La Contraloría General de la República (CGR) detectó incumplimiento en la normativa de inhabilitación para cargos que involucren una relación directa y habitual con menores.

En el Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº19, el organismo fiscalizador dio cuenta que entidades públicas no cumplían con la normativa ya que según explicaron, el Decreto Ley N° 645, de 1925, regula el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, que cuenta con dos secciones especiales: “Inhabilitaciones Perpetuas” e “Inhabilitaciones Temporales”.

La Contraloría especificó que esto señala que toda institución que requiera contratar o designar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores, deberá solicitar la información relativa a “si la persona se encuentra afecta a la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen relación directa y habitual con menores”.

Ante ello, el organismo indicó que se detectó en 2025 a 33 personas -y 35 casos en total- inhabilitadas para trabajar con menores como contratadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.

De estos, las entidades que mantenían contratos con personas inhabilitadas son los municipios de El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Quinta de Tilcoco, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, El Monte, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Concepción, La Pintana, Lago Ranco, San Javier, Mariquina, Lumaco, Illapel y Peralillo.

En esa línea, otras instituciones detectadas que incumplían la normativa son el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía, corporación municipal de Deportes de La Pintana, Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, corporación municipal San Miguel, SLEP Maule Costa, Corporación Cultural de La Municipalidad de Pichidegua, Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, SLEP Valdivia, Corp. Municipal de Desarrollo Social de Nuñoa y SLEP de Atacama.

Además de ello, entre 2020 y agosto de 2025, se observaron 164 casos de personas inhabilitadas que aparecen como contratadas para ejercer funciones públicas con contacto directo y habitual con menores.

De estos casos, se detalla que 12 son de 2020, 17 de 2021, 26 en 2022, 33 en 2023, 41 en 2024 y, finalmente, 35 en 2025 (hasta el mes de agosto).

Según relataron del organismo, son 72 entidades las que realizaron la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores. La mayor cantidad de los cargos y funciones relacionadas con menores de edad son en el ámbito escolar: profesor, asistente de la educación, auxiliar de aseo.

Ante esto, Contraloría ordenó acciones derivadas como:

• Las entidades que actualmente mantienen vínculo jurídico con personas con inhabilitación absoluta perpetua en la materia, deberán dar inmediato cumplimiento a la normativa citada. Para tal fin tendrán que considerar lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 18.575, tanto respecto de las remuneraciones pagadas a la persona inhábil como de las responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en su nombramiento.
• Iniciar el procedimiento disciplinario respectivo, para determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del anotado artículo 6 bis del Decreto Ley N° 645, de 1925, remitiendo el acto administrativo que inicia dicho sumario.

Las acciones realizadas deberán ser reportadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de la Contraloría, en el plazo de cinco días hábiles.