El proceso de desalojo y demolición de la toma ubicada en el sector Los Calicheros, en Quilpué, avanza a paso firme. Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que los trabajos de demolición culminaron tal lo programado y que para este miércoles se seguirá con las labores de despeje y remoción de escombros para así continuar con el cronograma para derribar las viviendas levantadas en el terreno perteneciente a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 en un caso de sicariato que remeció a la Región de Valparaíso.

Desde temprano, unos 250 carabineros se desplegaron en el sector para resguardar la operación y evitar incidentes. Según informó el coronel Jorge Guaita, prefecto de Marga Marga, durante la tarde de este martes ya se había completado alrededor del 60% de la demolición. “La idea es que al término de la jornada logremos avanzar lo más posible. La empresa está con dos máquinas que no han parado”, explicó. El procedimiento incluyó la separación de enseres personales para que los ocupantes puedan recuperarlos sin que las máquinas los destruyan.

La demolición se realizó por sectores y en coordinación con los propios residentes que, en gran parte, abandonaron sus viviendas de forma voluntaria.

De acuerdo con las estimaciones, serían cerca de 140 las estructuras destruidas. Asimismo, el 50% de los cercos fue demolido, y para este miércoles se espera la otra mitad restante. Las maquinarias llegarán a las 7:00 horas para dar inicio a los trabajos de acopio de material, mientras que los camiones de retiro de escombros comenzarán al medio día.

Paralelamente, la familia Correa se ha comprometido a cerrar el terreno por tramos para impedir nuevas ocupaciones.

El operativo, en todo caso, comenzó el lunes, cuando se notificó a las familias sobre la demolición que arrancaría al día siguiente. Ese día, de hecho, ya hubo personas que comenzaron a salir y si bien la mayoría se mostró llano a seguir esos pasos, un grupo expresó resistencia y cuestionó la legalidad del proceso. La vocera de la toma, Yasmín Durán, sostuvo que “aquí nunca hubo una orden de desalojo” y acusó falta de comunicación por parte del Ejecutivo. Pese a la asistencia ofrecida por el municipio, insistió en que aún quedan familias sin alternativas claras de reubicación.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), defendió la medida señalando que no se trata de otra cosa que de “restablecer el Estado de derecho”. La edil reconoció que el fenómeno de las tomas refleja también una deuda pendiente del Estado en materia de vivienda: “Aquí hay una realidad real, porque no hay una política pública que permita resolver con mayor agilidad este tipo de situaciones”.

La toma de Los Calicheros se instaló en 2021, en un predio de casi 30 hectáreas perteneciente a Alejandro Correa. Tras múltiples recursos judiciales y años de litigios, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó en 2024 la ejecución del procedimiento, el cual recién se materializó esta semana. La hija del empresario, Valentina Correa, celebró en redes sociales la decisión, asegurando que “recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de derecho y la democracia”.

En ese marco, la representante legal de la familia Correa, la abogada Jeanette Bruna, en diálogo con Radio ADN, valoró durante este martes que se esté efectuando el desalojo y aseguró que sus representados están agradecidos.

“Después de cinco años del asesinato de don Alejandro y a cuatro años de dictada la orden de demolición, parece un poco irreal que se esté ya ejecutando”, señaló.

Y en cuanto a los desafíos, Bruna explicó que según la legislación, se establecen “dos días para hacer la demolición y cinco días para hacer el retiro de escombros y, por lo tanto, los primeros dos días va a estar custodiado por carabineros (…) y los otros cinco días, con personal de la región".

En esa línea, dijo estar “mandatada para la venta del terreno, porque en definitiva, la familia estima que una vez demolido y después vendido el terreno, es la forma en que se va a cerrar este libro de la tragedia que han vivido durante todos estos años con la revictimización y por supuesto que con la pérdida de su padre”.

Con ello, reafirmó que el terreno se pondrá la venta, “pero siempre enfocados en proyectos que sean una contribución a la comuna de Quilpué”.

Desde el Minvu se precisó que las faenas se desarrollarán en seis etapas y se extenderán aproximadamente por una semana. Además, se habilitaron albergues para quienes no cuentan con redes de apoyo, junto con planes especiales de asistencia para niños, adultos mayores y animales.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó la tranquilidad con que se han desarrollado los trabajos. “Ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso de la fuerza ni hechos de violencia”, subrayó. En tanto, el delegado de Marga Marga, Fidel Cueto, recordó que “en primer lugar se pide a las personas que se retiren voluntariamente; solo si hay resistencia corresponde la detención”.

Más allá del desalojo, el caso vuelve a poner en el centro del debate el aumento de tomas en distintas regiones del país y la falta de políticas habitacionales oportunas. La propia representante de la familia Correa llamó al Estado a asumir un rol más activo. “No falta ley, lo que falta es voluntad política y gestión. Ojalá este caso siente un precedente”, planteó Bruna.

Según datos del Minvu, en el terreno vivían 150 familias en 30 hectáreas.