El exministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó este sábado la intensa búsqueda del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, quien cuenta con una orden de captura nacional e internacional por los delitos de homicidio y secuestro.

El exfrentista, quien lleva cuatro días prófugo tras perder su condición de refugiado político en Argentina, es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards.

En conversación con T13 Finde, Cordero se refirió a las críticas que enfrentó mientras era titular de Seguridad de parte del actual oficialismo, quienes acusaron que el anuncio de una “extradición inminente” -hecho por Cordero días antes del cambio de mando- creó una supuesta “ventana de tiempo” que facilitó la fuga de Apablaza.

“Tratar de inducir que producto de la respuesta que dio el gobierno a la prensa está la fuente del anuncio de la extradición de Apablaza me parece un exceso retórico y algo fantasioso”, acusó.

Cordero argumentó que el gobierno chileno no se anticipó, sino que reaccionó a información que ya era pública en Argentina desde mediados de febrero. “La declaración del gobierno fue posterior a las declaraciones de la autoridad argentina, el Ejecutivo no anunció antes”.

“El gobierno tomó varias precauciones con el propósito de mantener una relación fluida con la autoridad argentina y no anticipar cuestiones respecto a las que el país no podía pronunciarse y que sí le correspondía a Argentina. Lo que nosotros respondimos fue a requerimientos de la prensa una vez que autoridades del gobierno argentino se pronunciaron”, señaló el extitular de Seguridad.

A pesar de que el ministro reconoció que el riesgo de fuga siempre estuvo en la evaluación de las autoridades argentinas, lamentó la señal que significa si no se logra dar con su paradero. “El que no se ubique pone en cuestión en algún sentido la agilidad del sistema de justicia para abordar este tipo de situaciones”, reflexionó Cordero.

En tanto, se refirió nuevamente al traspié comunicacional de la vocera de gobierno, Mara Sedini, quien señaló erróneamente que Apablaza estaba condenado. “Es un error, ella misma lo reconoció, pero tampoco es un error respecto al cual uno podría hacer una cuestión relevante”, desdramatizó.

Además, reiteró que era hacer una corrección en miras de que la defensa de Apablaza pudiera ocupar el argumento de que en Chile no hay garantía del debido proceso.

Ad portas del viaje del Presidente José Antonio Kast al país trasandino, siguen las presiones en ambos países para capturar a Apablaza.

Incluso el gobierno argentino anunció una recompensa de $20 millones -equivalentes a más de 13 millones de pesos chilenos- para quien aporte información que permita localizar y detener al exfrentista.

Situación de Steinert

La gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha estado bajo cuestionamientos tras la salida de la prefecta de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, a quien pidió su renuncia.

Sobre las dudas que generó esta remoción y las posibles instrucciones del Ministerio de Seguridad a la policía, Cordero enfatizó la necesidad de proteger la institucionalidad ante la citación del director de la PDI, Eduardo Cerna, al Congreso.

“La pretensión de que en esa comisión un director de la policía pueda dejar en entredicho un ministro de Estado es extremadamente compleja, significaría alterar una regla constitucional que es muy relevante y muy valiosa para el país”.

El ministro advirtió que las autoridades civiles deben resguardar el rol prevalente del poder civil sobre las policías para evitar precedentes negativos.