Familias de allegados que demandan una casa superan las 15 mil en la RM

Yolanda Melgarejo, pobladora de la agrupación "Por la Razón o la Fuerza", de La Pintana, es la cara de un comité de vecinos que ha esperado una casa propia desde hace ocho años. Cuenta que hacen rondas para cuidar un terreno con la esperanza de que allí se construyan sus futuras viviendas. Pero han tenido traspiés: ganaron los subsidios en 2014, quebró la empresa que presentó su proyecto en el Serviu, durante meses diseñaron otro y ahora la autoridad recién comenzará a revisarlo para la aprobación final. "Estamos desmoralizados por tanto trámite y negativas", dice Yolanda.

Al caso de Melgarejo se suman vecinos que han venido protestando durante los últimos meses, pues aún no acceden a un inmueble. Algunos se tomaron los predios del Portal Cerrillos porque no se ha concretado su conjunto. Otros, en Peñalolén, se colgaron de un paso a nivel en protesta por los problemas para emplazar sus casas en la Comunidad Ecológica. A ellos se suman los ñuñoínos que se instalaron en una cancha de fútbol, como presión para que se levanten sus departamentos. Todo habla de la reactivación de las agrupaciones que demandan una vivienda propia y que se sienten excluidos del sistema.

Las cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señalan que en la Región Metropolitana hay 15.844 familias que forman parte de comités de allegados y que buscan acceder a un hogar propio. Un total de 11.401 tienen proyectos en construcción y otras 4.443 se encuentran en diseño (ver infografía). Así, los comités se inscriben en los municipios y realizan gestiones para conseguir terrenos; colaboran con el diseño de sus futuras propiedades y ayudan a gestionarlas ante el Servicio Nacional de Urbanización (Serviu).

Sin embargo, el sondeo realizado por La Tercera en las municipalidades capitalinas y en la Federación Nacional de Pobladores señala que quienes están solicitando un hogar concentran a 17.121 grupos de allegados. Las comunas con la mayor cantidad de personas en esta condición, según este catastro, son Cerro Navia, con 1.800 familias. Le siguen en número San Joaquín, con 1.764 (818 pertenecientes a La Legua) y Quinta Normal, con 1.505 familias.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, cuenta que "el nivel de hacinamiento es dramático en la comuna. Hay personas en registros oficiales, pero fuera de ellos también existe gente que clama por tener una casa. ¿Qué se puede hacer si no hay terrenos?". Dice que la municipalidad "pretende adquirir cuatro hectáreas para viviendas sociales, para lo que "se pedirá un préstamo al banco, aunque no sabemos si nos lo darán".

La escasez de suelo ayuda a explicar, en parte, que estas agrupaciones aún esperen por una casa. Muchos predios están en manos de privados, pero para construir propiedades de mayor precio. A esto se suma que el Estado puede demorar años en traspasar paños para viviendas sociales. Diego Villa, vocero del Movimiento de Pobladores de Conchalí, cuenta que 40 familias están solicitando que el Fisco facilite un predio en el sector de El Cortijo, "para que comiencen las obras, pero falta voluntad política".

Marilyn Elgueta, dirigenta de 120 familias de Renca, añade que requieren el mismo permiso, pero que aún no les dan respuesta. "El Serviu dice que no hay agenda para ver el caso", señala.

Ellos mismos han buscado paños en sectores de la comuna, pero que deben ser comprados y regularizados.

El gobierno admite que los procesos son burocráticos y que faltan áreas disponibles. El subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, indica que ante este escenario "el Estado tiene que tener un rol más activo en la búsqueda de terrenos; por eso, ya encontramos 550 hectáreas a nivel nacional". Añade que seguirán sondeando predios fiscales junto a Bienes Nacionales, EFE y el Ejército. A esto se suman las compras directas que se realizarán. Afirma que, además de los comités que han exigido públicamente una respuesta con tomas de terrenos o protestas, "hay otro gran volumen de comités silenciosos".

Francisco Sabatini, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, sostiene que ante esta situación "el Estado debe intervenir los mercados de suelo". Añade que incluso compañías de seguros extranjeras especulan con los precios de la tierra en los bordes de la ciudades, lo que eleva los valores de los mismos. Propone que el gobierno aplique incentivos: que las municipalidades permitan al sector privado la construcción de proyectos de diversa altura, pero que las empresas a cambio incluyan cuotas de casas accesibles. "También se debe comprar o expropiar suelo. Es urgente", comenta.