las horas clínicas autorizadas, todo ello entre enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.

Pero sin perjuicio de que dicho reintegro se produjo en diciembre pasado, Contraloría hizo presente que no se ha acreditado el cumplimiento efectivo de la totalidad de la jornada laboral del director, razón por la cual instruyó al SSMOCC iniciar un procedimiento disciplinario.

El Servicio, dice el organismo, “deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos observados, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República una copia del acto administrativo que disponga su inicio, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente documento. Además, tan pronto concluya aquel proceso, tendrá que enviar la resolución que lo afine para su control previo de legalidad”.

Adicionalmente, el informe ordenó al Hospital San José de Melipilla adoptar una serie de medidas correctivas y de regularización administrativa. Entre ellas, se establece un plazo de 60 días hábiles para remitir un instructivo que apruebe un manual de procedimiento que regule la atención de pacientes particulares, instrumento que no existía al momento de la denuncia.

Consultado respecto de las determinaciones de Contraloría, el diputado Irarrázaval aseguró que “esto confirma que la denuncia tenía fundamentos sólidos y que aquí no hubo interpretaciones arbitrarias. Se vulneraron principios básicos de probidad y se incumplieron normas esenciales que regulan el uso de recursos públicos y la función directiva en el sistema de salud. Cuando una autoridad utiliza su cargo en beneficio propio, se daña gravemente la confianza de las personas en las instituciones”.