Delitos económicos aumentan 44% entre 2014 y 2017

Veintiún años de cárcel efectiva, la pena más alta solicitada por el Ministerio Público a raíz de un presunto caso de corrupción político-empresarial. Esa fue la pena que el jueves pasado pidió la fiscalía contra el desaforado senador Jaime Orpis, y que se transformó en uno de los casi cuatro mil delitos de corrupción que investigó el ente persecutor el año pasado.

Según un informe elaborado por la Fiscalía Nacional, entre 2014 y 2017 se registró un incremento de 18,8% en los delitos cometidos por funcionarios públicos; es decir, hechos de corrupción. De acuerdo al reporte, en el periodo analizado se cometieron 678 nuevos casos de faltas a la probidad.

Asimismo, se detectó un aumento de un 44% en los delitos económicos y tributarios cometidos en los últimos cuatro años (ver infografía). Estos últimos ilícitos son los que investiga del Ministerio Público en los casos Penta y SQM. De acuerdo a la Fiscalía Nacional, si en 2014 se indagaron 76.848 causas, en 2017 estos ilícitos llegaron a 111.061.

En cuanto a las condenas, la situación no es más alentadora: en 2014, un total de 4.007 personas fueron condenadas por estos delitos, mientras que el año pasado esta cifra bajó a 3.503 casos. Y el archivo provisional (que faculta a la fiscalía para paralizar casos en los que no hubo avances para sancionar a los responsables) pasaron de 39.704 en 2014 a 68.989 en 2017.

De acuerdo al informe de la Fiscalía Nacional, sólo el 2016 las condenas por casos de corrupción llegaron a 522 a nivel país, mientras que las causas archivadas pasaron de 1.068 a 1.442 casos en 2017, lo que equivale a un aumento en las causas archivadas en un 35%.

En la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público aseguran que los nuevos casos aumentaron en 194; un alza del 6%.

El aumento "se debe a una mayor comprensión del fenómeno de la corrupción y una decisión de la comunidad en cuanto a denunciar y no tolerar situaciones de este tipo", asegura Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Según Herrera, investigar estos casos no es tarea fácil: "Algunas dificultades que tiene la investigación de estos delitos es la baja pena que presentan, cuyo piso parte, en algunos casos, en los 61 días (cohecho simple Art. 248), ello impide la posibilidad de acceder a herramientas de investigación eficaces, como lo son las interceptaciones telefónicas, la filmación".

Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, aún queda mucho por avanzar en materia de prevención de estos delitos. Por ejemplo, en "los incentivos para los denunciantes de hechos de corrupción. Hay que avanzar hacia sistemas de delación premiada, de pago por información y también a un sistema de protección a víctimas y testigos que sea eficiente".

La revisión de las cifras de la fiscalía evidenció, asimismo, que los robos violentos se mantuvieron estables en 122 mil casos. En cuanto a los delitos sexuales, estos experimentaron una disminución de 1.744 casos (6,7%), al comparar las causas indagadas entre 2014 y 2017.

Son los casos de delitos económicos y tributarios, así como los delitos funcionarios, los que registran las más bajas tasas de condena y las más altas tasas de archivo provisional,

Comparando la labor de los distintos fiscales en el año 2017, se puede señalar que varios decretan archivo provisional de sus causas o bien aplican decisión de no perseverar (DNP) en más del 70% de las causas de este tipo. Tal es el caso de Adrián Vega, fiscal jefe de la IV Región; Raúl Arancibia, de Iquique, y Manuel Guerra, de la zona Oriente de Santiago, quienes registran un 79,8% de sus casos de delitos económicos archivados. Lidera la lista José Luis Pérez Calaf, de la zona Occidente, con 81,1% de las causas archivadas o cerradas sin responsables. Las condenas, en tanto, no superan el 10% de las causas. Siendo los de peor registro Raúl Guzmán, de la Fiscalía Sur, y Julio Contardo, de la VIII, quienes obtuvieron un 1% de condenas en sus causas por delitos económicos.

El boletín estadístico anual de fiscalía dedica un apartado especial a los casos de violencia intrafamiliar. Durante 2017 se registraron 154 mil casos de este tipo, lo que representa una baja del 13% en comparación a los casos cerrados en 2014.

Respecto del tipo de cierre, un 59,2% logra tener salida judicial, esto es sentencia condenatoria (9,2%), sentencia absolutoria (4,1%) o sobreseimiento definitivo (16,3%). Sin embargo, destaca el alto índice de suspensión condicional del procedimiento, ya que, en promedio, un 18,3% de los casos termina de esta forma. En el sur del país, en regiones como la X o la XII, la fiscalía acuerda la suspensión en el 30% de los casos.

En fiscalía señalan que existe dificultad en llegar a término en este tipo de delitos, ya que es habitual el desistimiento o retractación de las víctimas de violencia, situación que la fiscalía busca enfrentar a través de las unidades de atención a víctimas.

En cuanto a las salidas no judiciales, el 28,6% de los casos son archivados y en un 9,6% los fiscales decretan decisión de no perseverar.