Desde que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, comunicó su decisión de no perseverar en la causa vinculada a la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y su intención de cerrar la indagatoria, el abogado querellante Raimundo Palamara transmitió su descontento.

El penalista, vinculado al Partido Republicano y que dirige la fundación Fuerza Ciudadana, aseguró que se opondría formalmente al cierre de las pesquisas en la audiencia que quedó fijada para el 2 de enero. Pero esa no será su única arremetida. Palamara además pretende conseguir un pronunciamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia.

Palamara ingresó una reconsideración ante el fiscal Cooper. Y ahí mismo, en subsidio, solicitó a Valencia que revise la determinación como superior jerárquico del Ministerio Público. Todo, como se desprende del mismo mail, porque está convencido de que hay antecedentes suficientes para al menos formalizar la investigación en contra de los imputados, donde asoma la exsenadora Isabel Allende (PS) y la exministra Maya Fernández (PS).

“Vengo en solicitar reconsideración y en subsidio recurso jerárquico ante el fiscal nacional respecto al cierre de la investigación y a la decisión de no perseverar en el procedimiento, por los fundamentos que a continuación indico”, expuso el penalista.

Los fundamentos

De acuerdo con los planteamientos de Palamara, el cierre de la investigación no procede en tanto no se han efectuado todas las diligencias requeridas tanto en su querella como en la ampliación de querella admitidas a tramitación por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Para el querellante, además, los hechos no solo darían cuenta de eventuales delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, tráfico de influencia y contrato simulado, sino que también -a su juicio- prevaricación administrativa y/o el delito de falso testimonio.

Todo eso, según el correo, “en virtud del juramento o promesa prestada por el imputado Gabriel Boric al asumir su cargo al prometer guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y tal como declaró, no las conocía, celebrando un contrato con su ministra y con la familia de esta, una de las cuales a la vez era a la sazón senadora de la República”.

Para Palamara es de suma gravedad que no se haya ahondado en las “presiones” que declararon haber recibido funcionarios de Contraloría que fueron parte del proceso de visado de la operación.

“Es decir, existe prueba más que suficiente para formalizar o al menos continuar con la investigación, toda vez que solo se ha tomado declaración a una de las cinco personas que formaban el gabinete de la exsenadora Allende. Respecto de los profesionales que trabajaron con la exministra Fernández no se ha tomado declaración a todo el personal, sobre todo al administrativo, y lo mismo respecto a los otros ministerios que intervinieron como lo son Hacienda, Bienes Nacionales, Cultura y Presidencia", manifestó el abogado.

En el mismo sentido, hizo presente que en la indagación quedó asentado que “existen confesiones tales como que se contrató a un abogado que a la sazón es familiar de las imputadas para que ejecutara las negociaciones y se dedicara especialmente al negocio en que obtuvo incluso un precio que superó los 133 millones de pesos al precio que ellos mismos ofrecieron vender”.

De igual forma, enumeró una serie de gestiones que no se realizaron: “Siquiera se hizo el intento de solicitar al gabinete de la exsenadora el acceso a sus correos electrónicos, a sus teléfonos celulares; tampoco se determinó cuál fue el costo para el Fisco de la operación al mantener recursos humanos, con sueldos estatales, y tampoco sabemos lo que pasó con los cheques cuyo contenido se requirió mediante diligencia investigativa, ni información alguna sobre su pago”.

Así las cosas, planteó que “habiendo faltado palmariamente diligencias necesarias para la investigación, y al hecho que las realizadas son no solo indicios, sino que prueba irrefutable de los delitos que se cometieron, es que solicito una reconsideración del cierre de la investigación y de la decisión de no perseverar".