Por unanimidad de 116 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que incrementa las sanciones penales por los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluyendo los de telecomunicaciones.

La iniciativa, que surgió de una moción del Senado, fue ampliada por la Cámara y zanjada en una comisión mixta tras diferencias entre ambas corporaciones.

La nueva ley modifica el Código Penal para incluir los cables de telecomunicaciones entre los bienes protegidos, y establece penas más severas cuando el delito provoque interrupciones en servicios públicos o domiciliarios.

Además, se incorporan agravantes como el uso de uniformes o credenciales falsas para simular ser trabajador de empresas proveedoras, o la utilización de información obtenida como empleado de estas compañías.

Penas más severas

Entre las medidas más relevantes, se establece que si el delito afecta a un número significativo de usuarios dentro de un poblado, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día hasta 10 años de cárcel.

También se sanciona con mayor rigor a quienes causen daños mayores a 40 UTM que provoquen interrupciones en servicios como electricidad, gas, agua o telecomunicaciones.

La norma también modifica la Ordenanza de Aduanas para combatir el contrabando, castigando a quienes presenten declaraciones falsas sobre mercancías de exportación o adulteren análisis de origen.

Asimismo, establece sanciones para empleados públicos que faciliten estos delitos en el ejercicio de sus funciones, aplicando las penas previstas para autores materiales.

Durante la discusión parlamentaria, diversos diputados coincidieron en la gravedad del problema. Renzo Trisotti (Partido Republicano) subrayó que detrás de estos delitos hay crimen organizado y redes logísticas sofisticadas, por lo que se requiere más fiscalización de parte de los ministerios de Energía, Medioambiente y del Servicio de Aduanas.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue más enfático y advirtió que el país debe decidir si enfrenta a estas mafias “o juega con fuego”. A su juicio, el proyecto marca un punto de inflexión al sancionar no solo los delitos, sino también los vínculos delictuales con la política.

En tanto, el diputado Víctor Pino (Demócratas) consideró que se trata de un avance, pero insuficiente, señalando que el robo de cables de energía eléctrica tiene un fuerte impacto social, especialmente en sectores vulnerables.

Asimismo, la diputada Carolina Tello (FA) advirtió que en regiones como Coquimbo el delito ha alcanzado niveles críticos, afectando gravemente a la ciudadanía.

Finalmente, el diputado Andrés Longton (RN) valoró el acuerdo alcanzado en la comisión mixta y destacó que la ley también se enfoca en cortar la cadena de suministro ilegal, por lo que es clave, dijo, “fortalecer la fiscalización aduanera”.