La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad que no dio a lugar a la modificación de las medidas cautelares de la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada por el Ministerio Público como autora de tres delitos consumados de fraude al fisco.

El tribunal de alzada acogió lo solicitado por su defensa, decretando su arresto domiciliario nocturno.

El cambio se da el mismo día que se conoció la acusación del Ministerio Público en la que se solicitan 10 años de cárcel para la expresidenta de Revolución Democrática.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza- revocó lo resuelto por el magistrado Andrés Santelices y acogió el recurso de apelación presentado por la defensa de la imputada.

Durante la formalización de la desaforada diputada, el pasado 12 de mayo, el Ministerio Público hizo la solicitud de la cautelar más gravosa, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juzgado entonces desestimó la petición de la Fiscalía de Antofagasta y fijó el arresto total de Pérez.

“En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial, es decir, una afectación mayor de derechos”, señala la resolución.

Desde este punto de vista, se plantea que “debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, en este caso la seguridad social y apareciendo en el estadio procesal, en el avance de proceso, con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, como por lo demás se ha dispuesto con todos los demás imputados en esta causa, se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa”.

Así, se dispuso una medida cautelar de privación de libertad domiciliaria parcial la que regirá entre las 20.00 y las 08.00 horas.

Según el ente persecutor, la imputada estaba en conocimiento del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras, entonces seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y pareja de la diputada en esos días, para suscribir tres convenios con el objetivo de intervenir en obras menores en campamentos de la ciudad de Antofagasta, sin llegar a ejecutar las obras.

Los convenios se suscribieron entre septiembre y noviembre de 2022 y representaron las transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre de 2022; $170.000.000, el 29 de noviembre de 2022, y $56.000.000 transferidos el 19 de diciembre de 2022.