En los diferentes tomos que componen el expediente de la investigación por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado, donde se indagan delitos de tráfico de influencias y otros ilícitos, queda en evidencia que ni asesores jurídicos ni encargados del proceso advirtieron que había un impedimento constitucional para materializar la transacción.

De acuerdo con lo establecido en la Carta Fundamental, ni ministros ni parlamentarios pueden suscribir contratos con el Estado y, en este caso, parte de los propietarios lo eran: Maya Fernández como titular de la cartera de Defensa e Isabel Allende en uno de los cinco cupos de la región de Valparaíso.

Pese a que la cadena de revisión involucró a decenas de abogados expertos en derecho público, nadie reparó en ese gran detalle y así lo han reconocido los distintos intervinientes en el proceso que han debido comparecer -como imputados o testigos- ante los investigadores que llevan la causa que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Pero la carpeta de la indagatoria, además, da cuenta de otros antecedentes que han llamado particularmente la atención de los persecutores. Hay elementos que han instalado sospechas concretas respecto a que la destituida senadora habría desplegado gestiones para que, pese a las irregularidades, todo pudiese tramitarse con rapidez.

No sólo está el antecedente que originó las pesquisas y que dice relación con la conversación telefónica entre el exjefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi y su madre Claudia Serrano, sino que además hay declaraciones que complementan el punto y llegan hasta la Contraloría

Entre ellas, está el testimonio de jefe de la División de Función Pública del ente contralor, Alejandro Riquelme, quien en la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de gabinete de la Contraloría, teniendo entre sus funciones precisamente “determinar las urgencias y prioridades del despacho” tanto de la contralora Dorothy Pérez como del subcontralor Víctor Merino.

En su relato, al cual tuvo acceso La Tercera, Riquelme sinceró ante los investigadores que el mismo día en que el decreto supremo vinculado a la compraventa ingresó al organismo para toma de razón, lo contactó el jefe de gabinete de la destituida senadora, Claudio Hurtado.

“Debo señalar que una vez que el decreto supremo vinculado a la compra del inmueble de Guardia Vieja fue ingresado al sistema de la Contraloría, el día 17 de diciembre del año 2024 me escribe mediante WhatsApp el jefe gabinete de la senadora Isabel Allende, señor Claudio Hurtado, solicitándome conversar conmigo, mensaje que no respondí, volviéndome a escribir el 19 de diciembre a las 8 de la mañana, a lo que yo me excuso por no responderle el día anterior y le indico que lo llamaré cuando me desocupe, lo que no realizo, por lo que me vuelve a escribir ese mismo día a las 21 horas aproximadamente”, sostuvo el administrador público en su comparecencia.

Ante la insistencia de Hurtado, el funcionario de la Contraloría relató que recibió una nueva llamada a través de la misma aplicación de mensajería. “En dicha llamada Claudio Hurtado me solicita tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra, a lo que yo le respondo de manera protocolar que haremos lo posible. Para luego volver a escribirme mediante WhatsApp el día 23 de diciembre respecto al estado del decreto, a lo que le respondo que se había tomado de razón el viernes", complementó Riquelme, manifestando que aportará capturas de pantallas de las conversaciones señaladas.

El directivo de Contraloría dio a entender que los contactos no tuvieron efecto. “Quiero hacer presente respecto el párrafo anterior, que el decreto supremo tenía un plazo para su toma de razón de 15 días, sin urgencia, siendo tomado de razón el último día del plazo legal”, afirmó ante la Fiscalía.

Aseguró, igualmente, que a Hurtado lo conocía “por la labor propia de jefe de gabinete de la Contraloría y las interacciones que mantenía con los distintos diputados, senadores y demás autoridades”.

Al final de su testimonio Riquelme recalcó que el decreto “cumplió con el trámite normal por parte de la Contraloría”.