En el entorno del rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, insistentemente señalan que fue en agosto de este año cuando, tras esperar infructuosamente que el Ministerio de Educación le entregara datos para validar las estimaciones del Ejecutivo en torno al FES, la autoridad tomó una decisión: no seguir esperando y encargar un informe interno sobre las implicancias del FES, sustentado en datos públicos que hubiera a la mano. La no entrega de datos, en todo caso, con la misma insistencia es desmentida puertas adentro en el Mineduc.

Como sea, lo cierto es que el estudio, al que tuvo acceso La Tercera, está viendo la luz esta semana. Fueron al menos diez los expertos y académicos de la casa de estudios que participaron de su elaboración, entre ellos los coordinadores Harald Beyer, exministro de Educación de Sebastián Piñera, y Andrea Repetto, economista y miembro de diversos consejos asesores presidenciales. También participaron Loreto Cox, Loreto Massanés, Josefa Aguirre, Ignacio Irarrázaval, Jorge Rodríguez, Verónica Santelices, Juan Pablo Montero y la vicerrectora económica Fernanda Vicuña.

“El informe está elaborado con una mirada de futuro no solo respecto de la UC sino también sobre el desarrollo de la educación superior. En ese sentido, da cuenta de la situación en la que se encuentra el país en esta dimensión, de los desafíos que enfrenta el sistema y da cuenta de por qué el FES no ayuda a abordarlos e incluso el riesgo de empobrecimiento del sistema”, dice Beyer, quien suma que del análisis es posible extraer “caminos de reforma del proyecto que podrían evitar efectos dañinos y contribuir a acuerdos que puedan darle sustento al proyecto”. Y cierra: “Con la misma claridad el informe deja que en claro que en su estado actual es muy dañino no solo para las instituciones sino que para toda la sociedad”.

La idea, según señalan en ese entorno de trabajo, era aportar evidencia clara y transparente respecto de aspectos en los cuales el proyecto de ley no ofrece certezas y, por el contrario, genera incertidumbre, como la adhesión de estudiantes, la viabilidad fiscal o cómo afecta la autonomía universitaria. En las entrañas de este proceso señalan que incluso puede ser mejorado si se les entregan los datos por parte de las autoridades.

Y así, tras casi tres meses de trabajo, el informe está siendo socializado con diversos actores de la educación superior, como autoridades universitarias, centros de pensamiento político y estudiantes y académicos de la UC.

“El sistema de financiamiento universitario requiere una revisión. La morosidad del CAE, las inequidades implícitas en la gratuidad, la escasez de recursos para la investigación y la definición de aranceles regulados son algunos elementos a revisar”, contextualiza, por su parte, Repetto, quien asevera que la propuesta del gobierno tiene elementos valiosos, “pero requiere ajustes para no comprometer la autonomía de las universidades y sus proyectos educativos. Al mismo tiempo, en un contexto de estrechez fiscal como el actual, es importante verificar que el proyecto no termine siendo deficitario y no comprometa aún más las finanzas públicas”.

Cercanos al proceso de elaboración del informe de casi 90 páginas señalan que el rector se involucró personalmente en revisar el trabajo y que revisó cada uno de sus elementos. “El rector está en contra de la ambigüedad en una materia tan compleja como ésta, la falta de evidencia y la ausencia de claridad en los supuestos sobre los cuales está cimentada la evaluación del proyecto”, señalan las mismas fuentes.

Consultados respecto de si el rector contempla reunirse con los dos candidatos presidenciales para exponer los detalles del informe, desde la UC señalan que “para nuestra universidad es fundamental que cualquier estudio basado en evidencia y conocimiento esté disponibles para todos quienes lo requieran. Ambos candidatos ya están invitados a la UC a distintos foros que se realizarán en nuestros campus durante las próximas semanas. Sin duda, este informe será parte de esa discusión pública, que debe preocupar y convocar a estudiantes, universidades, institutos técnico-profesionales, autoridades y a la ciudadanía en general”.

Este informe era especialmente esperado por el Senado, donde continúa el debate de un proyecto que aún no ve ingresar las indicaciones anunciadas por un gobierno que se va quedando sin tiempo de tramitar una de sus promesas más emblemáticas.

Pero la discusión incluso podría dilatarse aún más, toda vez que en un sector de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, donde se buscan acuerdos, ha comenzado a correr la idea de constituir una comisión experta que zanje los aspectos técnicos del proyecto, tal como en el pasado se ha hecho con otras propuestas difíciles, como la ley corta de isapres. Para esa comisión, de hecho, los senadores creen que uno de los que podría participar, entre otros, es el propio De la Llera.