Duros informes emitió en las últimas horas la Contraloría General de la República respecto a la actuación de diversas autoridades gubernamentales ante la emergencia que provocaron los devastadores incendios que afectaron a las ciudades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024 y que dejaron cientos de víctimas fatales.

De todas las auditorías, destaca los hallazgos en la delegación presidencial de Valparaíso que por esa fecha era comandada por la fonoaudióloga Sofía González Cortés (PC). Entre las situaciones advertidas por el organismo se encontraron situaciones que podrían ser constitutivas de delitos por lo que junto con ordenar sumarios correspondientes, se derivaron los antecedentes a Fiscalía y el CDE para que estudien acciones penales.

Los fiscalizadores apunta a pagos por servicios no ejecutados, maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superan el 500%. La revisión se concentró en nueve contratos por $8.966 millones, equivalentes al 34% del total ejecutado por la Delegación en el marco de la catástrofe.

Maquinaria “fantasma”

Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos no acreditados por más de $525 millones. En el caso de la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA, la Contraloría estableció pagos por $125 millones correspondientes a 49 turnos de camiones tolva cuya ejecución no pudo ser verificada. En tanto, respecto de San Nicolás SpA, se detectaron pagos por más de $399 millones asociados a turnos de maquinaria pesada respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida, lo que impidió acreditar la efectiva prestación de los servicios.

El informe detalla además pagos duplicados, registros de vehículos utilizados de manera simultánea en distintos turnos y casos en que los conductores figuraban operando más de una máquina al mismo tiempo. A ello se suma la utilización de vehículos cuyas patentes no estaban inscritas en el Registro Civil o cuyos certificados técnicos presentaban irregularidades.

Sobreprecios

La Contraloría también identificó sobreprecios en contrataciones. Comparando los valores pagados por la Delegación de Valparaíso con los costos de servicios equivalentes contratados por otras entidades públicas durante la misma emergencia, el informe detecta diferencias de hasta un 220% y 378% en el arriendo de maquinaria pesada.

Sin embargo, el hallazgo más grave apunta a los tratos con la firma San Nicolás SpA: al contrastar lo que la empresa pagó a sus subcontratistas con lo que cobró al Estado, se establecieron diferencias de hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios por más de $4.200 millones.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez, además, determinó que ambas empresas subcontrataron la totalidad de los servicios, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial y siempre con autorización expresa, lo que no ocurrió en estos contratos. A ello se suma que, al momento de las adjudicaciones, ninguna de las empresas contaba con maquinaria propia suficiente para hacerse de estos servicios, ni tampoco se acreditó su capacidad técnica u operativa para asumir contratos de esta envergadura.

Descontrol total

El informe es especialmente crítico con los déficits de control interno de la Delegación Presidencial porteña. Se constataron retrasos de hasta 403 días en el pago de facturas, certificaciones técnicas emitidas con demoras de hasta 379 días y la omisión del trámite de toma de razón en seis contratos que superaban las 8.000 UTM, contraviniendo resoluciones vigentes de la Contraloría General.

Asimismo, se detectó que la Delegación no exigió certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales en ninguno de los contratos revisados, pese a que el monto total comprometido superó los $8.900 millones. Tampoco se investigaron formalmente denuncias presentadas por camioneros que acusaban a San Nicolás SpA de no pagar los servicios subcontratados durante la emergencia.

El documento -de más de 120 páginas, confeccionado por la contraloría de Valparaíso- concluye que las irregularidades detectadas son hechos consolidados, no susceptibles de corrección, y que por ende es vital poner en conocimiento de esto al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

El documento cierra señalando que, si bien la emergencia exigía rapidez en la respuesta del Estado, ello no exime del cumplimiento de la legalidad ni del deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos, subrayando que la magnitud de los montos observados y la reiteración de las irregularidades dan cuenta de fallas estructurales en los mecanismos de control.

“La Delegación deberá adoptar medidas que fortalezcan sus procesos en materia de contratación, especialmente en contextos de emergencia, asegurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también el cumplimiento de los principios de celeridad, publicidad y transparencia”, se lee.